El Delta entrerriano no necesita más normativas sino la aplicación de las existentes

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En marzo de este año, el Ingeniero Agrónomo y Jefe AER INTA Victoria desde 2005, Raúl Francisco Brassesco, aprobó con sobresaliente un trabajo final para la Diplomatura en Cuestiones Jurídicas de Suelo y Aguas, donde analizó el Humedal Entrerriano del Río Paraná.

Paralelo 32 tuvo posibilidad de acceder al material que, además del INTA Central, será publicado en la Página de la FECIC (La Fundación para la Educación, la Ciencia y la Cultura) con el título de “Inventario de Leyes, Decretos, Resoluciones y Normas Ambientales en general, sobre el Tema: Humedal del Delta del Paraná.  Análisis de su operatividad y aplicación efectiva en el territorio”. Este organismo funciona en el Centro Cultural Mariano Moreno, y fue creado en 1972 por iniciativa del Dr. Bernardo Houssay con el objetivo de promover actividades que contribuyan al desarrollo de la cultura nacional.

Según precisó Brassesco, fue becado por el INTA Central luego de inscribirse para acceder a una de las 10 vacantes que ofrecía la institución para esta formación complementaria. Su investigación, amplió, “ayuda a explicar las causas y consecuencias del accionar antrópico en el Delta; conocer el contexto en el cual se desarrollan las actividades productivas legales y las ilegales también”.

Para ahondar en mayores detalles del pormenorizado informe, Brassesco llevó adelante un relevamiento de todas las normas legales ambientales específicas, regulación del uso del Humedal del Delta del Paraná, y eso comprende además el plano internacional, nacional, provincial y municipal.

Su hipótesis es que “Con la Legislación ambiental actual es suficiente para lograr un uso sustentable del Humedal del Delta del Paraná. La problemática ambiental no necesita de más Leyes/Decretos/Normas o Regulaciones, lo que se necesita es que se hagan cumplir las que ya existen y la presencia constante y sistemática en el territorio, del Poder de Policía del Estado”.

En este contexto, se van dando a conocer datos muy interesantes sobre la importancia del humedal como “ecosistema frágil”, y más allá de involucrar en su territorio a más de 15 millones de personas, y ser fuente prioritaria de agua dulce, también ofrece otros beneficios descriptos en el Plan Integral Estratégico para la Conservación y el Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (PIECAS) como: De Aprovechamiento, que incluyen alimento (producción de pescado, caza, frutas y granos); fibra y combustible (producción de troncos, leña, turba, forrajes); bioquímicos (extracción de medicinas); materiales genéticos.

Además de los beneficios que aporta a la regulación del clima, del agua (flujos hidrológicos), tratamiento de residuos (retención, recuperación y eliminación de exceso de nutrientes y otros contaminantes), regulación de erosión (retención de suelos y sedimentos); regulación de desastres naturales (control de inundaciones, protección contra las tormentas); polinización.

Y se añaden a los ya descriptos, los de carácter cultural, recreativo, estéticos y educacionales; y de Apoyo, como la formación de suelos y ciclos de los nutrientes.

Proyectos en danza

No es un dato menor que a Diciembre de 2020, en el Congreso de la Nación hubiera 15 Proyectos de Ley, de presupuestos mínimos, referidos a la protección y regulación de los Humedales en la Argentina; 5 proyectos presentados en el Cámara de Senadores de la Nación; y 10 en la Cámara de Diputados.

Más datos

“De las 405.553 ha que componen las islas de Victoria, 125.000 ha (31%)  son “fiscales”, pertenecen al Estado Provincial, pero están dentro del Ejido urbano de la Ciudad de Victoria , que amplió el mismo a toda la superficie de islas; aquí ya tenemos un “problema interno” de competencias regulatorias.

Hasta el día de hoy, el ordenamiento territorial (alquiler a 3 años de islas fiscales a productores y residentes locales) estuvo y está a cargo de la Dir. De Tierras Fiscales de la Provincia (esto es de acuerdo al funcionario de turno, NO es una política estatal), aunque está regulado por Ley N° 9.103/04.

Históricamente de las 280.553 ha privadas, muy pocas han sido explotadas directamente por sus dueños, y lo han hecho cumpliendo ciclos ganaderos extremadamente largos (de 3 a 5 años), sin ningún uso de tecnologías; únicamente la quema, realizada por los propios isleros/puesteros/pobladores, que lo hacían en los meses de julio/agosto (hasta el 2003), para permitir el rebrote de los pastos de primavera y aprovechar la “veranada” o engorde de la hacienda en primavera-verano-otoño. Generalmente los isleros/puesteros/pobladores usufructúan las islas fiscales; cuando un arrendatario lleva hacienda a la isla para ganadería, el arreglo se hace con el puestero/islero. Como no hay control estatal,  se considera que las islas fiscales son “tierra de nadie” ; sobre todo NO hay límites concretos, ya que los límites son los ríos, arroyos y cursos de agua en general; hay muy pocos cercos fijos, varios cercos eléctricos; es una de las tecnologías que se ha ido incorporando lentamente en el territorio isleño.

La presencia policial es escasa en las islas. Acá también se puede apreciar la poca atención con la que el estado provincial y/o municipal manejan y controlan las 125.000 ha fiscales; ya que éstas se podrían arrendar y recaudar recursos económicos estratégicos, para ser volcados en el propio desarrollo del territorio”.

Una pincelada histórica

Hernando Suárez de Toledo Saavedra y Sanabria Calderón, alias Hernandarias (1541-1634), fue quien introdujo hacia 1582 los primeros trescientos ejemplares de bovinos en el Delta del Paraná; mientras que Garay, algunos años antes, había hecho lo propio con los primeros equinos (Serrano, 1950). Desde esa época existe el registro de una encomienda real otorgada por Hernandarias sobre las islas del Delta del Paraná (Pérez  Colman, 1937). El desarrollo de la ganadería en esta región estuvo ligado principalmente a las necesidades de alimentación de las poblaciones españolas establecidas en el  litoral.

Sin dudas, estamos frente a un trabajo pormenorizado, concienzudo, criterioso y que también habla del rigor del investigador hacia la problemática que lo involucra como ciudadano. Lamentablemente es una empresa imposible tratar de resumir tamaña documentación en pocos caracteres, pero con el permiso del autor, les compartimos un enlace al texto completo, que está colgado en la página oficial del INTA (http://hdl.handle.net/20.500.12123/9967). Se analizan aquí, además, cuestiones de índole productiva, y sin dudas ocupa un punto central las quemas de pastizales, pero el punto de inflexión que atraviesa todo el argumento es la no aplicación —en todos sus alcances— de las normas y tratados de protección existentes. Es por todo ello, un excelente aporte, con datos ciertos y actuales, sobre lo que ocurre y seguirá pasando en nuestro Delta si nuestras autoridades no asumen el compromiso desde distintos planos de acción.

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