Esta semana, la Corte Suprema dictó una serie de medidas cautelares a favor de 15 provincias que cuestionaron los decretos de Macri con el argumento de que las rebajas impositivas afectaban fondos coparticipables.

Por mayoría, la Corte Suprema hizo lugar a los planteos de los gobernadores y ordenó «que los efectos fiscales de la aplicación» de esas normas fueran «asumidos con recursos propios del Estado nacional sin afectar la coparticipación».

«La sentencia omite cualquier referencia al modo en que debe implementarse la cautelar», sostuvo el gobierno nacional, en un escrito que reprodujo en los 15 expedientes.

Las presentaciones las firmaron los ministros de Hacienda, Hernán Lacunza, y de Producción, Dante Sica.

«Advertimos que no es posible acatar la voluntad jurisdiccional sin afectar el bienestar general, que en el caso es permitir niveles mínimos de consumo de productos de primera necesidad para las familias argentinas de bajos ingresos, en un contexto de emergencia social y alimentaria dictado por ley», sostuvieron.

Así, el Gobierno relacionó directamente el financiamiento de la rebaja impositiva con los recursos afectados.

Los ministros advirtieron que «los beneficios de los decretos» no han sido «menguados» por los fallos de la Corte Suprema, pero dijeron: «La ausencia de precisiones de la resolución, la complejidad técnica y las complejidades para su implementación ponen en serio riesgo su mantenimiento, todo lo cual aquí denunciamos».

En la misma línea, manifestaron que es «imprescindible que se aclare cómo deberá determinarse el quantum a afrontar (dijeron que no está claro el perjuicio a las provincias) y las circunstancias de tiempo y modo» y que es «indispensable» un encuentro con las provincias para preservar el «interés público comprometido».

Además, los ministros hicieron mención a un aspecto de los fallos que había sido muy cuestionado por el Gobierno: el momento de su dictado, cuando falta menos de un mes para las elecciones presidenciales. «Por último -escribieron- no podemos concluir esta presentación sin señalar la oportunidad elegida por el tribunal para expedirse».

El fallo

Las cautelares a favor de los gobernadores fueron firmadas por los jueces Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti. Carlos Rosenkrantz, el presidente de la Corte, votó en disidencia. Elena Highton no votó.

Los decretos son el 561/19 y el 567/19, medidas post-PASO que Macri anunció como herramientas de alivio económico y que 15 provincias cuestionaron con el argumento de que son inconstitucionales. El 567/19 estableció la eliminación del IVA de un grupo de alimentos y el 561/19 dispuso una modificación en el alcance del impuesto a las ganancias que pesa sobre los salarios.

En paralelo con los planteos contra estas medidas, la Corte tiene también para decidir cuatro presentaciones de provincias petroleras contra el decreto de necesidad y urgencia que congeló el precio de los combustibles.

Ayer, los presidentes de los interbloques Cambiemos de Diputados, Mario Negri, y del Senado, Luis Naidenoff, cuestionaron a los gobernadores que presentaron las cautelares contra los decretos de rebaja impositiva. «Vemos que los gobernadores de la oposición extrañan la relación de sometimiento que tenían con el kirchnerismo», sostuvieron con ironía Negri y Naidenoff en un comunicado que reproduce La Nación.

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