El Gobierno provincial prepara un "Pacto Previsional" para enfrentar el déficit de la Caja de Jubilaciones

Entre Ríos.- El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, se encuentra afinando los detalles de un potencial “pacto previsional” con distintos sectores para abordar el alarmante déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia. Este es un desafío que ninguna administración previa se ha atrevido a enfrentar, principalmente debido al alto costo político que conlleva. Sin embargo, la situación ha alcanzado un punto crítico que amenaza con volver insostenible el sistema en un plazo de dos años.

El déficit de la Caja de Jubilaciones no es un problema nuevo. El sector privado de Entre Ríos lo ha criticado continuamente, calificándolo como un "agujero negro" para las finanzas estatales. Un informe del Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER), a través de su Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, señaló que el año pasado el déficit anual de la Caja alcanzó los 127.000 millones de pesos, lo que representó el 10% de los recursos totales de la provincia. La proyección para 2024 indica que el déficit podría alcanzar el 12%. Este año, se espera que el déficit supere los 200.000 millones de pesos.

El sector empresarial ha manifestado su preocupación por la inequidad que representa la alta carga impositiva destinada a financiar un régimen de jubilaciones con prestaciones significativamente superiores a las del sector privado. Un informe de 2020 del CEER ya había cuestionado la sostenibilidad del régimen previsional especial de Entre Ríos.

Ante este panorama, la administración de Frigerio ha comenzado a implementar diversas medidas para evitar el colapso del sistema previsional. Con una relación de 1,82 aportantes por cada jubilado, lejos del ideal de 4 a 1, el sistema solidario está en una situación precaria. Las auditorías internas y otras medidas han logrado reducir el déficit, pero aún se requiere generar nuevos recursos y aplicar políticas adicionales.

Una de las primeras medidas bajo consideración en el marco del “pacto previsional” se dirige a los Regímenes Especiales, que incluyen a aproximadamente 16.000 jubilados de un total de 64.000. Estos jubilados podrían ser obligados a contribuir con un 1% adicional por cada año que les falte para alcanzar la edad jubilatoria ordinaria, que en Entre Ríos es de 57 años para las mujeres y 62 años para los hombres. Los docentes, que representan el 41% del déficit, serían uno de los sectores más afectados por esta medida.

Otra medida potencial se refiere a aumentar el porcentaje de descuento para los trabajadores activos, actualmente fijado en el 16%. Aunque el Gobierno no ha especificado cuánto podría aumentar este porcentaje, cualquier incremento sería significativo. Sin embargo, este cambio requeriría la firma de convenios específicos con los diferentes escalafones debido a las disparidades salariales.

El Gobierno también está avanzando en la judicialización del reclamo de fondos previsionales que debe enviar la Nación a Entre Ríos. Esta deuda, que asciende a 154.000 millones de pesos según cifras oficiales, representa el 25% del déficit de la Caja. La resolución de este reclamo está en manos de la Corte Suprema de Justicia.

Gastón Bagnat, presidente de la Caja de Jubilaciones, enfatizó la necesidad de un consenso entre todos los sectores políticos y sindicales para implementar medidas que aseguren la sostenibilidad del sistema previsional. Según Bagnat, el objetivo es mantener los tres pilares fundamentales: el 82% móvil, la gestión provincial de la Caja y la edad jubilatoria actual. A pesar de algunos avances, advirtió que se necesitan medidas de fondo y más recursos para estabilizar el sistema.

El Gobierno de Frigerio espera implementar estos acuerdos este año, fuera del calendario electoral, para reducir el déficit en un 15-20%. Estas medidas, de ser efectivas, aliviarían parcialmente la carga fiscal sobre el sector privado, que soporta gran parte de la recaudación provincial.

Con estos esfuerzos, la administración provincial busca garantizar la viabilidad a largo plazo del sistema previsional y aliviar la presión fiscal sobre el sector privado, crucial para la estabilidad económica de Entre Ríos.