Discapacitados a la deriva

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Alberto Rotman
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El tan mentado y discutido ajuste que el gobierno nacional niega, en la práctica ya mostró su cara más cruel rapiñando cincuenta mil millones de pesos en educación y diez mil millones en salud entre otros recortes.

En la práctica, ya vemos algunas de las consecuencias cuando se recortan los montos destinados a quienes sobrellevan capacidades diferentes, quienes se verían seriamente afectados, por estas medidas, aunque las autoridades lo nieguen.

El 13 de diciembre de 2006 la Organización Mundial de la Salud (OMS), acordó la «Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad» que se basa en los Derechos Humanos, las libertades fundamentales y la igualdad de oportunidades de 650 millones de personas con capacidades diferentes que se estipula hay en todo el mundo.

En la República Argentina el «Sistema de Protección Integral de la Discapacidad» tiene rango Constitucional como lo expresa el Art. 75 inc. 23.

Igualmente, en la provincia de Entre Ríos tiene rango Constitucional en el Art. 21, además está vigente la Ley Nº 9.891 de Discapacidad donde esta descripto el desarrollo integral de las personas con capacidades diferentes en iguales condiciones de acceso, oportunidad, características, derechos y deberes que el resto, conforme lo que establece la ley Nacional 26.378, a la que la provincia de Entre Ríos adhirió.

A pesar de ello en nuestra provincia, las últimas administraciones distan mucho de cumplirla. Lo observamos en la ausencia de la legislación vigente cuando no funciona el Consejo Asesor de la Discapacidad (Art. 6 de la Ley 9.891), o el no cumplimiento con el 4% de la totalidad de su personal para personas discapacitadas que puedan desempeñar con idoneidad el cargo (art. 20 de la ley 9.891), o el no cumplimiento en la adjudicación del 5% de las viviendas que construya el IAPV, o de planes Nacionales para personas con alguna discapacidad (Art. 30 de la Ley 9.891), o el no cumplimiento de licencia por nacimiento de un hijo discapacitado (Art. 37 de la Ley 9.891).

Estos son algunos de los puntos, entre otros, donde los Estados, Nacional y Provincial, están en deuda.

Esta lamentable y penosa situación en que se encuentra la atención sanitaria y el traslado de innumerables personas con capacidades diferentes, hoy sale a la luz desnudando esta triste y cruda realidad.

Esta realidad hace irrupción en la falta de pago o demoras exageradas en abonar las prestaciones o los traslados.

En algunos casos adeudan prestaciones del mes de mayo/junio aduciendo «readecuación de partidas» o para converger en «lo acordado con el FMI en una reducción del déficit» (según la sec. de Asuntos Estratégicos).

El gobierno tiene derecho a controlar si las prácticas que se realizan son razonables, o si los traslados son adecuados, pero para ello no hay que mentir, primero hay que cumplir con lo que le compete, o sea con las leyes, de esa forma recién tendrá la autoridad suficiente.

La realidad es que hoy los discapacitados de nuestra Provincia están a la deriva, padeciendo graves problemas en su atención sanitaria y/o en su traslado, por único motivo que el Estado no cumple las leyes o la manda Constitucional.

Debemos luchar y ser rectores para que, la integración de alguien con capacidades diferentes, sea real, tanto Física, Funcional y social y exigir al Gobierno de turno solamente, que cumpla con la legislación vigente.

Esta debe ser nuestra inquebrantable tarea.

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