Conflicto en los peajes: incertidumbre laboral y medidas de fuerza

A través de un comunicado publicado en su página web, Vialidad Nacional precisó que el 9 de abril a las 00:00 tomará posesión de las trazas actualmente concesionadas y que hasta que finalice el proceso de licitación en curso y se otorgue la nueva concesión, llevará adelante las tareas de mantenimiento. Además, aseguró que no se cobrará peaje y se desligó de toda responsabilidad sobre las vinculaciones laborales actuales y futuras de la concesión vial.

Frente a esta situación, la empresa concesionaria Caminos del Río Uruguay (CRUSA) avisó que no tiene los fondos para pagar las indemnizaciones de los casi 500 empleados. Esto ha derivado en medidas de fuerza por parte de los trabajadores, quienes han decidido levantar las barreras en todas las estaciones de peaje del corredor, lo que implica que durante estos días no se generarán ingresos para abonar los sueldos. Según indicó la empresa, el fondo de reserva que tenía se agotó durante la pandemia y no se logró recuperar.

Desde CRUSA mantienen la esperanza de que el Estado intervenga para encontrar una solución que permita la continuidad laboral de los trabajadores. Sin embargo, las señales desde Buenos Aires no son alentadoras. Vialidad Nacional anunció recientemente el despido de 1.600 empleados en distintas reparticiones del país, y el Gobierno nacional intervino la empresa estatal Concesiones Viales con el objetivo de reducir su estructura.

El vocero de Caminos del Río Uruguay, Mariano Bradanini, expresó en una entrevista con "Lo Que Queda del Día" de Oíd Mortales Radio que la incertidumbre es total: "A cuatro días de la finalización de la concesión no hay una comunicación oficial de cómo será la transición y tampoco hay definiciones sobre la continuidad del personal". También indicó que "todas las propuestas presentadas a Vialidad Nacional fueron rechazadas".

Bradanini destacó que la empresa se encuentra en una situación financiera crítica y que el fondo de garantía destinado a cubrir indemnizaciones se utilizó durante la pandemia para abonar sueldos y financiar obras. También cuestionó la falta de organización por parte del Estado para garantizar una transición ordenada: "No existe un antecedente donde los empleados queden cesantes y deban esperar meses hasta que una nueva concesionaria tome posesión".

La empresa aún no ha recibido notificaciones oficiales sobre la entrega de las cabinas de peaje, a pesar del anuncio de Vialidad Nacional. En este contexto, la incertidumbre es total para los trabajadores, quienes continúan con su protesta manteniendo las barreras levantadas sin interrumpir el tránsito.

La falta de definiciones también ha generado un conflicto judicial. Una jueza está evaluando la situación y se espera una resolución en los próximos días. En una reunión reciente entre el Ministerio de Transporte, Vialidad Nacional, la empresa y los sindicatos, se solicitó a la magistrada una definición sobre la situación de los trabajadores. Según Bradanini, "se mantiene la esperanza de que pueda haber alguna solución parcial a través de la vía judicial".

Mientras tanto, la incertidumbre crece entre los trabajadores y sus familias, quienes a días del vencimiento de la concesión desconocen cuál será su futuro laboral. "El Estado tiene que entender que esto es descabellado", concluyó Bradanini, insistiendo en la necesidad de una solución urgente para evitar que 500 empleados queden sin empleo de un momento a otro.