Finalmente tiene media sanción una ley de fitosanitarios

Hace más de 7 años que distintos proyectos relacionados a la regulación del uso de fitosanitarios desfilaron por la legislatura entrerriana, pero por distintos motivos no llegaron a aprobarse. También quedaron medidas cautelares –que aún siguen vigentes–, que limitan acciones relacionadas con la aplicación de agroquímicos, entre otros aspectos, sumado a la opinión de los ambientalistas con una posición irreductible cada vez que se hace referencia a una nueva legislación.

Por primera vez durante este tiempo se logró consensuar un proyecto que tuvo aprobación en diputados y actualmente está a punto de ser tratada en la cámara de senadores.

Al respecto el Ing. José Carlos Basaldúa, Coordinador de Políticas Agropecuarias de la Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca (AGyP), explicó que se tomó como base un proyecto de ley que estaba en Cámara de Diputados desde el 2002 para comenzar a debatir. Se convocó a todos los sectores relacionados a la actividad agropecuaria, INTA, universidades, Ambiente, ONG y especialistas en el tema. Después de 4 meses se llegó a un dictamen que fue aprobado, no solamente por la mayoría oficialista sino que también contó con el apoyo de legisladores de otros bloques. Además, durante todo este tiempo se fue convocando a las comisiones específicas de los senadores para lograr consensuar un texto, esto permitió que al ingresar el proyecto a la Cámara alta el trámite fuera más sencillo.

También los senadores hicieron convocatorias a los distintos sectores –al igual que diputados– y esperan poder llegar a un dictamen. La expectativa, según Basaldúa, es que se logre antes de fin de año.

Puntos salientes

Uno de los puntos críticos que una vez más generó debate y fue el principal escollo en intentos anteriores, fue la distancia de las fumigaciones con viviendas, edificios escolares o lugares poblados. Para zanjar este conflicto se establecieron zonas “sensibles”, entre ellos arroyos, escuelas, viviendas  y plantas urbanas, determinándose alrededor de cada una de estas, una “zona de exclusión” donde no se puede pulverizar con ningún tipo de fitosanitarios. A partir ese sector se pueden realizar fumigaciones terrestres o aéreas con productos de los calificados con nivel  3 y 4 que son de baja toxicidad.

La zona de exclusión cambia para lugares donde hay presencia humana y otras en las que no la hay. En estas últimas -zona sin población- la exclusión es de 5 metros para mochila y drones, 50 metros para aplicaciones terrestres y 100 para las aéreas. Cuando se encuentren habitantes en zonas a fumigar se duplican las distancias anteriores.

Se establecen espacios diferenciales cuando se trata de establecimientos escolares, que además fueron protegidas judicialmente por medidas cautelares, en estos casos la zona de exclusión es más amplia. 

En una entrevista exclusiva con Paralelo 32, Basaldúa comentó que la decisión política de impulsar la legislación que regula el uso de agroquímicos,  se concatena con los fallos del Superior Tribunal de Justicia que en forma expresa conminaba al Poder Ejecutivo a dictar una legislación para establecer la forma y modo de aplicación de productos de uso agropecuario. “Estamos cumpliendo con un mandato de la justicia” señaló. 

Controles

A criterio del funcionario se avanzó mucho en todo lo relacionado a los controles, se crea un Registro de Aplicadores y quienes no estén inscriptos no podrán llevar a cabo este tipo de tareas. Agregó que tiene que cumplir con determinadas exigencias, entre ellas contar con la receta digital obligatoria del profesional que indicó la fumigación –al momento de iniciar el trabajo-, establecimiento, cantidad de hectáreas, y por parte del Estado a la través de la SAGyP estableció  la creación de un gabinete o grupo de inspectores responsables de  realizar las supervisiones respectivas, al momento de la aplicación.

También y como una alternativa novedosa, Basaldúa comentó que la Secretaría  firmó la semana pasada un convenio con una Plataforma de Gestión de Fitosanitarios. Se trata de un sistema complejo (software) que suministra un informe climatológico en tiempo real, además una ubicación  geodésica que determina el lugar donde se lleva a cabo el trabajo y el profesional responsable, entre otros. Todos estos datos quedan en un archivo en la SAGyP y en la pantallas de la Secretaría se puede observar todo lo antes explicado, que además queda registrado en una base de datos.

Otras cuestiones del proyecto están referidas el Consejo Provincial de Fitosanitarios conformados por los distintos sectores agropecuarios, universidades, INTA, SENASA,   Ambiente, entre otros. Se tomaron los principios de las buenas prácticas agrícolas, incluyendo capacitación y programas de educación. El órgano de aplicación es la  SAG yP con la colaboración de la Secretaría de Ambiente. 

Reflexiones

Finalmente Basaldúa sostuvo que las expectativas son favorables, en principio para cumplir con el mandato del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, pero  también viene a llenar un vacío porque se ha generado mucha incertidumbre con respecto a este tema. Con la expectativa de que el proyecto avance con premura en senadores, se logrará aprobar un marco legal para que todos los que van a fumigar sepan claramente cuáles son las distancias en cada caso, tipo de productos, exigencias, y demás determinaciones que están en la norma, que también contempla penas en caso de falta de cumplimiento. 

Destacó además la buena predisposición de los legisladores para abordar el tema, la gente que colaboró, los representantes del campo, universidades, especialistas en el tema, ambiente y reconoció que para que esto saliera todos tuvieron que ceder parte de sus posturas en aras del acuerdo.