Entre Ríos vuelve a la Justicia para exigir el pago de una deuda millonaria de la Nación por los excedentes de Salto Grande

El gobierno de Entre Ríos, encabezado por el gobernador Rogelio Frigerio, ha decidido llevar nuevamente a la Nación ante la Justicia en reclamo de una deuda de 175 millones de dólares, generada por los excedentes de la represa hidroeléctrica binacional Salto Grande. Esta demanda, presentada este miércoles ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se suma a las iniciativas previas de Frigerio, quien impulsó las primeras acciones legales de este tipo en la historia de la provincia, con el objetivo de resolver un conflicto económico-financiero que se arrastra desde hace casi una década.

El reclamo se centra en los desacuerdos sobre el monto de los excedentes que Salto Grande debería recibir por la energía generada. Según el fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, quien brindó una conferencia de prensa junto a la secretaria de Energía provincial, Noelia Zapata, "el valor reconocido a Salto Grande es el más bajo entre todas las generadoras del país". Esta situación se debe a que la Secretaría de Energía de la Nación establece el precio de la energía de forma que desfavorece a la represa, lo cual ha llevado a la provincia a recurrir al máximo tribunal en busca de una revisión del sistema de liquidación y el cumplimiento de los acuerdos vigentes desde 1999.

La represa de Salto Grande, compartida entre Argentina y Uruguay, genera excedentes económicos que se distribuyen entre las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones. Dichos excedentes resultan de la diferencia entre el precio pagado a la hidroeléctrica y los costos operativos de la Comisión Técnica Mixta (CTM). Sin embargo, Entre Ríos asegura que el precio establecido por la Nación para la energía de Salto Grande es "la más barata del país, incluso por debajo de Yacyretá", debido a que no se han respetado los acuerdos de 1999. Esta infravaloración impide la generación de excedentes y afecta directamente a los ingresos de la provincia.

Rodríguez Signes explicó que el principal objetivo de esta acción legal es "recomponer la ecuación económico-financiera de los acuerdos que dieron lugar a los excedentes de Salto Grande y modificar la forma en que la Nación establece el precio de la energía de las represas binacionales". La provincia busca que la Corte Suprema declare inconstitucionales las resoluciones emitidas desde 2013 en adelante, que fijaron un precio perjudicial para Salto Grande, y ordene el establecimiento de un valor justo que permita a Entre Ríos percibir los excedentes acordados hace más de veinte años.

Además del retroactivo de 175 millones de dólares, la demanda incluye el reconocimiento de una deuda por "obras no realizadas", lo que añade un elemento de reparación histórica al reclamo. Para la secretaria de Energía provincial, Noelia Zapata, esta demanda es "fundamental" ya que "valora los intereses de los entrerrianos y defiende los recursos que deberían ser percibidos por la provincia".

Este conflicto de larga data ha tensado las relaciones entre Entre Ríos y la Nación en el área de energía, y evidencia las dificultades para el cumplimiento de acuerdos en el sector hidroeléctrico. La intervención de la Corte Suprema será clave para definir si se modificará el sistema de liquidación de precios y si se reconoce la deuda que la provincia considera justa.