Disputa familia Etchevehere: El juez sigue demorando su decisión por el desalojo o no en la estancia Casa Nueva

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“No venimos en defensa de nadie en particular sino de la propiedad privada”, coincidieron todos los manifestantes entrevistados por los medios que hicieron la cobertura en Santa Elena, donde una gran cantidad de productores agropecuarios se encontraron al mediodía en el acceso a esta ciudad del Departamento La Paz, frente al campo Casa Nueva, de Las Margaritas SA, de los sucesores de Luis F. Etcheverere. Allí ingresó hace una semana un grupo de 50 personas que responden a Juan Grabois, para ejecutar sobre unas 460 hectáreas lo que ellos llaman el ‘Proyecto Artigas’ de producción agroecológica. Con ellos se encuentra Dolores Etchevehere, hermana de los sucesores Luis Miguel, Sebastián y Juan Diego Etchevehere, quien dice tener derechos, que sus hermanos niegan y han presentado ante la justicia documentación que probaría que le han comprado a Dolores su participación en Las Margaritas, transacción que se completó el 18 de octubre de 2018

Los productores congregados en el lugar –donde también hay un centenar de policías, número que confirmó el Ministerio de Gobierno y Justicia de ER– afirman en declaraciones a la prensa que no están defendiendo a los Etchevehere sino diciendo pacíficamente que no quieren usurpaciones en Entre Ríos, ni la presencia de Grabois en esta provincia, “esto es un quiebre, hoy Grabois se va de Entre Ríos”, dijo a Radio Rivadavia y Radio Mitre la dirigente agraria Mariela Gallinger (Federación Agraria Filial Crespo), señalando que la manifestación es pacífica y en espera de que se pronuncie el juez del Departamento La Paz, ante quien las partes en pugna han presentado sus respectivas credenciales.

En tanto, circuló un audio que causó alarma por sus expresiones anticipando un duro enfrentamiento, que fue atribuido a opiniones personales no compartidas por la mayoría de los presentes frente al establecimiento “Casa Nueva”, y que Juan Grabois capitalizó en su cuenta de Twitter mientras seguía con atención los acontecimientos en Entre Ríos y movilizaba en Buenos Aires a militantes del Proyecto Artigas.

“Que al problema de la familia lo resuelva la justicia, pero estamos viendo otra cosa detrás de este problema familiar, que es el árbol que Grabois aprovecha para que no se vea el bosque, porque comienzan hoy con la usurpación de un campo, después siguen con una casa, con un loteo, con un baldío”, dijo Gallinger, subrayando que esta concentración es pacífica y es de productores, empresarios y gente preocupada por esta usurpación. Venimos a defender la Constitución y que se respete y haga cumplir lo que dice sobre la propiedad privada”.

“Ustedes tienen el chip puesto para el bla, bla, bla, pero nunca dicen qué han hecho en el campo, no viven del trabajo porque esa plata viene de otro lado, reciben la vianda todos los días con un furgón y no dicen cómo están trabajando”, recriminó Gallinger a Eve Kloster, en un cruce en el programa de Fernando Carnota (Todos juntos) por Rivadavia.

Kloster, una entrerriana de Sauce de Luna integrante del MT, explicó en qué consiste el Programa Artigas, “que venimos construyendo junto con Dolores, que construye una forma sana de producir y demostrar que se puede producir de una forma distinta”. Dijo que Dolores es heredera natural y ellos buscan “la reparación histórica”  de ella y de la propiedad. El resto de su discurso se centró en denostar a la familia Etchevehere, a la que acusan de corrupción, estafa y violencia de género hacia Dolores, todas cuestiones –según Gallinger- que debe resolver la justicia pero no explican una usurpación.

Gallinger dijo que el plan de hoy consiste “esperar pacíficamente que el juez decida. No queremos quedarnos en nuestra casa pensando que alguien como Grabois entró en Entre Ríos y que mañana nuestra propiedad puede ser de otro y los políticos y los jueces lo avalen”.

El juez había prometido decidir sobre el caso a las 16.00, pero a las 18.30 no tenía decisión tomada y seguía reunido con los abogados de las partes. En este momento se especula en el lugar con que el juez decidiría el desalojo pero no en presencia de centenares de manifestantes, que comenzarán su retiro al caer la tarde con rumbo a sus hogares, muchos de ellos de puntos lejanos de la provincia como Chajarí o Gualeguaychú.

Palabra de la Ministra de Goberno y Justicia

La ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero hizo un llamado a la reflexión y a las conductas de las partes que están en conflicto por los campos de la familia Etchevehere, a fin de garantizar la paz social. Llamó a respetar la decisión de la Justicia que dirimirá el conflicto familiar y dirá efectivamente quién tiene derechos sobre esas tierras.

“Estamos con una situación muy difícil en el norte entrerriano, concretamente en la zona de Santa Elena en un campo donde hay una disputa que nace de una diferencia familiar. No estamos ante una situación común como las que se han dado en el resto del país de tomas de tierras, sino que se trata de una sesión de una de las propietarias o herederas hace a un grupo organizado bajo una asociación que se llama Artigas. Entonces, la base que genera conflictos es esa disputa familiar que hoy desde luego trasciende en un debate sobre quién tiene derecho a estar en esa propiedad privada y quién no. Hoy estamos con una audiencia judicial que se va a desarrollar en el curso de la tarde, hay un juez de la causa de la ciudad de La Paz que va a dirimir las distintas situaciones”, sostuvo la ministra Romero.

“El juez decidirá quién tiene derecho sobre esa tierra.  Más tarde o más temprano la Justicia deberá determinar a quién le asisten mayores razones desde el punto de vista del Estado de Derecho”, aclaró.

“Nosotros como Gobierno hemos venido acompañando la labor de jueces y fiscales porque la Policía es un auxiliar de la Justicia. Frente a una denuncia de delito de usurpación como la que hay en el Juzgado de La Paz, la policía obedece estrictas órdenes de la Fiscalía y del Juez que entiende en la causa”, explicó la funcionaria provincial.

“Desde el Poder Judicial se va dirimir quién tiene la razón. Tenemos que situarlo en ese contexto a este conflicto. Se trata de una disputa judicial en la que ambas partes argumentan derechos”, agregó Romero.

“Aprovecho para hacer un llamado a la reflexión y a las conductas respetuosas de la ley, del derecho y de la razonabilidad, porque aparecen acá dos posiciones muy encontradas, muy disimiles, una que niega el derecho de la otra y así recíprocamente. Cuando un juez tome una decisión, siempre da un plazo para que las partes cumplan y siempre aconseja el cumplimiento de la sentencia sin llegar a ninguna acción por parte de la fuerza pública, cabe decir la sentencia judicial siempre es un mandato, Tendría que triunfar la racionalidad”, indicó la Ministra de Gobierno y Justicia. La Policía está apostada en el lugar, de manera preventiva, hay 100 efectivos. Hubo audios muy fuertes que circularon por redes en tono más de amenaza que de convocatoria, pero nuestro objetivo es prevenir el delito y la violencia. Los audios que circularon son verdaderamente son preocupantes, tras el argumento de defender la propiedad privada están amenazando con males mucho mayores como atentar contra personas, es decir con comisión de otros delitos, por eso tiene que triunfar la racionalidad y el respeto de la ley”, finalizó.

Palabra del Ministro de Producción

“La defensa de la propiedad privada es un deber del Estado», resaltó el Ministro de Producción, Juan José Bahillo, en relación a la disputa en el establecimiento Casa Nueva, propiedad de la familia Etchevehere. Frente a ello, adelantó que «este gobierno jamás va a favorecer una usurpación, sencillamente porque se trata de un acto ilegal, contrario a la Constitución”.

Bahillo indicó que la situación desatada en el establecimiento ubicado en el Departamento La Paz se dirime en el ámbito de la Justicia y –definió- “este gobierno actuará de acuerdo a lo que se resuelva en los Tribunales”.

Asimismo, “condenamos cualquier hecho delictivo. El apego a la ley es un deber y nunca estaremos de acuerdo con que se atente contra la propiedad privada” insistió Bahillo.

En relación a la manifestación prevista para hoy en el acceso a la explotación, impulsada por dirigentes ligados al ruralismo, dijo: “Hay un derecho a expresarse y el Estado lo garantiza, y también está la obligación de ser responsables; sé que se dispuso que la Policía asegure el derecho a la libre manifestación de las personas, pero la presencia policial debe ser acompañada por un sentido de la responsabilidad por parte de la dirigencia”.

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