Economía.- Luego de varios días de negociaciones, el Gobierno logró cerrar un acuerdo con la CGT y los empresarios para otorgar “una recomposición salarial obligatoria de $5.000 para los trabajadores del sector privado”, confirmaron fuentes del Ministerio de Producción y Trabajo, a cargo de Dante Sica, que ayer mantuvo un encuentro con empresarios y representantes de la Confederación General del Trabajo. En esa reunión se acordaron el pago de un bono que será de “carácter no remunerativo y a cuenta de las próximas revisiones paritarias”.

Este último punto es clave y fue una de las cláusulas que exigieron los empresarios. Es que al poner que “es a cuenta”, los 5.000 pesos que cobrarán los trabajadores del sector privado quedarán incluidos en las futuras revisiones o negociaciones salariales.

Según declaró Daniel Funes de Rioja, vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), cada sector negociará la fecha y la modalidad de pago. En ese sentido, desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) aclararon que no se trata de un bono, “sino un aporte obligatorio de 5.000 pesos de recomposición salarial no remunerativo, en cuotas y a cuenta de paritaria”.

Hoy se reunirán los equipos técnicos de ambas partes con el Gobierno para redactar el decreto que llevará la firma del presidente Mauricio Macri.

En el encuentro estuvieron presentes Héctor Daer (Sanidad), Carlos Acuña (SOESGyPE), Antonio Caló (UOM), Andrés Rodríguez (UPCN), Armando Cavalieri (Comercio), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Jorge Sola (Sindicato de Seguro), Carlos West Ocampo (Sanidad), Robustiano Geneiro (UTHGRA) y Alberto Tomasone (Comercio).

En representación de los empresarios, además de Funes de Rioja, participaron Miguel Acevedo (UIA), Julio Crivelli (Camarco), Enrique Matilla (CAME), Pedro Etcheverry (CAC), Ricardo Diab (CAME), Florencia Merensztein, Julián Jajurin (CAME) y Claudio Rodriguez.

También estuvieron presentes el secretario de Comercio Interior, Ignacio Werner; el titular de la Unidad de Coordinación General, Ignacio Pérez Riba; y la directora nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Gabriela Marcello.

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