Victoria.- El ex Intendente Rubén Darío Garcilazo acaba de ser imputado por enriquecimiento ilícito. Originalmente, un informe de Auditoría  del Superior Tribunal de Justicia de la provincia determinó que alrededor de 1 millón de pesos (sobre un monto mayor de su capital declarado), no pudo ser justificado por el ex mandatario local cuando se lo comparó con sus ingresos.

Estos montos, que aparecen como accesibles en la actualidad, corresponden al período 2014/15 y la justicia le otorgó los plazos legales para que Garcilazo pudiera demostrar esta faltante de acuerdo a lo que determinaron los auditores. Esto se produjo el octubre del 2018 y la documentación debía tener correlato con los años en los que se plantearon los cuestionamientos.

Ante esta realidad, el ex mandatario presentó elementos aduciendo que esa diferencia de capital que excede sus ingresos, fue aportado por un familiar cercano.

A partir de esta instancia, la investigación se llevó a cabo desde la fiscalía local durante aproximadamente dos años donde, entre otras investigaciones, tenían que comprobar que efectivamente la persona mencionada por Garcilazo tenía solvencia y disponibilidad de acuerdo a datos comprobables (movimientos bancarios, tarjetas, pago de tributos e ingresos entre otros) para haberle facilitado ese dinero.

Después de contar con todos estos elementos la justicia  imputó al ex Intendente. El pasado 6 de noviembre se presentó en esa condición, declarando ante el Fiscal Iván Yedro que lleva adelante la causa. Antes una consulta realizada por nuestro Semanario, Yedro explicó que solamente haría referencia del caso ante la prensa en función de lo que determina el Código Procesal Penal (Art.230), “sin efectuar apreciaciones sobre la entidad de la participación o culpabilidad de los intervinientes, hasta que el Fiscal formule el Requerimiento de Remisión de la Causa a Juicio”. Reconoció Yedro que el imputado declaró y a partir de ahora la causa se encuentro en lo que se denomina “Investigación Penal Preparatoria”, eso significa que a partir de la fecha, con  todos los elementos con que cuenta la fiscalía,  deben evaluar la misma y tomar una decisión al respecto. En el caso de que encuentren pruebas se podrá solicitar al Juez de Garantías la elevación a juicio o en caso contrario  desestimar y archivar la causa. Además aclaró que para tomar esta determinación el Fiscal no tiene fechas ni plazos a cumplir.

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