Política y economía
Diputados justicialistas proponen Ley de Góndolas Entrerriana para proteger la economía local
En medio de un panorama nacional signado por medidas gubernamentales que generan preocupación en diversos sectores, los diputados pertenecientes al bloque Más Para Entre Ríos han impulsado un proyecto de Ley de Góndolas Entrerriana con el objetivo de resguardar a los pequeños y medianos productores, así como a las cooperativas y consumidores locales, de los efectos adversos de políticas promovidas por el gobierno de Javier Milei.
La iniciativa legislativa busca contrarrestar el impacto negativo de la derogación de la "Ley de Góndolas" nacional, materializada a través del reciente Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 70; que es parte de las políticas promovidas por el actual gobierno nacional para favorecer aún más a las a las grandes cadenas de supermercados e hipermercados, perjudicando los productores regionales.
El bloque justicialista propone una normativa que promueva condiciones de competencia justa, evitando abusos de posición dominante en el mercado y fortaleciendo el tejido productivo regional. La Ley de Góndolas Entrerriana se propone como un mecanismo para garantizar relaciones equitativas entre productores locales, Medianas y Pequeñas Empresas (MIPyMEs) y los grandes establecimientos comerciales, a fin de impulsar una oferta diversificada de productos y defender la generación de empleo local.
Entre los puntos destacados de la propuesta legislativa se encuentra la imposición de condiciones comerciales justas y equitativas entre productores locales, MIPyMEs y los gigantes del retail. La norma también busca sensibilizar a los consumidores sobre las ventajas económicas del consumo de productos elaborados en Entre Ríos.
En virtud de esta ley, los comercios deberán exhibir de manera clara los productos locales en un espacio visible, manteniendo un equilibrio entre diferentes proveedores. Se prohíbe que un mismo grupo empresario supere el 40% del espacio de exhibición, abarcando tanto espacios físicos como virtuales.
Esta regulación regirá para todo espacio físico, mueble y estantería, en los que se ofrecen productos de similares características, incluidas las puntas de góndola; y también para las locaciones virtuales como páginas web, aplicaciones móviles y tiendas de comercio electrónico o similar.
Además los grandes comercios deberán mantener condiciones de no discriminación y equidad con las empresas proveedoras de los productos alcanzadas por esta ley, respecto los proveedores regulares que no están comprendidos en la norma.
Contrario al paradigma del "sálvese quien pueda", los legisladores justicialistas argumentan que la propiedad privada debe cumplir una función social, alineándose con los principios constitucionales de desarrollo equitativo. Destacan la importancia de proteger a MIPyMEs, productores primarios y cooperativas locales como un medio para lograr una distribución más equitativa del ingreso y generar mayores oportunidades laborales.
La autoridad de aplicación de la ley será el Ministerio de Desarrollo Económico, y una vez sancionada, el Poder Ejecutivo provincial tendrá un plazo máximo de 90 días para su reglamentación.
