Los predios a la venta en Entre Ríos
El Gobierno nacional amplía los mecanismos de tasación y subasta de inmuebles estatales
El Gobierno nacional oficializó una reforma en el régimen de liquidación de inmuebles estatales, ampliando los mecanismos de tasación y subasta mediante la incorporación de entidades bancarias públicas en estas operaciones. Los cambios fueron introducidos a través del Decreto 176/2025, publicado en el Boletín Oficial, que modifica el Decreto 2670/2015.
Al respecto, el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, explicó que la medida busca eliminar el monopolio del Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN) en las valuaciones. Según el funcionario, esta iniciativa "agiliza la venta de inmuebles estatales y da mayor flexibilidad a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para administrar estos bienes".
A través de su cuenta en la red social X, Sturzenegger señaló que el nuevo esquema permitirá que las tasaciones sean realizadas por entidades con mayor conocimiento del mercado local. "Por ejemplo, el agente financiero de Salta tendrá más criterio para tasar un inmueble en Salta que el TTN desde Buenos Aires. Este cambio facilita el proceso, ahorra costos al Estado y libera al TTN para concentrarse en casos de mayor complejidad", afirmó.
Predios en Entre Ríos a la espera de ser vendidos
Dentro de los inmuebles estatales sujetos a este proceso, figuran dos predios en Entre Ríos que el Ejecutivo nacional incluyó en el programa de transferencia al sector privado en 2024. Se trata del Destacamento de Vigilancia en Crespo, donde funcionan el Club Atlético Unión de Crespo y la Asociación Deportiva y Cultural, así como el terreno donde opera el Batallón de Ingenieros Blindados 2 en Concepción del Uruguay.
Estos predios aún permanecen en la plataforma de la AABE bajo la categoría de "subastas futuras", sin precio de referencia, a la espera de ser tasados. El terreno de Crespo tiene una superficie de 309.631,64 metros cuadrados, mientras que el de Concepción del Uruguay abarca 19.104,00 metros cuadrados.
Nuevas disposiciones normativas
Según la normativa actualizada, el canon base será determinado por el TTN, entidades bancarias públicas o agentes financieros del Estado a nivel nacional, provincial, municipal o internacional. Estas mismas entidades serán responsables de fijar y actualizar los montos del canon correspondiente.
Se estableció, además, que la Agencia de Administración de Bienes del Estado deberá recibir autorización del Poder Ejecutivo para gestionar y vender inmuebles. Asimismo, sus autoridades podrán aprobar contratos de venta firmados antes de la entrada en vigencia del nuevo reglamento.
El precio base de los inmuebles subastados será fijado por la Agencia de acuerdo con la tasación realizada por el TTN o la entidad competente. En ciertos casos, se podrá prescindir de una base previa siempre que haya una valuación oficial al momento de aprobar la operación.
Opciones de contratación directa
El decreto prevé la posibilidad de vender inmuebles mediante contratación directa en los siguientes casos:
Si el inmueble ha sido ocupado por más de cinco años con destino a vivienda única, comercio o industria.
Si una cooperativa de vivienda u otra entidad sin fines de lucro solicita el inmueble para proyectos de vivienda social y acredita viabilidad técnica y financiera.
Si una asociación o fundación ocupa el inmueble y ha realizado obras de infraestructura.
La Agencia de Administración de Bienes del Estado tendrá la facultad de aplicar o no este mecanismo, sin que ello implique derechos adquiridos para el solicitante.
Criterios para la venta de inmuebles
El precio de venta directa se determinará mediante la valuación del TTN o de entidades bancarias y financieras públicas en los distintos niveles del Estado. Asimismo, se establecieron requisitos para convenios extraordinarios de regulación de ocupación, como la no afectación del inmueble a proyectos estratégicos del Estado y que el ocupante sea una persona física sin contrato vigente o con contrato vencido.
En los considerandos de la norma, el Gobierno argumenta que la ampliación de los mecanismos de tasación y subasta permitirá agilizar la gestión de los bienes estatales, ajustándose a las normas de valuación nacionales. Además, se busca modificar disposiciones del Decreto 2670/15 que dificultaban la eficiencia en la administración y disposición de estos bienes.
