Para fortalecer la competitividad del campo
El Gobierno nacional elimina retenciones y reduce cargos en productos agroindustriales
La eliminación y reducción de retenciones es una medida estratégica del Gobierno nacional para fortalecer la competitividad del campo argentino, promover el crecimiento de las exportaciones y mejorar las inversiones de los productores rurales.
En una medida destinada a potenciar la competitividad del sector agroindustrial, el Gobierno nacional ha eliminado los derechos de exportación, conocidos como “retenciones”, para ciertos productos del sector. Además, ha reducido en un 25% los cargos aplicados a diversas cadenas cárnicas, incluyendo la bovina y aviar, entre otras. Esta decisión, efectivizada mediante el Decreto 697/2024 publicado en el Boletín Oficial, busca impulsar la competitividad del sector y proyectar internacionalmente productos de alta demanda mundial.
Alcance y objetivos de la medida
El decreto se aplica a productos de la categoría vaca, excluyendo animales vivos con codificaciones A, B, C, D y E, así como a productos de la cadena porcina. Este cambio está diseñado para aumentar la competitividad del sector y expandir la presencia de productos argentinos en los mercados internacionales.
Adicionalmente, el decreto elimina de manera definitiva los derechos de exportación para productos de la cadena láctea, un tributo que fluctuaba entre el 4,5% y el 9%. Antes de esta normativa, el impuesto estaba temporalmente suspendido hasta junio de 2025. Con su eliminación, se espera una mayor previsibilidad en la industria, lo que debería fomentar la productividad y las inversiones.
En el mismo sentido, se ha implementado una reducción del 25% en las retenciones para todas las proteínas animales, cuya alícuota actual varía entre 4,5% y 9%. Según el Gobierno, las proteínas animales representan un valor agregado a los granos en origen y tienen un impacto significativo en todas las provincias del país.
Justificación y beneficios esperados
El considerando del decreto resalta varios objetivos, entre ellos, “asegurar el máximo posible de valor agregado en el país para obtener un ingreso adecuado para el trabajo nacional” y “promover, proteger o conservar las actividades productivas nacionales de bienes o servicios, así como los recursos naturales o especies animales o vegetales”. Estos puntos son centrales en el Código Aduanero y reflejan la intención del Gobierno de fortalecer el sector agroindustrial.
La medida busca promover un aumento en las ventas a mercados externos, mejorar los ingresos de productores y elaboradores, fortalecer el arraigo y permanencia de la población rural en cada región del país, y mejorar la calidad de los productos.
Esta decisión se enmarca en un proceso más amplio de desregulación, reducción de aranceles a insumos agrícolas, apertura de mercados internacionales y simplificación de trámites en el control comercial. El objetivo es aliviar la carga del Estado sobre la producción agropecuaria, que emplea a 1.2 millones de personas y representa el 63% del total de exportaciones de Argentina.
Impacto económico
El año pasado, el 25% de los derechos de exportación que tributaron las categorías afectadas ascendió a más de USD 70 millones. El decreto señala que se ha observado un crecimiento interanual constante en los volúmenes de exportación de productos lácteos, a pesar de la disminución de los precios promedios de exportación. Esto indica un aumento en la concreción de operaciones y una mayor protección frente a las fluctuaciones en la cotización internacional.
Además, la mejora en el tipo de cambio desde diciembre de 2023 ha impulsado este crecimiento, destacando un impacto positivo en el precio pagado al productor y en la rentabilidad promedio de los tambos, con valores no vistos desde marzo de 2020. El Gobierno sostiene que esta tendencia positiva continuará, beneficiando a todo el sector agroindustrial.
