Victoria.- Días atrás en distintos medios se hizo referencia sobre el caso Zalazar, Sergio Julián y otros contra el Estado Municipal de la ciudad. Se trata de un conflicto por un inmueble arrendado por la familia Zalazar desde 1935. La municipalidad declaró la caducidad parcial del arrendamiento en una parte no construida del inmueble arrendado; de los 1.980 metros cuadrados, se declaró la caducidad de 528 metros cuadrados, permaneciendo en poder de la familia Zalazar el remanente de 1.458 metros cuadrados.

Ante esta situación, la familia en cuestión presentó dos amparos, pero ambos fueron rechazados por distintos jueces (es decir que se falló a favor de la municipalidad). Actualmente queda por resolver una demanda contencioso administrativa.

Primer amparo

Todo surgió a partir de un decreto del Ejecutivo de 2.018 en el que se declaraba la caducidad parcial de los 528 metros cuadrados mencionados. Ante esta situación, la familia presentó el primer amparo representados legalmente por el abogado Carlos Guillermo Reggiardo.

El juez que trató esto fue Luis Francisco Márquez Chada. Para resolver la cuestión, Márquez fue al lugar. “Es dable destacar que -conforme surge de las fotografías tomadas in situ por el suscripto- se advierte que el estado de ocupación del terreno es parcial”, cuenta el juez en su fallo.

Luego, realiza una descripción de las fotografías tomadas: “Se pueden avizorar dos casas con amplio terreno de frente y cercado parcialmente. De la fotografía Nº 2 se puede apreciar que el cerco de las dependencias del hogar que llega hasta el matorral. Luego, de la fotografía Nº 3 y 4 se advierte el estado de abandono del «patio común»”.

A continuación, Márquez comenta: “En esta tesitura, es dable considerar el fin social de las Ordenanzas reseñadas que propenden a otorgar bienes del dominio privado del Municipio a quienes se encuentran en estado de necesidad, cuestión que no cercena derecho alguno de los amparistas quienes mantienen casi la totalidad del terreno municipal, al reservarse el amplio lugar donde se encuentran emplazadas las dos viviendas de los amparistas, ocupado efectivamente”.

El juez sostiene que la Municipalidad “no arremetió en forma alguna el predio sobre el cual se encuentran construidas las viviendas ni los terrenos que forman parte de sus dependencias con signos de ocupación efectiva”. Entonces, Márquez añade: “Por consiguiente, procedió a desafectar parcialmente el predio otorgado en arrendamiento a los amparistas dejando a salvo las viviendas, no así la porción de 528 metros cuadrados de terreno que se encuentra ociosa, desaprovechada. De allí que no se avizora una conculcación de los derechos de los amparistas”.

Otro dato a tener en cuenta es que la resolución del juez, frente a este primer amparo, fue el 3 de noviembre de 2018. A pesar de este fallo, la familia Zalazar comenzó una obra en esa parte de terreno que Márquez definió como en estado “ocioso” y “desaprovechado”.

En conclusión, la resolución de Márquez, como se dijo, fue rechazar la acción de amparo interpuesta por Ernesto Julián Zalazar y Silvia Gloria Zalazar contra la Municipalidad de Victoria.

Segundo amparo

En el segundo amparo la familia Zalazar fue representada por el abogado Horacio Agustín Greco. El encargado de resolver esta acción fue el juez Juan Lloveras y el fallo salió el 10 de marzo de este año.

En el fallo se menciona el decreto Nº 298. El artículo dos de este decreto reza: “Instruir al área de Inspección General, para que se constituya en la ubicación (…) e intime a la/s persona/s responsable/s de la obra, para que proceda/n a desocupar el lugar en un término de cinco días corridos, bajo apercibimiento de desalojo compulsivo y demolición de las edificaciones que se encuentren levantadas en ese predio”. Este último decreto se emitió el 28 de febrero de 2020.

Lloveras, al igual que Márquez, menciona que no resulta claro cual es la acción que interponen los actores. Por otro lado, aclara: “Los actores han omitido mencionar que una cuestión similar ya ha sido planteada por los padres de los mismos, en la causa «Zalazar Ernesto Julián y otra c/Municipalidad de Victoria s/acción de amparo» Expte. Nº 14.177 tramitado por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Victoria, la cual fue rechazada y se encuentra firme. Allí se resolvieron cuestiones formales y de fondo, quedando claramente establecido que la Municipalidad de Victoria es propietaria de los terrenos que hoy son motivo de debate, en virtud de lo establecido en el artículo 236, inc. a) del Código Civil y Comercial de la Nación”.

Finalmente, el juez también declaró inadmisible la acción de amparo en este caso. Por lo pronto queda saber que pasará con la demanda contencioso administrativa.

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