El alcance del Plan de Manejo en las Islas de Victoria y la situación de las propiedades privadas

En una reciente entrevista con Paralelo 32, el ingeniero Leonardo Scarparo explicó los alcances del Plan de Manejo para las islas de Victoria, Entre Ríos, con el objetivo de clarificar el impacto de esta normativa en las propiedades privadas. El plan, desarrollado por la organización Wetlands junto con la Comunidad Islera y otros actores, y aprobado por el concejo municipal, tiene como propósito conservar los ecosistemas de humedales. Sin embargo, Scarparo destacó que dicho plan y el Decreto Provincial 211 solo se aplican a tierras de dominio público, es decir, fiscales, dejando fuera las propiedades privadas en esta región isleña.

“La Ley 10.479 de Áreas Naturales Protegidas no incluye de forma automática a los terrenos de dominio privado”, indicó Scarparo. “Las islas de Victoria tienen una historia de ocupación privada mucho antes de la ley, con títulos de propiedad consolidados, y la legislación argentina respeta estos derechos, lo que limita la intervención del Estado sin un proceso formal que contemple compensaciones y acuerdos.”

Procedimiento de integración de propiedades privadas al sistema de áreas protegidas

Según Scarparo, en Argentina, la inclusión de tierras privadas en áreas protegidas depende de acuerdos voluntarios entre los propietarios y el Estado, lo que garantiza el respeto a la propiedad privada consagrado en la Constitución. Para que un terreno privado se sume al sistema de áreas protegidas de Entre Ríos bajo la Ley 10.479, se deben cumplir ciertos pasos administrativos y legales:

Solicitud del propietario: El primer paso es que el dueño del terreno exprese formalmente su interés en que su propiedad sea reconocida como área protegida. Esta solicitud se dirige a la Secretaría de Ambiente de la provincia.

Evaluación técnica: La autoridad realiza una evaluación detallada sobre la biodiversidad y el valor ecológico de la propiedad, verificando su contribución a la conservación.

Propuesta de categorización: Según los resultados de la evaluación, se sugiere una categoría de área protegida adecuada, como reserva natural o parque provincial, que establece el nivel de protección y restricciones aplicables.

Acuerdo de condiciones: En caso de que el terreno sea apto, se definen las condiciones de protección junto con el propietario, incluyendo actividades permitidas y limitaciones, además de los beneficios o compensaciones, como exenciones fiscales.

Declaración oficial: Luego del acuerdo, se formaliza la inclusión de la propiedad en el sistema mediante un decreto o resolución provincial.

Monitoreo y gestión: Se implementa un plan de manejo específico para el seguimiento de los objetivos de conservación acordados.

El marco de las Áreas Naturales Protegidas en Entre Ríos

La Ley 10.479 de Entre Ríos busca ampliar la red de áreas protegidas para conservar la biodiversidad y los humedales de la provincia. A pesar de esto, la integración de terrenos privados depende de una decisión voluntaria del propietario y de la articulación de acuerdos claros entre el sector público y privado. En este sentido, Scarparo subraya que las limitaciones para incluir propiedades privadas obedecen a un marco jurídico que equilibra la protección ambiental con los derechos de propiedad, siendo fundamental el respeto a estos derechos para cualquier ampliación de las áreas protegidas en la región.

La situación de las islas de Victoria, en tanto, refleja el desafío de gestionar recursos naturales que involucran terrenos privados. A través de diálogos como este, con el ingeniero Scarparo y otros actores, se busca mejorar la comprensión sobre la regulación en áreas de humedales y abrir espacios para acuerdos que sumen voluntades en favor del equilibrio ambiental y la propiedad privada en la región isleña de Entre Ríos.