La denuncia que sacude a Entre Ríos
Denuncian a exfuncionarios del puerto de Concepción del Uruguay por solicitar supuestas coimas
El exconcesionario del Puerto de Concepción del Uruguay, José Uriburu, ha denunciado a varios exfuncionarios del Ente Portuario y judiciales de Entre Ríos. Entre los acusados se encuentran Carlos María Scelzi (nieto), expresidente del Ente Portuario; Leonardo Cabrera, ex titular del Instituto Provincial; y Eduardo Flores, exjuez laboral. Uriburu los acusa de ser "corruptos, coimeros, ladrones" y de tener vínculos con el narcotráfico. Afirma que les pagó coimas en dólares.
El caso cobró notoriedad nacional gracias al programa "Odisea Argentina" de Carlos Pagni, transmitido por La Nación +, donde el periodista Francisco Olivera reveló detalles de la denuncia en vivo. "Las mafias en Argentina: el caso del puerto de Concepción del Uruguay" fue el título del informe emitido el lunes a las 22:00 horas.
Denuncia de Uriburu: "Les pagué coimas en dólares"
El pasado 26 de abril, Uriburu, en representación de la empresa que gestionaba el depósito fiscal de la Terminal del Puerto de Concepción del Uruguay, presentó la denuncia ante el Ministerio Público Fiscal. El documento está firmado por Uriburu y el Secretario General de Coordinación de la Fiscalía, Juan Agustín Perinotto. La denuncia señala que los exfuncionarios cobraban coimas, extorsionaban y fabricaban juicios laborales para perjudicar a los concesionarios del depósito fiscal, beneficiándose personalmente de estas maniobras.
Revelaciones de "Odisea Argentina"
Francisco Olivera, periodista del programa, calificó el caso como "escalofriante" y anticipó que "va para un escándalo nacional". Según Olivera, este caso muestra cómo operan las mafias en Argentina, en este caso, las del puerto. "Esto tiene una continuidad, independientemente de los gobiernos. Salpica a funcionarios massistas que siguen en el actual gobierno -en el caso de Entre Ríos, el gobernador es Rogelio Frigerio-, al fiscal General de la provincia y a un exjuez Laboral", señaló Olivera.
Olivera explicó que la denuncia surgió hace un par de semanas, cuando un empresario que opera en el puerto de Concepción del Uruguay, específicamente en el depósito fiscal, decidió hablar. El depósito fiscal, una oficina de aduanas concesionada a un privado, es donde se realizan trámites, se revisa la carga y se precintan los camiones. El concesionario paga un canon mensual al Estado, en este caso, 2.000 dólares, y cobra por los trámites realizados.
Aclaran que los hechos investigados ocurrieron en la gestión de Bordet
“Cuando el empresario José Uriburu informó a las actuales autoridades del Instituto Portuario y del Ente Autárquico Puerto Concepción del Uruguay sobre los pedidos y pagos de coima por parte de ex funcionarios de la gestión de Gustavo Bordet, hicimos la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público Fiscal”, afirmaron fuentes vinculadas a las autoridades del Puerto.
“Presentamos la denuncia porque es deber de funcionario público hacerla ante cualquier indicio de delito que radique en la Administración Pública”, señalaron y aclararon que “esto fue antes de que Uriburu se presentara ante la Justicia (el 19 de abril se hizo la denuncia desde el gobierno provincial; Uriburu lo hizo la semana siguiente)”.
“También nos presentamos ante la Oficina Anticorrupción de Paraná, dónde nos informaron que no era necesario hacer una ampliación de la denuncia, sino dejar que la investigación siga su curso en el Juzgado de Concepción del Uruguay”, indicaron.
Luego aseveraron que se están iniciando procesos de información sumaria por vía administrativa en el Instituto y en el Puerto de Concepción del Uruguay “para evaluar la posibilidad de apartar de sus cargos a las personas denunciadas, que forman parte de la planta de la Administración Publica Provincial”.
“En Entre Ríos ya no hay lugar para los corruptos y somos implacables en este sentido. El dinero de los entrerrianos no va a ir a parar al bolsillo de ningún funcionario. Por ese motivo impulsamos leyes como la de Acceso a la Información Pública y el Régimen Legal de Transparencia y Ética de la Función Pública”, aseveraron.
Sobre las declaraciones de Uriburu acerca de su imposibilidad para operar en el puerto, expresaron: “Uriburu no puede ser permisionario ni operar en el puerto porque, además de acumular deudas con AFIP y ATER, su empresa está en quiebra y, por lo tanto, se encuentra desapoderado”.
