El diputado Maneiro propone crear un cuerpo de fiscales especializados en delito rural

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Ingresó a la Cámara de Diputados de Entre Ríos un proyecto de ley promovido por el diputado Julián Maneiro (UCR en Cambiemos – Paraná Campaña) que crea en el ámbito del Ministerio Público Fiscal la “Unidad Fiscal Especial de Delitos Rurales”, cuya competencia será la investigación y acción preventiva de delitos en las zonas rurales de todo el territorio provincial. El equipo especial de fiscales de investigaciones estará especializado en la investigación y resolución de delitos específicos del ámbito rural, como abigeato (cuatrerismo o robo de ganado), destrucción de maquinaria e instalaciones agropecuarias, desmantelamiento o “robo hormiga” de establecimientos sin actividad cotidiana, asaltos, usurpaciones, hurtos y robos sobre propiedades de familias rurales.

La propuesta

El proyecto de ley dispone una estructura organizativa, de acuerdo a las disposiciones que dicte el Procurador General, en el marco de las facultades conferidas por la Ley Nº10.407.

• Contará con un Fiscal por cada Unidad Fiscal bajo la jerarquía del Fiscal Coordinador de su jurisdicción.

• Agentes Fiscales y Fiscales Auxiliares tendrán a su cargo la acción penal, de acuerdo a las normativas e instrucciones vigentes;

• Intervendrá, a través de los Delegados Judiciales, en coordinación con la Dirección de Prevención de Delitos Rurales de la Policía de Entre Ríos, en todas las actuaciones preventivas y punitivas de delitos en áreas rurales e islas;

• También coordinará con la Dirección General de Fiscalización de la Provincia en temas referentes a las leyes de caza, pesca y áreas naturales protegidas.

Rotura de silo-bolsas

En los fundamentos de su proyecto de ley, Maneiro señala la aparición de “un delito atípico y sin motivación o beneficio económico particular”, la rotura y daños sobre los silo bolsas. Con datos de agosto pasado, “en el país se encontraban denunciados unos 125 casos de delitos en áreas rurales, en donde según estadísticas de Ministerio de Seguridad de la Nación, el 62,3% de los casos corresponden a roturas de silo bolsas, los que en un 21% se ven agravados con la sustracción del cereal que estos elementos contenían”, señaló el legislador. Señaló que los daños estimados por las entidades agropecuarias, alcanzaría a unas 12.500 toneladas afectadas, “lo que equivaldría a unas 1.750 jubilaciones mínimas, 3.000 planes IFE, y unas 673 mil raciones de comedores comunitarios”, acotó.

Antecedentes y justificaciones

Otras jurisdicciones provinciales, como Neuquén, Corrientes y Buenos Aires, han creado instituciones similares de investigación de delitos rurales, con funciones y competencias parecidas. El propio Maneiro explicó que “Los acontecimientos que se vienen sucediendo dan cuenta de un notable incremento en los delitos rurales. Hay que generar una respuesta institucional y adaptar el entramado organizacional y judicial provincial para lograr más eficacia, prevenir y sancionar la realización de estas acciones”. “La especificidad y el incremento del delito rural merece que se activen políticas públicas para su control y erradicación. Los productores agropecuarios, empleados rurales, prestadores de servicios y contratistas, así como quienes eligen adoptar este estilo de vida, merecen el respeto de sus derechos y garantías consagrados en la Constitución”, argumentó.

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