Nogoyá.- En las últimas semanas, tomó estado público la instancia judicial de un juicio laboral en el que el Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales es la figura reclamada por el despido de una trabajadora del lugar.

Uno de los desencadenantes para que la etapa judicial sea conocida por toda la comunidad, fue la propuesta de un grupo de socios que bajo el lema “Salvemos al Centro de Jubilados de calle Alem” busca sumar fondos para evitar que el embargo sea haga efectivo.

El vocero del grupo de socios es Alberto Benítez, vecino lindero del inmueble, pero no tiene ningún rol legal dentro de la institución, aclararon al momento de iniciar las campañas solidarias en las que realizan ventas de tortas fritas y reciben donaciones de dinero en efectivo.

“Esta institución actualmente no tiene comisión, ¿alguien quiere formar una? Propuso Benítez, aclarando que no tiene ningún tipo de deuda, solo el juicio laboral que se lleva adelante en los tribunales de la ciudad.

“Hay algo de dinero juntado para gastos corrientes. Agradezco la intención de un medio radial en querer hacer una cruzada solidaria, pero como recibió poca motivación de la sociedad la suspendió” dijo Benítez en redes sociales.

El colaborador contó que desde hace dos meses vienen trabajando para recaudar dinero,

“el centro se encontraba cerrado y nos daba mucha pena verlo así, no somos muchos, hasta el momento nadie se ha acercado de los ámbitos de poder con una propuesta de solución al mismo” lamenta.

Por el mismo sector, el abogado de la institución Dr. Mariano Navarro, brindó detalles del proceso judicial que se lleva adelante y llamó a la sociedad a informarse de manera correcta respecto del mismo.

“Se había hecho imposible pagarle los haberes y los aportes a la trabajadora y por eso la comisión de su momento tomó la decisión de despedirla, se intentó acordar por un monto menor pero al correr el tiempo, también corren los intereses” explicó Navarro al tiempo que confirmó que hay un embargo de una parcialidad del inmueble, “si bien entendemos que hay una trabajadora que tiene un derecho, también es cierto que no ha tenido mala fe porque siempre mostró disposición a la instancia de negociación. Es una situación que si el país no estaría atravesando el proceso inflacionario, esto no debería haber pasado. No hay eventos y por lógica no hay ingresos para la institución” dijo en FM del Éxodo.

Sobre las diferentes versiones del conflicto, el abogado defensor de la institución dijo: “escuché que hacían responsables a las anteriores comisiones y eso también es erróneo, acá debemos analizar quien es responsable: ¿El que contrató en su momento a la trabajadora o el que se ve obligado a ponerle fin a la relación laboral, por la acumulación de antigüedad y no poder pagar durante los últimos cuatro o cinco meses? Acá no le cabe ninguna responsabilidad a las comisiones anteriores, la gente debe entender que en 2018 y 2019 se tuvo que devolver dinero de los eventos contratados, debido a la inflación que se disparó en ese momento, se hicieron reservas del alquiler del salón hasta con un año de anticipación, pero por la inflación la gente se vio obligada a suspender esos eventos y por lógica reclamó el dinero del alquiler abonado con anterioridad” relató el letrado.

Sumado a eso tampoco se pudieron realizar más viajes que era otra de las fuentes de ingreso de la institución y también es oportuno comentar que a través de la cuota societaria, el Centro de Jubilados recaudaba entre 6.000 y 7.000 pesos, cuando el haber de la trabajadora superaba los treinta mil pesos mensuales. “Es imposible solventar una situación así” agregó el doctor Navarro.

Por último, destacó que a pesar de que el proceso tenga sentencia, la otra parte nunca cerró ninguna etapa de conciliación, “hay voluntad de ambas partes, no debemos demonizar a alguien, todos hemos sido amplios a la hora de sentarnos a dialogar.

Se hacen análisis demasiados livianos de la situación, debemos ver las posibilidades que hoy tienen las instituciones para recaudar fondos y poder satisfacer las necesidades que tienen. En el caso del Centro de Jubilados, se dictan allí tres talleres municipales, donde el ejecutivo local aporta solo tres mil pesos al mes por el uso de las instalaciones, pero para que esos talleres funcionen el personal de la institución debe mantenerlo en condiciones, con todos los servicios, realizar la limpieza antes y después del dictado de clases, lo que muchas veces genera un gasto igual o mayor al monto del alquiler” explicó.

“Todo el mundo está interesado en esta problemática, ha tomado estado público y eso está bueno, porque últimamente el centro tenía poca presencia de jubilados, apenas unas quince personas participaban de las asambleas. La comisión hoy está vigente, sigue siendo presidenta la señora Romero y esperamos que se mantenga esa comisión vigente porque si no, no habrá posibilidad de arreglar nada, porque en caso de disolverse, no hay una figura legítima para poder actuar” advirtió.

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