Avanza la causa por los contratos truchos en la Legislatura entrerriana

Recientemente, se llevó a cabo una audiencia preliminar en el marco de la causa por los contratos truchos en la Legislatura de Entre Ríos. La jueza de Garantías, Marina Barbagelata, convocó esta instancia con el objetivo de establecer las pautas que regirán las audiencias de remisión a juicio, previstas para comenzar el 22 de abril y extenderse, en principio, hasta septiembre.

En este contexto, el abogado Emilio Fouces, representante legal de tres empleados jerárquicos de la Legislatura—uno de la Cámara de Diputados y dos de la Cámara de Senadores—además de un contador público nacional que será sobreseído por falta de pruebas, brindó declaraciones al portal Debate Abierto respecto a sus expectativas sobre el proceso.

Una causa de gran magnitud

Fouces señaló que el juicio será complejo debido a la cantidad de imputados y la diversidad de acusaciones. "La causa involucra a 32 imputados, cada uno con su defensa. La acusación estará representada por tres fiscales del Ministerio Público Fiscal (MPF) y la Fiscalía de Estado, dado que el Estado es la parte damnificada en el delito investigado. Se prevé la realización de audiencias cuatro días por semana y en doble turno, lo que podría extender el juicio más allá de septiembre", explicó.

El letrado destacó que el caso genera indignación debido a la millonaria suma de dinero público presuntamente sustraída a través de los contratos irregulares. "Se investigan más de 800 contratos suscritos entre 2008 y 2018, firmados tanto por los contratantes como por los contratados. Sin embargo, los únicos facultados para celebrar estos contratos eran los diputados provinciales de distintas épocas y partidos", indicó.

Críticas a la acusación fiscal

Fouces cuestionó que, a pesar de la magnitud del fraude estimado en 53 millones de dólares, los legisladores que firmaron los contratos no han sido imputados. "La estrategia del MPF ha sido seleccionar a quiénes acusar. Han decidido llevar a juicio a ciertas personas, pero no a quienes efectivamente firmaron los contratos", subrayó.

El abogado también sostuvo que los fiscales deberán justificar ante el tribunal cómo pretenden obtener condenas cuando las firmas en los contratos corresponden a personas que no están siendo juzgadas. "Este es un mensaje muy triste para la sociedad. Si se confirma que hubo una sustracción de dinero, ¿cómo se explica que quienes firmaron esos contratos ni siquiera hayan sido citados a declarar?", cuestionó.

Un sistema vigente desde 1983

Según Fouces, el sistema de contratación de la Legislatura entrerriana no es nuevo, sino que ha estado en funcionamiento desde el retorno de la democracia en 1983. "Todos los legisladores que han pasado por la provincia han utilizado este mecanismo, incluidos los que hoy están en funciones", afirmó.

Finalmente, el abogado reiteró que el juicio podría extenderse más allá del plazo inicialmente previsto. "Se espera que dure entre cuatro y cinco meses, pero en función de las pruebas y las discusiones que se presenten, podría prolongarse mucho más", concluyó.