Como nos defendemos cuando son vulnerados nuestros derechos
Entre Ríos (Paralelo 32).- Funcionarios y personal de Defensa al Consumidor (DC) de la provincia, están abocados –en los últimos meses- a realizar el seguimiento y control de programas nacionales, especialmente el correspondiente a Precios Cuidados, Precios Máximos y Acuerdo de Carnes. Pero además siguen atendiendo los reclamos que se generan en el marco de lo que establece la Ley específica y las tramitaciones de expedientes girados por los diferentes municipios.
Los Precios Máximos (1) forman parte de una lista que suministran empresarios e industrias con respecto a determinados productos y el valor al que tienen que venderlo, que está congelado. Inclusive hay una página oficial donde se puede denunciar cuando se los expende a un precio superior. Últimamente se generaron confusiones porque muchos productos incluidos dentro de los Precios Máximos (1) pasaron a Precios Cuidados (2)
Según Pablo Luciano, director del organismo, uno de los problemas que se presentan son las “copias”. Cuando una empresa cambia la marca y el envase –dejan de fabricar el anterior- pero se trata del mismo producto y obviamente lo venden más caro. Al modificarse no están alcanzados por los Precios Máximos. Esto dio lugar a un conflicto que se discute en la Dirección de Comercio Interior de la Nación y ha generado imputaciones, porque consideran que estas maniobras representan una violación a la Ley de Abastecimiento y a las resoluciones correspondientes.
Ley de Góndolas
Para el funcionario, la Ley de Góndolas, cambia la forma de exhibir productos, especialmente en supermercados. Actualmente en las grandes superficies comerciales, en un tramo de la estantería se encuentran el mismo tipo de productos (por ejemplo yerba), que es ocupada masivamente por marcas que fabrican 2 o 3 empresas, lo que representa para Luciano una “cartelización” de la actividad.
La norma mencionada contempla que en ese sector y de acuerdo a la mercadería que se ofrece, un porcentaje de la góndola debe incorporar productos de pymes o de la economía familiar. Señaló que ahora comienza un período de adaptación porque los pequeños fabricantes tendrán que competir con las grandes empresas que producen a escala y disponen de un amplio stock. “Esto representa un gran desafío, porque se debe abastecer en forma continua y no siempre los chicos lo pueden hacer”. Por otra parte los supermercados importantes están adquiriendo productos que pagan en plazos de 90 y 120 días. En estas condiciones es complicado para muchos proveedores chicos vender con esos plazos.
A criterio del Director, todas estas cuestiones deben estar contempladas dentro de una reglamentación –que elabora Comercio Interior- para proteger a pequeñas y medianas empresas, al igual que lo tienen los consumidores.
Servicios
La determinación del gobierno nacional de prohibir el aumento de algunos servicios, como telefonía móvil, internet y televisión por cable, ha generado algunas presentaciones en la oficina de Defensa al Consumidor, porque se aplicaron incrementos. No son muchos los reclamos; en un principio se pensó que serían más –comenta el funcionario– y en la mayoría de los casos los litigios se han resuelto en la etapa de conciliación.
El tema se centra en la condición en que se encuentra cada servicio. Para el gobierno estos rubros se encuadran dentro de lo que se denomina servicios públicos y los aumentos están sujetos a autorizaciones por parte del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), que es el organismo de control donde se deben demostrar los motivos por los cuales se aumenta. Pero en definitiva, el Estado termina autorizando los mismos. La inflación es real y debe ser admitida.
Telecóm presentó una medida cautelar que tuvo un fallo favorable de no innovar, pero se sigue litigando con respecto a la cuestión de fondo. Para las empresas no son servicios públicos y para el gobierno si lo son. El problema se presentó porque aumentaron las tarifas por encima de lo que autorizó el ENACOM. Para Luciano, el Estado es el que debe determinar en forma exclusiva y excluyente, qué actividades son servicios públicos. “Esperamos que todo se resuelva a la mayor brevedad, porque esto genera una gran incertidumbre”.
Planes de ahorro
Actualmente hay reclamos con respecto al incremento de las cuotas en forma exponencial de los planes de ahorro, que se tratan de resolver de manera individual o colectiva. Explicó el funcionario que no son muchos, porque estaba vigente una medida cautelar dictada por un juez a pedido de una Asociación de Consumidores. La misma determinaba que hasta que se resuelva la cuestión de fondo referidas al incremento de las cuotas, tenía que facturar con valores a julio del 2019. Esto fue apelado por las automotrices y la justicia les dio la razón. Ahora están llegando las facturas con las cuotas actualizadas y el reclamo de los montos adeudados por las diferencias desde el 2019.
En muchos casos se han resuelto en forma individual pagando las cuotas actualizadas y la deuda generada abonarla o refinanciarla al final del plan. Defensa al Consumidor interviene cuando hay requerimiento de los reclamos en la órbita judicial.
Procedimiento
La Ley de Defensa al Consumidor ampara a las personas que en determinadas transacciones o gestiones ven violados sus derechos, de acuerdo a lo que establece la Ley Nacional N° 24240. Cuando reciben las presentaciones hay dos instancias; la primera es de conciliación y la segunda sumarial. La primera se canaliza en cada uno de los 23 municipios de la provincia que tienen oficinas de (DC), el damnificado presenta la denuncia y el 80 % de las causas se resuelven en esta instancia. El 20 % restante en el marco de convenios firmados con los municipios, de allí se remite a la sede en Paraná donde se instrumenta el sumario y se determinan las sanciones que correspondan.
Aclaró que todas las tramitaciones y servicios que prestan las oficinas son totalmente gratuitos.
