A días del inicio del primer juicio oral y público contra la expresidente y actual senadora nacional, Cristina Fernández de Kirchner, la Corte Suprema de Justicia tomó una decisión que podría dilatar el comienzo. Los jueces supremos solicitaron al Tribunal Oral Federal (TOF) 2 el cuerpo principal de la causa que investiga irregularidades en la contratación de obra pública durante la gestión K para determinar si existen errores procesales.
Al respecto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, aseguró que se trata de un “fallo muy inusual” que tiene «un condimento político grande». “Es una decisión de la Corte muy escueta. Lo que preocupa es que esto impide la realización de un juicio oral y nuestra Justicia siempre ha tenido una tendencia a no hacer los juicios orales”, afirmó el funcionario a radio Mitre. “Ese es uno de los grandes déficits», agregó.
Mientras, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, aclaró que el Poder Ejecutivo «no puede opinar sobre la parte técnica de la resolución ni las motivaciones de los jueces», pero sí sobre qué reacciones genera.
«Genera mucha bronca en la sociedad porque hay una demanda muy concreta de que se haga justicia», recalcó en declaraciones a La Red. Peña sostuvo que cuando la Justicia «tarda mucho tiempo y se empieza a empantanar», el efecto es que «debilita el proceso judicial y todo el sistema».
La polémica surgió luego que los jueces supremos solicitaron al Tribunal Oral Federal (TOF) 2 el cuerpo principal de la causa que investiga irregularidades en la contratación de obra pública durante la gestión K para determinar si existen errores procesales en el expediente. El único que voto en disidencia fue el presidente Carlos Rosenkrantz.
«Que la Corte tome una decisión así, a una semana, es una decisión extraña por lo menos», agregó el ministro. «Evidentemente la política influye demasiado en la Justicia. Habría que traer a colación el discurso de Rosenkrantz en la apertura del año judicial, que hizo autocrítica al respecto. Hoy pareciera que muchas cosas pueden estar influidas por las cuestiones políticas, como ha pasado en la Argentina durante los últimos 20 años», señaló Garavano.
Según publicó Ámbito, la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, involucró públicamente a un exjefe de Gabinete K: “Es una escandalosa resolución con olor a Alberto Fernández en busca de impunidad para la expresidenta”, aseguró en las redes. “La Corte Suprema toma una inédita medida. Esperamos que el Tribunal Oral inicie el juicio la semana próxima porque no hay fundamento para que no lo haga”, completó la funcionaria.
