El precio de estar conectados al mundo
Crespo.- El año 2021 comenzó con un Decreto de Necesidad y Urgencia del gobierno nacional que le puso límites del 5% y del 8% a las facturas por la TV por cable, internet y telefonía. Pero, las empresas no se quedaron quietas y hubo varias presentaciones judiciales contra la norma. En ese ir y venir, los usuarios quedaron al medio de una disputa donde las cuentas se mezclan con la política.
Fallo contra el DNI
El doctor Ricardo Bustos Fierro, titular del Juzgado Federal Nº1 de Córdoba falló a favor de una operadora de cable de Villa del Rosario haciendo lugar a una medida cautelar en contra del decreto 690/20 que establece la regulación de los precios de la telefonía, la televisión paga e internet. El amparo, que había sido interpuesto por la cableoperadora TV Cable Color S.A., de la provincia de Córdoba, determina la suspensión del DNU 690, del DNU 311 y de “todo acto dictado como consecuencia de dichas normas”.
Asimismo, el fallo ordena al Poder Ejecutivo Nacional y a la autoridad de aplicación, Ente nacional de Comunicaciones (ENACOM), abstenerse de realizar acto alguno con fundamento en dichos decretos, hasta tanto se dicte sentencia definitiva.
La medida no quedó firme y es apelable; es una de varias presentaciones que se realizaron en diversos lugares contra la normativa nacional. De fondo está la pelea entre el gobierno y el principal operador de servicios de conectividad del país, el Grupo Clarín.
DNU 690/20
El DNU 690/20 establece cambios a la ley 27.078 de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Incorpora un artículo en el que se otorga el “carácter de servicio público en competencia” para los servicios de las TIC y el acceso a las redes de telecomunicaciones “para y entre” sus licenciatarios, declarando estos servicios “esenciales y estratégicos”. Además determinó que ENACOM “garantizará su efectiva disponibilidad”. El decreto se metió con los precios determinando que “serán regulados” por el ente oficial.
Del 17% al 8%
En Crespo, la empresa de cable Gigared había emitido sus facturas a fines de diciembre con un aumento del 17%, que se cobró en enero. En medio llegó el DNU, ‘planchando’ el aumento a 5% para grandes cableoperadores y 8% para el resto. Con las facturas de febrero, Gigared descontó 9% del 17% cobrado en enero, para adecuarse al 8% de aumento que está autorizada a realizar. Así, si no hay cambios en el precio por vía judicial, se seguirá cobrando en marzo.
Con precios dolarizados para los insumos y aumentos en otros costos operativos como combustibles, desde comienzos de 2020 no se están aumentando los precios de los servicios, por lo que los operadores privados reclaman una actualización porque están muy ajustados financieramente.
5 megas no alcanzan
Por otro lado, las nuevas regulaciones de Enacom a través del DNU 690/20 establecen la obligatoriedad de dar una prestación básica universal que para telefonía móvil parte de un plan de 200 pesos y planes de datos de 150 pesos; para internet una conexión fija de 5 megas por 700 pesos y reducciones de hasta 40% en el abono de TV paga, según el tamaño del operador.
En el caso de los 5 megas de conexión fija en internet, cableoperadores como el de Crespo aún no lo están implementando porque el requisito es muy bajo y dará mala calidad de servicio. Una llamada de Zoom puede consumir 3 megas. Cualquier conexión con diversas aplicaciones en un celular supera esa conexión básica, para funcionar bien. “O no saben nada sobre el tema en Buenos Aires o no les interesa más que dar un anuncio para los medios”, comentó a Paralelo 32 una fuente que conoce el tema técnico. “Cualquier pibe que tiene celular o está conectado por las redes, sabe que se necesitan más de 15 megas para tener una conexión que funcione”, agregó. Si se implementa tal y como está previsto, desde la perspectiva de los operadores, el DNU podría derivar en una catarata de reclamos y conflictos en Defensa del Consumidor o la Justicia. Es la razón por la cual diversos operadores no han implementado aún estos servicios. Además de la disputa política entre el gobierno nacional y Clarín que, con la Justicia y las presiones mediáticas, están como trasfondo de la pelea estratégica en torno a la conectividad como negocio sometido a las leyes del mercado o como derecho social básico regulado.
