Por Mario Juarez (Paralelo 32).- Son varias los reclamos del sector docente afiliado a OSPLAD (Obra Social para la Actividad Docente), relacionados con la suspensión de algunos servicios y limitaciones para otros. Están cortadas las internaciones y los 11 mil beneficiarios pagan religiosamente las cuotas que se les descuentan en forma automática de los recibos de sueldos. Cifras millonarias se acreditan mensualmente a la obra social.

Se han planteado múltiples reclamos desde distintos sectores, pero lamentablemente han sido infructuosos. Necesariamente tenemos que hacer referencia al papel del Estado, que en el marco de una economía desguazada ha tomado decisiones tendientes a ayudad a los sectores que menos tienen, a fuerza de complicar el futuro y la calidad de vida de un sector importante de la sociedad argentina. También en las últimas semanas decidió intervenir la empresa Vicentin que no solamente tiene pasivos importantes con la banca nacional e internacional sino que además tiene embozalados a productores y acopiadores. El gobierno, en una medida discutible que seguramente profundizará la grieta que divide al pueblo argentino, decidió intervenir, aún habiendo una causa en marcha en la justicia civil por concurso de acreedores (con medidas judiciales) y girar un proyecto de estatización a la legislatura.

La paradoja y valga el paralelismo: el gobierno nacional interviene Vicentin pero no hace lo propio con una obra social que está cometiendo estafa y abandonando a personas con problemas de salud y riesgos de vida. Intervenir OSPLAD sería seguramente más simple –y además constitucional– que el barullo de la cerealera. La obra social es nacional, estamos frente a un caso de abandono de personas y estafa porque cobran por servicios de salud que no prestan. El Ministerio de Salud de la Nación que tanto esfuerzo pone día a día para mantener baja la incidencia del Covi19, puede tomar decisiones en salvaguarda de los docentes afiliados a la mencionada obra social.

Otra respuesta hay que solicitarla a los gremios docentes que tienen estructura y asesores legales, pero no hay una sola presentación judicial con los sobrados elementos para pedir que intervenga la justicia, y si existe no la han dado a conocer a los beneficiarios. La coyuntura económica y los pauperizados salarios de los trabajadores de la educación, ocupan el universo de los representantes sindicales pero se olvidan especialmente de los jubilados docentes, que en su mayoría son afiliados a OSPLAD, que por otro lado no acompañan las movilizaciones, lo que parece ser el máximo interés de los dirigentes.
La provincia no tiene forma de hacer valer decisiones que corresponden a la Nación, solamente han quedado reclamos de los afiliados en primer lugar, de los centros de jubilados y presentaciones en la legislatura, aprobando proyectos instando –a quien corresponda- para la resolución del problema.

Intervenir OSPLAD es una demanda legítima de un sector que todavía no puede resolver las atenciones médicas y termina en un hospital o pagando onerosas prestaciones, como está ocurriendo actualmente.

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