En una decisión que marca un nuevo capítulo en su política de ajuste y reorganización del Estado, el Gobierno nacional oficializó este martes la disolución, transformación y fusión de 21 organismos públicos. La medida fue publicada en el Boletín Oficial N° 35.702 y abarca dependencias de diversas áreas como salud, transporte, agroindustria, industria y seguridad vial.Según informó la agencia Noticias Argentinas, las competencias esenciales de los entes eliminados serán reasignadas a los ministerios y secretarías correspondientes, mientras que el personal conservará sus cargos hasta que se definan las nuevas estructuras.<section class="noteSuggested" data-id="132228" data-title="Puede interesarte"></section><h2>Organismos disueltos y reubicación de funciones</h2>Entre los organismos que dejan de existir figuran:Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)Dirección Nacional de Vialidad (DNV)Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR)Instituto Nacional de Semillas (INASE)Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI)Delegaciones Sanitarias FederalesAgencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME)Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad VialComisión Nacional de SemillasInstituto Nacional de Medicina Tropical (INMET)Las funciones de estos entes serán asumidas por organismos como los ministerios de Salud, Economía, y secretarías de Transporte, Agricultura e Industria, según cada caso. La Agencia Nacional de Seguridad Vial, por ejemplo, pasará a depender de la Secretaría de Transporte y de la Gendarmería Nacional, mientras que la ARICCAME será absorbida por la ANMAT y el Ministerio de Economía.En el caso del Instituto Nacional de Medicina Tropical, su cierre se justifica por "superposición de funciones y falta de resultados concretos", según los fundamentos oficiales.<h2>Transformaciones y nuevas estructuras</h2>Algunos organismos no fueron disueltos sino reconvertidos o fusionados dentro de nuevas estructuras:La CNRT pasa a ser la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.La Junta de Seguridad en el Transporte se transformó en la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación, con funciones limitadas al área aeronáutica.Se crea la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES), que centralizará la gestión de los hospitales nacionales Posadas, Sommer, Carrillo, INAREPS y Bonaparte.A su vez, instituciones como el Instituto Nacional del Cáncer, el INTI, el INV, el INPI y el INTA fueron reubicadas como unidades organizativas o desconcentradas dentro de las respectivas secretarías de Salud, Industria y Agricultura.<h2>Criterios y argumentos del Ejecutivo</h2>Según el Gobierno, la decisión se tomó tras un diagnóstico que detectó un crecimiento "desproporcionado" de organismos descentralizados, con una planta que pasó de 35.481 agentes en 2010 a 88.095 en 2024. Se identificaron también irregularidades administrativas, duplicación de funciones y falta de control interno.En ese marco, se estableció que los bienes inmuebles y vehículos sin uso de los organismos disueltos pasarán a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), para su posterior reasignación o venta. Los fondos líquidos disponibles, en tanto, serán transferidos al Tesoro Nacional.<h2>Continuidad y próximos pasos</h2>El Ejecutivo instruyó a los ministerios involucrados a elevar en las próximas semanas sus propuestas de adecuación organizativa, con el objetivo de asegurar la continuidad de las funciones públicas y garantizar que no haya interrupciones en los servicios.La medida se enmarca en la estrategia de reestructuración del Estado que lleva adelante la gestión del presidente Javier Milei, con el objetivo declarado de reducir el gasto público, mejorar la eficiencia y "terminar con los organismos inútiles o politizados", según palabras reiteradas por el mandatario en declaraciones anteriores.Organismos disueltos y su nuevo destino:<figure class="table"><table><thead><tr><th>Organismo</th><th>Nuevo destino</th></tr></thead><tbody><tr><td>ANSV</td><td>Secretaría de Transporte / Gendarmería</td></tr><tr><td>DNV</td><td>Ministerio de Economía / Agencia de Control</td></tr><tr><td>FONDEP</td><td>Ministerio de Economía</td></tr><tr><td>INAFCI / INASE</td><td>Secretaría de Agricultura</td></tr><tr><td>Delegaciones Sanitarias Federales</td><td>Ministerio de Salud</td></tr><tr><td>ARICCAME</td><td>ANMAT / Ministerio de Economía</td></tr><tr><td>Comisión Nacional de Tránsito</td><td>Subsecretaría de Transporte Automotor</td></tr></tbody></table></figure>&nbsp;Organismos transformados:<figure class="table"><table><thead><tr><th>Antes</th><th>Nuevo nombre / dependencia</th></tr></thead><tbody><tr><td>CNRT</td><td>Agencia de Control de Concesiones</td></tr><tr><td>Junta de Seguridad en el Transporte</td><td>Agencia de Investigación de Accidentes Aéreos</td></tr><tr><td>Instituto Nacional del Cáncer</td><td>Unidad dentro del Ministerio de Salud</td></tr><tr><td>INV, INPI, INTI</td><td>Unidades organizativas dentro de secretarías sectoriales</td></tr><tr><td>Hospitales nacionales</td><td>Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES)</td></tr></tbody></table></figure>

El Gobierno oficializó la disolución, transformación y fusión de 21 organismos públicos

El anuncio se realizó este lunes en una conferencia de prensa encabezada por Adorni en Casa Rosada, donde se presentó un video con fragmentos del juicio por la denominada “Causa Vialidad”, que tuvo como figura central a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, condenada en 2022 por administración fraudulenta. A partir de esa introducción, el funcionario expuso que la medida forma parte de una “reestructuración histórica” que busca “cerrar la etapa de corrupción en la obra pública”.<blockquote>“El presidente Javier Milei firmó el decreto que dispone el cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad, la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, y la Agencia Nacional de Seguridad Vial”, anunció Adorni.</blockquote>Según explicó, las competencias de fiscalización vial pasarán a una nueva entidad: la Agencia de Controles y Servicios Públicos del Transporte, que reemplazará a la CNRT. Asimismo, se abrirá una licitación para intervenir en 9.120 kilómetros de rutas nacionales, muchos de ellos “en estado crítico”, según palabras del vocero.“El Gobierno da así un acta de defunción a la corrupción en la obra pública. Es una decisión que simboliza el fin de una etapa de despilfarro y contratos irregulares”, señaló Adorni, aludiendo a las causas judiciales que motivaron el cambio estructural.<h2>Uso de facultades delegadas y ahorro fiscal</h2>La medida se enmarca dentro del último día de vigencia de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo, autorizadas por el Congreso a través de la Ley de Bases. Adorni defendió el uso que el gobierno hizo de esta herramienta, asegurando que no se prorrogó su aplicación y que se utilizó “con responsabilidad institucional”.“El presidente Milei no pidió extender las facultades delegadas. Las usó para promover reformas y generar un ahorro estimado en 2 mil millones de dólares, con 65 decretos que aliviaron la carga fiscal del Estado”, dijo.Además, contrastó este uso con gobiernos anteriores, al señalar que “el kirchnerismo prorrogó estas facultades durante años y las usó para concentrar poder y aumentar impuestos”.<h2>Críticas al pasado y mirada a futuro</h2>Adorni también cuestionó duramente a la gestión anterior por su uso de las delegaciones legislativas durante la pandemia y por el aumento de la presión fiscal. “Encerraron a los argentinos, cerraron escuelas y actividades productivas, prohibieron reuniones privadas. El problema no es la herramienta, sino cómo se usa”, enfatizó.Finalmente, sostuvo que la administración de Milei busca “reparar el daño causado por décadas de políticas irresponsables” y que “el cierre de Vialidad Nacional es parte de un rediseño integral del Estado”.

El Gobierno anunció el cierre de Vialidad Nacional y dos organismos más en el marco de una reforma estructural

Desde la medianoche del lunes 1.º de julio, YPF aplicará un incremento promedio del 3,5 % en naftas y gasoil en todo el país, tras casi dos meses de precios estables. La actualización responde a la evolución del precio internacional del crudo, el tipo de cambio, la carga impositiva y el costo de los biocombustibles, según indicó la compañía.En paralelo con el aumento, la petrolera estatal anunció un nuevo esquema de “bandas horarias” y modalidades de carga que ofrecerán rebajas puntuales a los usuarios, con el objetivo de suavizar el impacto del alza y modernizar la experiencia de carga.Una de las principales novedades es la implementación de descuentos durante la madrugada, de 0 a 6 h, para quienes abonen a través de la APP YPF, con un ahorro del 3 %. Además, los clientes que utilicen los surtidores de autoservicio —ya disponibles en algunas estaciones— podrán sumar otro 3 % de descuento adicional, alcanzando una bonificación total del 6 % en ese horario.El sistema de autoservicio, donde el usuario opera directamente la carga de combustible, forma parte de un plan de modernización que busca alcanzar la mitad de la red de estaciones YPF antes de fin de año.No obstante, algunas jurisdicciones quedarán excluidas de la acumulación de descuentos: La Pampa, Jujuy y la provincia de Buenos Aires mantendrán una rebaja máxima del 3 %, debido a normativas locales que impiden combinar beneficios.La decisión de flexibilizar precios y ofrecer promociones segmentadas se da en coincidencia con la inauguración del nuevo Real-Time Intelligence Center Comercial de YPF, un sistema de gestión dinámica que permitirá ajustar precios por región, franja horaria y modalidad de carga en función de la demanda.Desde la compañía señalaron que el objetivo estratégico es “dar protagonismo al cliente” y adaptar su política comercial a patrones de consumo más variables, buscando además fomentar el uso de herramientas digitales como la APP YPF, que centraliza promociones, medios de pago y beneficios para los usuarios frecuentes.

YPF aumenta un 3,5 % los combustibles y lanza descuentos nocturnos y autoservicio

Este lunes, el periodista Hugo Schira brindó en el programa “Crespo en Vivo” (93.7 Boing Crespo) un extenso análisis sobre el impacto del informe del banco de inversión JP Morgan, que generó un fuerte remezón político y económico en el entorno del presidente Javier Milei. La advertencia del gigante financiero no pasó desapercibida: recomienda a sus inversores “dar un paso atrás” respecto a la Argentina, encendiendo señales de alarma en el oficialismo y en los mercados.El documento, de siete páginas y distribuido entre inversores estratégicos en todo el mundo, fue publicado originalmente por Página 12, y rápidamente replicado por medios como Clarín, Infobae, Ámbito Financiero y El Cronista. La magnitud del emisor y la crudeza de su mensaje reavivaron viejos fantasmas en el país: JP Morgan alerta sobre una inminente fuga de capitales, advierte sobre los riesgos del esquema cambiario y proyecta un deterioro del programa económico libertario.<blockquote>“Concretamente, la frase es: ‘den un paso atrás con Argentina’. Pide salir del carry trade y pronostica que el dólar barato terminará en una fuga por turismo, algo que ya está ocurriendo”, sintetizó Schira.</blockquote><h2>Un déjà vu con nombre y apellido</h2>El periodista trazó paralelismos inmediatos con abril de 2018, cuando un movimiento similar del JP Morgan marcó el comienzo del colapso económico del gobierno de Mauricio Macri. En aquel entonces, una operación por 800 millones de dólares en LEVACs puso fin al ciclo de endeudamiento sostenido y disparó la corrida cambiaria.Schira remarcó que este nuevo informe no solo cuestiona el presente económico argentino, sino que le retira abiertamente el respaldo al proyecto de Milei: “Aunque habla de perspectivas positivas a mediano plazo, lo que dice hoy es: ‘salgan ya’. Y si salen, el plan se cae”.El impacto político no es menor. El informe llega luego de que el oficialismo sufriera derrotas provinciales significativas, como en Santa Fe y Formosa, donde "La Libertad Avanza no logra hacer pie", según el análisis radial. “Hay ruido electoral, dice el JP Morgan, y eso implica que prevén un mal resultado del gobierno en las elecciones de octubre”, explicó Schira.<div class="raw-html-embed"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&amp;href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Flatina97.5%2Fvideos%2F1148934873773450%2F&amp;show_text=false&amp;width=560&amp;t=0" width="560" height="314" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe></div><h2>Un modelo sin reservas ni respaldo</h2>El modelo económico de Milei —basado en el ajuste fiscal extremo, la valorización financiera y el endeudamiento externo— es, según el periodista, insostenible. “No genera reservas, solo más deuda. Lo del JP Morgan confirma lo que los analistas vienen advirtiendo: esto no aguanta mucho más”, sentenció.El informe también expresa dudas sobre el esquema cambiario del gobierno y advierte que los desequilibrios podrían agravarse en un contexto electoral adverso. Esta incertidumbre repercutió incluso en Washington, donde, según Schira, funcionarios argentinos realizaron llamadas nerviosas para entender por qué el banco “los mató” con ese informe.<blockquote>“El JP Morgan es uno de los socios de la Reserva Federal de EE.UU. Esto no es un dato menor: ya no es solo una crítica técnica, es un mensaje político y financiero que puede dinamitar el plan económico”, enfatizó Schira.</blockquote><h2>El fusible del capital financiero</h2>Uno de los puntos más fuertes del editorial radial fue la advertencia sobre la fragilidad estructural del gobierno libertario. Schira fue categórico al afirmar que Milei está siendo tratado como un “fusible” por los mismos actores que hasta ahora lo respaldaban: “El informe del JP Morgan es un recordatorio de quién manda. Le están diciendo que si el plan no sirve, también puede volar él, no solo su ministro”.A esto se suma la tensión con sectores que fueron aliados naturales de la gestión: la banca internacional comienza a darle la espalda y el sector agroexportador también muestra descontento ante el retorno de las retenciones. “Un gobierno antiimpuestos que no baja la presión impositiva porque desesperadamente necesita plata de donde sea”, señaló.<h2>Impacto social y provincial</h2>Schira también conectó el deterioro macroeconómico con el clima social: desempleo en alza, caída del consumo, endeudamiento creciente en los hogares. Advirtió que si el modelo colapsa, el golpe sobre trabajadores, cuentapropistas y jubilados será aún más profundo.En el plano federal, subrayó el malestar creciente en las provincias. La reunión reciente de los 24 gobernadores para plantear cambios en la distribución fiscal es una señal del rechazo al ajuste. “La motosierra no se aplica solo en Nación, ya empieza a sentirse en salud, educación y obra pública en los distritos”, advirtió.<h2>¿Y ahora qué?</h2>Consultado sobre posibles escenarios, Schira fue cauto pero contundente: “No podría decir qué va a pasar, pero sí que el respaldo que Milei tenía, hoy empieza a resquebrajarse. El problema del presidente con JP Morgan es grave, pero más grave es el problema que tenemos nosotros como sociedad”.Cerró con una advertencia que resuena como eco de 2018: “La toma del JP Morgan fue la antesala del acuerdo con el FMI y la caída del macrismo. Hoy el mismo actor dice: lo de Milei no dura. Esa, quizás, es la noticia más importante del año en la Argentina”.

El informe del JP Morgan que sacudió al gobierno de Milei: análisis de Hugo Schira en "Crespo en Vivo"

Este martes 1 de julio será una jornada clave en la relación entre las provincias y el Gobierno nacional. Los gobernadores de las 24 jurisdicciones del país enviarán a sus ministros de Economía a una reunión con Carlos Guberman, secretario de Hacienda de la Nación y delegado del ministro Luis "Toto" Caputo, con el objetivo de avanzar en un acuerdo sobre la distribución de fondos coparticipables y Aportes del Tesoro Nacional (ATN), y evitar un conflicto institucional en el Congreso.El encuentro se desarrollará en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) en la Ciudad de Buenos Aires. Allí, los representantes provinciales expondrán sus propuestas para reequilibrar el reparto del impuesto a los combustibles líquidos y rediscutir el esquema de los ATN. La iniciativa surge en medio de una marcada caída de la recaudación, afectada por el retroceso del consumo y la baja en la recaudación del IVA y tributos locales como Ingresos Brutos.<h2>Proyecto conjunto y señales de unidad política</h2>Los 24 gobernadores, de todos los signos políticos —desde Axel Kicillof (Unión por la Patria) y Jorge Macri (PRO), hasta Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut, PRO), Martín Llaryora (PJ-Córdoba) y Maximiliano Pullaro (UCR-Santa Fe)— trabajan en un proyecto de ley conjunto que propone:La eliminación de todos los fondos fiduciarios financiados con el impuesto a los combustibles líquidos, para que esos recursos puedan ser asignados según prioridades propias tanto por la Nación como por cada provincia.La redistribución de los ATN según el sistema de coparticipación primaria y secundaria, contemplando el actual contexto de crisis económica.Según expresó el gobernador chubutense Ignacio Torres, la idea es terminar con la utilización política de los fondos: "Históricamente los ATN se usaron de forma discrecional para premiar o castigar gobernadores. Lo que proponemos es que estos fondos se coparticipen con reglas claras. Esto no es sacarle dinero a la Nación, sino que se respete lo que por ley corresponde a las provincias".<h2>Estrategia técnica para evitar la confrontación política</h2>El eje de la reunión con Guberman será técnico. Los ministros provinciales explicarán de dónde podrían salir los recursos para asistir a las provincias sin afectar el equilibrio fiscal nacional. Proponen que una parte de los fondos se libere para uso del Gobierno nacional y la otra se coparticipe automáticamente, lo que permitiría previsibilidad financiera en medio de la recesión.El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ya había recibido reclamos similares en reuniones con mandatarios provinciales, pero no avanzó en soluciones concretas, ya que no tiene control sobre el presupuesto ni sobre la política fiscal, según destacó el medio Ámbito.<h2>Reclamos adicionales y una agenda federal más amplia</h2>Mientras tanto, los gobernadores también impulsan otras iniciativas. El gobernador Pullaro participó recientemente en una audiencia con la Corte Suprema por la deuda previsional de la ANSES con Santa Fe, acompañado por sus antecesores Omar Perotti y Antonio Bonfatti, en un gesto de unidad institucional.Además, representantes de 13 provincias del Norte Grande y Litoral se reunieron en Santiago del Estero para consensuar un proyecto de tarifa eléctrica diferencial para zonas cálidas y muy cálidas, basado en criterios técnicos de la norma IRAM 11603/12. La propuesta busca corregir asimetrías en el costo de la energía y será presentada próximamente en el Congreso.<h2>Un nuevo intento ante Economía</h2>El encuentro de este martes en el CFI representa un intento crucial para evitar una escalada en la tensión entre las provincias y el Ejecutivo nacional. Guberman fue designado por Caputo para acercar posiciones con los ministros provinciales y explorar salidas negociadas, antes de que los gobernadores avancen con un proyecto de ley propio que modifique sustancialmente la arquitectura fiscal vigente.

Provincias buscan un acuerdo con Nación para reformular la distribución de fondos y eliminar fondos fiduciarios

La Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) anunció que este año el Día del Niño volverá a celebrarse en su fecha tradicional, el segundo domingo de agosto, fijándose para el 10 de agosto de 2025. La medida marca un retorno a los orígenes de esta celebración, que había sido modificada en 2013 para evitar su coincidencia con las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).Según explicaron desde la CAIJ, la decisión busca dinamizar el consumo en un sector duramente golpeado, en un contexto donde las ventas vienen en franco descenso. Solo en mayo, las ventas de juguetes cayeron un 15% en comparación con el mismo mes del año anterior, mientras que el Día del Niño de 2024 mostró una contracción del 16%.<blockquote>"Con la suspensión de las PASO, consideramos oportuno volver a la fecha original, que tiene beneficios tanto para los consumidores como para los comerciantes", indicaron desde la Cámara.</blockquote>Entre los principales motivos, la entidad destacó que el segundo domingo de agosto está más cerca de la fecha de cobro de salarios, lo que facilita las compras en efectivo y reduce la dependencia de financiación. A su vez, se evita la superposición con fines de semana largos, como el feriado del 17 de agosto por el paso a la inmortalidad del General San Martín, que muchas familias utilizan para viajar, destinando su presupuesto a otros fines.La industria juguetera espera que esta modificación marque un punto de inflexión, incentivando a los consumidores a priorizar las compras en el rubro en una fecha clave para el sector.<blockquote>“Confiamos en que esta decisión tenga un impacto positivo. Necesitamos generar movimiento comercial y fortalecer el rol cultural del juguete en el desarrollo de los chicos”, agregaron desde la CAIJ.</blockquote>El regreso al 10 de agosto también representa una oportunidad para los comerciantes, que podrán organizar con más previsibilidad sus campañas promocionales y ajustar sus estrategias de stock y precios. En medio de un escenario económico desafiante, esta fecha se presenta como una chance clave para revertir la tendencia a la baja.

El Día del Niño vuelve a su fecha histórica: se celebrará el 10 de agosto

En una cumbre clave realizada este lunes al mediodía en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI), gobernadores de distintas fuerzas políticas consensuaron un proyecto de ley que busca reformar la distribución de los fondos generados por el impuesto a los combustibles líquidos y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). El encuentro, motivado por la fuerte caída en la recaudación, incluyó el compromiso del Gobierno nacional de mantener abierta una mesa de diálogo permanente con las provincias.<h2>Redistribución de fondos fiduciarios</h2>La iniciativa firmada por los mandatarios provinciales propone la eliminación de todos los fondos fiduciarios que se financian con el impuesto a los combustibles, con el objetivo de que esas partidas sean utilizadas “según las prioridades que cada uno defina”, tanto por la Nación como por las 24 jurisdicciones del país.Asimismo, se plantea una nueva distribución del impuesto a los combustibles:10,4% para la Nación,58,36% para las provincias,28,69% para el Sistema Único de Seguridad Social,y 2,55% en compensación al Transporte Público (según el Decreto 652/2002).El proyecto también propone disolver los fideicomisos del Sistema de Infraestructura del Transporte (FFSIT) y de Infraestructura Hídrica (FFIH), creados por decretos en 2001, que actualmente gestionan parte de los fondos provenientes del impuesto a los combustibles.<h2>Cambios en los ATN</h2>En el contexto de la crisis económica, el texto firmado por los gobernadores reclama que el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) se distribuya conforme a los criterios de coparticipación primaria y secundaria establecidos por la Ley 23.548. Además, solicita que esa transferencia sea “automática y diaria”, eliminando la lógica discrecional con la que se asignan actualmente los recursos.<h2>Una cumbre federal con amplia convocatoria</h2>La reunión contó con la participación de más de una veintena de mandatarios provinciales, incluyendo a figuras del peronismo como Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero), así como a gobernadores de perfil más dialoguista con el oficialismo libertario, como Martín Llaryora (Córdoba), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires). También asistieron vicegobernadores de Neuquén, Chaco y Santa Cruz.Se ausentaron con aviso Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Valdés (Corrientes).Desde el Gobierno nacional, los funcionarios Nicolás Catalán y Javier Guberman participaron como representantes de la Casa Rosada. Según trascendió, llevaban el mandato de analizar la posibilidad de elevar al 50% la coparticipación del impuesto a los combustibles, aunque no se concretó un acuerdo. El único compromiso firme fue mantener abierta la negociación.<h2>Diálogo abierto pero con cautela</h2>“Fue una buena reunión. Habrá una mesa de diálogo constante para seguir las cuestiones por ATN, impuesto a los combustibles y obras”, afirmó un vocero libertario tras el cónclave. La medida refleja una creciente preocupación entre las provincias por la caída de ingresos y la falta de previsibilidad financiera.El nuevo entendimiento se produce semanas después de una reunión entre varios gobernadores y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, donde se abordaron los mismos temas. Desde entonces, crece el consenso interprovincial para exigir mayor equidad y transparencia en la distribución de los fondos nacionales.Con este proyecto, los gobernadores buscan no sólo oxigenar las arcas provinciales, sino también instalar una nueva lógica en la relación con el Gobierno central, basada en reglas claras y automáticas que eviten favoritismos o condicionamientos políticos. El debate ahora se traslada al Congreso.

Gobernadores impulsan proyecto para redistribuir fondos de combustibles y ATN con criterios más equitativos

El Ministerio de Capital Humano presentó este martes los resultados de la Prueba Aprender 2024, una evaluación nacional que midió los aprendizajes de 379.050 estudiantes de 5º y 6º año de secundaria en todo el país. Los datos son alarmantes: apenas el 14,2% logró un nivel satisfactorio en Matemática, mientras que el 58% lo consiguió en Lengua, evidenciando una brecha educativa que se arrastra desde hace años.La evaluación, realizada el 24 de octubre con una cobertura del 96,6% de las escuelas, mostró que el 54,6% de los alumnos se ubica por debajo del nivel básico en Matemática, y solo un 31,2% alcanza el nivel básico. Peor aún: ningún estudiante llegó al nivel avanzado, un indicador que no se registra desde 2013 y que refleja un deterioro progresivo en la enseñanza de esta disciplina.<h2 style="margin-left:0px;">Una crisis que requiere acciones urgentes</h2>En diálogo con Agencia Noticias Argentinas, Carlos Torrendell, secretario de Educación nacional, admitió la gravedad del panorama: "Veníamos trabajando desde fines del año pasado en mejorar la enseñanza de la Matemática. Estos resultados confirman que necesitamos un cambio profundo".El funcionario comparó el aprendizaje matemático con el dominio de un idioma: "La Matemática es una lengua con mayor nivel de abstracción. Su enseñanza requiere una formación sólida, tanto en estudiantes como en docentes".Torrendell aclaró que las evaluaciones por sí solas no solucionan el problema: "Un chequeo médico no sirve si no actuamos sobre los resultados. Cada escuela tendrá sus datos desagregados para diseñar estrategias específicas".<h2 style="margin-left:0px;">Factores que influyen en el bajo rendimiento</h2>El informe identificó tres variables clave en el desempeño académico:Nivel socioeconómico: Los estudiantes de contextos más vulnerables, incluso con buenos hábitos de estudio, no logran equiparar los resultados de los sectores favorecidos.Trayectoria escolar: Los alumnos sin repitencias ni sobreedad obtuvieron mejores calificaciones.Horas de estudio: Quienes dedicaron más de 5 horas semanales a repasar antes de la prueba rindieron mejor.Florencia Sourrouille, de la Dirección Nacional de Análisis Estratégico de Datos, advirtió: "El nivel inicial es clave, pero también debemos preguntarnos por la calidad de la oferta educativa en los sectores más postergados".<h2 style="margin-left:0px;">Participación récord y otros hallazgos</h2>Pese a los malos resultados, la prueba tuvo una participación del 70,2%, la más alta desde 2016, con solo un 2,9% de alumnos presentes pero no comprometidos. Además:Tecnología y riesgos: Un 20% de los estudiantes admitió participar en apuestas en línea (30% entre varones), y muchos no regulan su uso de pantallas.Cobertura nacional: Todas las provincias superaron el 90% de escuelas evaluadas, excepto Neuquén (62%).Más estudiantes en secundaria: La matrícula creció en 100.000 alumnos entre 2016 y 2024, lo que refleja mejor retención.<h2 style="margin-left:0px;">Tres ejes para la transformación educativa</h2>Torrendell anunció que la política educativa se basará en:Alfabetización (prioridad en Lengua y Matemática).Inteligencia Artificial (como herramienta pedagógica y de análisis de datos).Reforma del modelo secundario: "El formato tradicional, con materias fragmentadas, deja afuera a quienes no tienen apoyo en sus hogares", explicó.Magdalena Benvenuto, de la Dirección Nacional de Evaluación, agregó: "La educación digital no es solo acceso a tecnología, sino formación en su uso responsable".<h2 style="margin-left:0px;">¿Es posible revertir la tendencia?</h2>Las autoridades insisten en que con políticas focalizadas, más recursos y compromiso docente, se puede mejorar. Pero el tiempo apremia: los resultados de la próxima prueba dirán si las medidas implementadas logran cambiar una realidad que, por ahora, sigue en rojo.

Preocupantes resultados en Matemática: solo el 14% de los estudiantes secundarios alcanza nivel satisfactorio

En una medida que promete alterar el mercado automotor argentino, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció que el Gobierno habilitará la importación directa de vehículos nuevos por parte de particulares, y analiza extender esta posibilidad también a los autos usados.“Vamos a facilitar la importación personal de vehículos nuevos a las personas”, adelantó Sturzenegger en una entrevista periodística, al tiempo que confirmó que la normativa correspondiente será publicada próximamente en el Boletín Oficial.<h2>Fin de trabas burocráticas</h2>Hasta ahora, los particulares debían cumplir con requisitos como la Licencia de Configuración de Modelo (LCM) para importar un auto, proceso que implicaba elevados costos y complejidades administrativas. Sturzenegger señaló que se simplificará el procedimiento:<blockquote>“Antes te pedían la LCM para homologarlo, pero si a un auto ya lo dejan andar en Europa o Estados Unidos, vamos a presumir que acá va a funcionar también”.</blockquote>Con esta decisión, el Gobierno busca aumentar la competencia en el sector, mejorar la oferta disponible para los consumidores y reducir los precios de vehículos que, según fuentes oficiales, están “artificialmente inflados”.<h2>Apertura también para usados</h2>El ministro también adelantó que se estudia habilitar la importación personal de autos usados, bajo nuevas condiciones más flexibles:<blockquote>“Estamos viendo la posibilidad, bajo condiciones bastante más amplias que ahora, la importación de autos usados”.</blockquote>Actualmente, importar vehículos usados está severamente restringido en Argentina, salvo excepciones como autos clásicos, adaptados o diplomáticos. La eventual flexibilización marcaría un cambio de rumbo significativo.<h2>Tensión con las automotrices</h2>El anuncio se produce en medio de un contexto de tensión entre el Gobierno y las automotrices locales por el nivel de los precios. En mayo, varias marcas incrementaron sus listas, pero luego retrotrajeron los valores tras advertencias del ministro de Economía, Luis Caputo:<blockquote>“Vamos a utilizar las herramientas que tenemos para que bajen”, había dicho.</blockquote>Sin embargo, en junio las nuevas listas llegaron con subas de entre el 2 y el 3%, lo que reavivó la preocupación oficial por la falta de respuesta a las señales del mercado.<h2>Impacto potencial</h2>Especialistas del sector anticipan que la medida podría provocar una baja de precios en segmentos específicos y dinamizar el mercado, aunque también advierten sobre desafíos logísticos, normativos y aduaneros. La Cámara de Importadores Automotrices se mostró expectante, mientras que desde las terminales locales aún no hubo declaraciones formales.De concretarse la flexibilización para autos usados, se trataría de uno de los cambios más profundos en el régimen automotor argentino de los últimos años.

El Gobierno permitirá la importación personal de autos nuevos y analiza ampliar el ingreso de usados

Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en mayo de 2025 una familia tipo necesitó ingresos mensuales de al menos $1.110.624 para no caer por debajo de la línea de pobreza. Así lo reveló el organismo en su último informe sobre la Canasta Básica Total (CBT) y la Canasta Básica Alimentaria (CBA), indicadores clave para medir la situación económica de los hogares argentinos.La CBT contempla no solo el gasto alimentario, sino también todos los consumos esenciales que debe afrontar un hogar en el transcurso de un mes: transporte, salud, educación, servicios y otros bienes no alimentarios. En consecuencia, cualquier familia con ingresos inferiores al valor de la CBT es técnicamente considerada "pobre".Durante mayo, la CBT tuvo una variación prácticamente nula respecto a abril: solo un 0,1% de incremento, es decir, $561 más que el mes anterior. En contrapartida, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) —que mide exclusivamente el costo de una alimentación mínima para no caer en la indigencia— se ubicó en $500.281, lo que implicó una baja del 0,4% en relación al mes previo.<h2>¿Qué significa ser “pobre” o “indigente”?</h2>Ambas canastas son herramientas estadísticas que permiten evaluar los niveles de vulnerabilidad económica. Mientras la CBT define el umbral de pobreza, la CBA fija la línea de indigencia: los hogares cuyos ingresos no alcanzan ni siquiera para cubrir la canasta alimentaria se consideran en situación de indigencia.Para estas mediciones, el Indec utiliza como referencia una familia tipo, compuesta por un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de 6 y una hija de 8. Esta estructura permite establecer un promedio poblacional, aunque no refleja la diversidad real de configuraciones familiares que existen en el país.<h2>Ingresos y desigualdad</h2>Con un umbral de más de un millón de pesos para no ser considerado pobre, las cifras actualizadas por el Indec vuelven a poner en el centro del debate la capacidad adquisitiva de los salarios, jubilaciones y planes sociales, y cómo impacta la inflación sobre el poder de compra de los hogares. Si bien la estabilidad de las cifras de mayo podría reflejar un freno en la suba de precios, el piso económico sigue siendo elevado y excluyente para amplios sectores de la población.

Más de un millón de pesos: lo que necesitó una familia en mayo para no ser pobre en Argentina

El economista Claudio Zuchovicki analizó el actual escenario económico argentino y advirtió sobre el impacto que está teniendo el ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei en el consumo diario de los argentinos. En diálogo con Rivadavia AM 630, destacó que si bien se logró ordenar la macroeconomía, el mayor desafío ahora es la situación microeconómica, es decir, lo que vive la gente en la calle.“La macro ya no se discute, el gobierno la ordenó. Ahora discutimos la micro, lo que vive la gente en la calle, el kiosquero, el que va al supermercado”, expresó Zuchovicki, en una entrevista que puso el foco en la brecha creciente entre los logros técnicos del plan económico y la realidad cotidiana de millones de argentinos.<h2>Dólares, superávit y consumo</h2>Al referirse a la escasez de dólares, una constante en la economía local, el analista explicó que existe optimismo oficial por la posible baja del tipo de cambio, sustentado en el superávit fiscal y comercial logrado en los primeros meses de la gestión. “En finanzas, cuando tenés superávit, cuando ganás más de lo que gastás, eso genera estabilidad”, dijo. No obstante, aclaró que esa estabilidad macroeconómica “todavía no llegó al día a día de millones de personas”.Zuchovicki enfatizó que la mejora de las variables macro no se traduce inmediatamente en mejoras tangibles para la sociedad. “El gran desafío ahora es que esa estabilidad empiece a sentirse en el bolsillo”, sostuvo.<h2>El drama del comercio minorista</h2>Uno de los sectores más golpeados, según el economista, es el comercio minorista. “Esta semana se habló del cierre de 15.000 kioscos. Es tremendo. Y no es solo por los impuestos o los alquileres, sino porque el consumo se derrumbó. Antes el margen era muy chiquito, pero se vendía. Hoy ya no alcanza”, alertó.Aseguró que pequeños comerciantes que antes podían sostener tres locales ahora apenas pueden mantener uno. “Es un proceso de ajuste muy fuerte que impacta directamente en los ingresos familiares”, describió, con preocupación por el efecto multiplicador de esa caída en el consumo sobre la economía general.<h2>Inflación, Estado y poder adquisitivo</h2>Zuchovicki también abordó el problema de la inflación, señalando que no se trata únicamente de una cuestión monetaria. “La inflación también es una responsabilidad del Estado”, indicó, al tiempo que subrayó que “el desafío ahora es que la gente tenga dinero en el bolsillo”.“Necesitamos una economía donde el consumo no sea un ahogo. Cuando la gente no puede consumir, se enfría todo, y ahí perdemos todos”, sostuvo, dejando en claro que la reactivación de la demanda interna será clave para consolidar el camino de la recuperación.

Claudio Zuchovicki: “La macro ya se ordenó, pero la microeconomía sigue siendo un drama cotidiano”

El Gobierno nacional oficializó este lunes la disolución del Fondo Fiduciario Público “Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar” (Pro.Cre.Ar), a través de la Resolución 764/2025 publicada en el Boletín Oficial. La medida detalla los pasos operativos a seguir tras el Decreto 1018/2024 del pasado 12 de noviembre, que dispuso su eliminación como parte del plan de reestructuración del Estado.El programa Pro.Cre.Ar, creado en 2012 con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda única, había sido uno de los instrumentos de política habitacional más significativos de los últimos años. Sin embargo, el Ejecutivo argumentó que se convirtió en una “pesada carga para las cuentas públicas” y que presentaba dificultades de fiscalización, además de múltiples observaciones señaladas por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).Entre los cuestionamientos detectados por la SIGEN se encuentran demoras en la entrega de viviendas y locales, lo que generó gastos adicionales en mantenimiento y seguridad; incumplimientos contractuales con instituciones como la Universidad Tecnológica Nacional (UTN); reclamos por falta de condiciones de habitabilidad en unidades ya entregadas, y la falta de actualización de manuales operativos.Además, el informe determinó que la gestión del fondo “no ha sido transparente, ni ágil, ni eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común”, lo que terminó por justificar su disolución, enmarcada dentro de la Ley N° 27.742, que declaró la emergencia pública y facultó al Poder Ejecutivo a intervenir sobre los fondos fiduciarios.<h2>La gestión pasa al Banco Hipotecario</h2>Si bien el fondo fiduciario se disuelve, la continuidad de la administración de los créditos otorgados estará a cargo del Banco Hipotecario S.A., institución que ya había operado el programa desde su creación. La gestión se realizará bajo los mismos términos y retribuciones establecidos en el contrato original de fideicomiso de 2012.Asimismo, el Banco Hipotecario deberá transferir las sumas líquidas resultantes de las cobranzas a la cuenta “Recaudación TGN”, previa deducción de gastos y honorarios. También podrá proceder a la venta de carteras de créditos con baja rentabilidad —menos del 40% de cobrabilidad— por instrucción de la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial.<h2>Bienes, inmuebles y transferencias</h2>La Resolución también establece que el Ministerio de Economía será responsable de administrar los bienes muebles e inmuebles del disuelto fondo, incluyendo la regularización de los dominios. El Estado podrá transferir propiedades a provincias, municipios, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, institutos de vivienda u otros organismos, y en caso de que los bienes hubieran sido originalmente aportados por provincias o municipios, se evaluará su restitución.Por otro lado, los inmuebles fiduciarios que no estén afectados a obras con contratos vigentes serán transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), mediante convenios con el Banco Hipotecario y la Secretaría de Obras Públicas.Las obligaciones económicas pendientes se cancelarán con lo recaudado por los créditos o por la venta de propiedades, siguiendo el orden de prelación previsto en el contrato fundacional.<h2>Proceso de liquidación y causas judiciales</h2>La resolución detalla que todo el proceso de liquidación se regirá por las disposiciones del Decreto 1018/2024, el contrato de fideicomiso de 2012, y normativas complementarias como el Decreto N° 695/24 y la Resolución 796/24.En tanto, las causas judiciales en curso derivadas del programa serán atendidas por la unidad jurídica que designe la Subsecretaría Legal del Ministerio de Economía.

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