Política
El Gobierno de Entre Ríos ordena investigación por irregularidades en la gestión anterior
El gobernador Rogelio Frigerio dispuso mediante el Decreto Nº 47 la apertura de una Información Sumaria para investigar posibles irregularidades administrativas en la gestión de la provincia durante los años 2018 y 2019. La medida surge tras la difusión de registros audiovisuales que muestran a funcionarios y empleados públicos manipulando dinero en efectivo dentro de oficinas del Estado.
Los videos, divulgados por medios nacionales y provinciales, involucran a Edgardo Kueider, quien en ese momento se desempeñaba como secretario General de la Gobernación, junto a otros cuatro agentes del Poder Ejecutivo provincial. Las imágenes han generado fuertes cuestionamientos sobre el manejo de fondos públicos durante la anterior administración.
Objetivo de la investigación
La investigación, encomendada a la Dirección de Sumarios de la Fiscalía de Estado, tendrá como finalidad determinar si existieron desvíos de fondos, falta de controles o actos de corrupción. Para ello, se facultó a los investigadores a requerir colaboración de la Contaduría General, el Tribunal de Cuentas y otros organismos provinciales que ayuden a esclarecer los hechos.
El decreto aclara que el proceso es de carácter administrativo y se tramita de manera independiente a las posibles causas judiciales en curso. Su objetivo es establecer responsabilidades, aplicar sanciones si corresponden y garantizar la transparencia en la gestión pública, incluyendo la posibilidad de recuperar fondos en caso de comprobarse malversación.
Reacciones y contexto
La medida ha sido interpretada como un refuerzo a la política de austeridad y rendición de cuentas impulsada por Frigerio. Desde el oficialismo se destacó que la investigación busca "resguardar los principios de legalidad y ética pública", mientras que desde sectores de la oposición se espera que el proceso avance con celeridad y sin interferencias políticas.
Mientras la investigación avanza, los funcionarios implicados podrían enfrentar sanciones administrativas, que van desde suspensiones hasta la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Además, si se detectan delitos, el caso podría derivar a la Justicia.
