Política
El Superior Tribunal de Justicia rechazó un Recurso de Queja de la Municipalidad
Crespo.- El miércoles 9 de agosto se produjo un fallo del Superior Tribunal de Justicia de la provincia en torno a la ya larga controversia judicial sobre los 100 terrenos sociales, que tiene como protagonistas a un grupo de vecinos de la ciudad contra la Municipalidad.
En esta oportunidad, el STJ con el fallo unánime de sus nueve vocales, decidió rechazar por inadmisible un Recurso de Queja presentado por la Municipalidad de Crespo contra la decisión del presidente de la Cámara en lo Contencioso Administrativo N°1, que desestimó un recurso de inaplicabilidad de ley en un fallo emitido el 5 de agosto del año pasado.
Puede interesarte
El conflicto
El conflicto judicial comenzó como una acción popular de inconstitucionalidad sobre la ordenanza 69/18, norma que estableció el Programa Municipal 100 Terreno Sociales. La causa fue promovida por vecinos que se consideran afectados por la decisión de transformar espacios verdes cercanos a sus viviendas en terrenos para vender como lotes para la construcción de casas, a personas sin capacidad económica para acceder a lotes de las urbanizaciones.
En el núcleo de su planteo, los vecinos consideraron que sólo el Congreso de la Nación podría transformar en bien de uso privado un bien de dominio público como lo es una plaza. Agregaron que en un loteo, los compradores particulares pagan la amortización de los espacios verdes que los desarrolladores inmobiliarios deben destinar a espacios públicos. Para el gobierno municipal, en cambio, la ordenanza aprobada y el cuerpo legal municipal, dan la cobertura normativa para avanzar con el programa de terrenos sociales.
Puede interesarte
Fallo abstracto
Mas allá del galimatías jurídico en que, para legos del Derecho, ha derivado el trámite judicial en los últimos años, desde la Municipalidad se considera que este fallo es abstracto y solo representa una cuestión formal. En el fallo original sólo se declara inconstitucional una ordenanza. Pero, el gobierno municipal asume que no se van a perjudicar los derechos de los adjudicatarios que levantaron sus casas en los terrenos cuestionados y la Municipalidad, finalmente se las va a escriturar.
También aclararon a Paralelo 32 que el costo de este caso judicial es el establecido en el Art. 93 de la ley de Aranceles, que fijó un máximo de 300 juristas, lo que representa 350.000 pesos, “que es nuestro costo por haber protegido el loteo”, dijo la fuente.
