Por Claudio Molina (*).- La Ley 26.093 expirará el 12 de mayo de 2021, según su artículo 1°, que establece una vigencia de quince años a partir de su sanción, ocurrida en abril de 2006. Sin embargo, el Poder Ejecutivo está facultado para extender esa vigencia, de acuerdo con los artículos 7° y 8° de la ley, computando los quince años desde el inicio efectivo del mandato de corte de combustibles minerales con biocombustibles, que ocurrió en 2010.

Por lo tanto, por un simple decreto, el régimen podría extenderse hasta el 31 de diciembre de 2024. No obstante, gran cantidad de actores privados de la cadena de valor de biocombustibles consideran mucho más eficiente lograr la sanción de una nueva ley, en base a estos fundamentos:

Problemas de gestión de la Autoridad de Aplicación de esta ley y vacíos reglamentarios han motorizado la presentación de diversas medidas cautelares autónomas por parte de los productores de biocombustibles, con sentencia favorable en la Justicia Federal en lo Contencioso Administrativo, que hoy están vigentes y producen un alto nivel de conflictividad, que muy probablemente continuará mientras se mantenga el actual régimen.
Importantes inversiones -con el consecuente impacto positivo en la generación de empleos- están condicionadas a que se establezca un horizonte largo y previsible de reglas de juego del programa nacional de biocombustibles, hecho compatible con la sanción de una nueva ley, cuyo texto más recomendable es el del anteproyecto aprobado en 2019, en el ámbito de la Liga Bioenergética de Provincias.

Si bien la ley 26.093 cumplió un ciclo exitoso, más allá de regulaciones que debieron ser optimizadas, los avances técnicos y científicos producidos en las últimas dos décádas recomiendan la sanción de una nueva ley, que establezca flamantes senderos de mandatos para una intensificación en el uso de los biocombustibles, incorporando nuevos procesos y productos que promuevan mayor eficiencia.

Una nueva ley crea instituciones para favorecer la mayor participación de las provincias en un modelo de promoción federal de los biocombustibles, facilitando la introducción de programas regionales que sean funcionales a las demandas de las zonas respectivas.

El anteproyecto de ley de la Liga Bioenergética establece, como porcentajes mínimos de corte, el 15% para el gasoil con biodiésel (B15) a partir del primer año de vigencia, y del 15% de bioetanol anhidro con naftas (E15), incrementando en este caso en tres puntos el porcentaje de mezcla actual desde el inicio de su vigencia. Además, establece que el corte con naftas se pueda ampliar gradualmente al 18% dentro de los 18 meses de vigencia de la nueva norma, hasta llegar a un máximo de 27,50% a fin de 2027, porcentaje que ya utiliza el mercado automotor de Brasil.

En todos los casos, la Autoridad de Aplicación puede mantener un surtidor de respaldo durante un tiempo indefinido, con E15 y B12, para abastecer a los vehículos más viejos. En el caso de bioetanol anhidro, hasta un volumen anual de 1.350.000 m3 anuales, la distribución de la oferta se reparte en partes iguales entre el producido a partir de derivados de caña de azúcar y de maíz, con independencia de la oferta que se pueda agregar con derivados de otras materias primas renovables.

Con una nueva ley se limita el nivel de discrecionalidad, que se torna particularmente arbitrario en épocas inestables. Es posible establecer, por ley, un régimen sancionatorio mucho más riguroso que el de la actual norma, la cual puede llevar a situaciones en la que a un actor le resulta beneficioso no cumplir sus obligaciones dado que las eventuales multas son menores al beneficio obtenido.

 

(*) El autor es director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno

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