<p>El estudio, correspondiente a abril de 2026, señala que la presión tributaria en el país alcanzó el 27,6% del PBI en 2024, por debajo del promedio de los países de la OCDE, que se ubicó en 34,1%. De este modo, la brecha volvió a superar los seis puntos porcentuales tras 17 años, aunque Argentina continúa por encima del promedio de América Latina.</p><h2>Menor presión, pero por factores puntuales</h2><p>Uno de los principales factores detrás de la reducción reciente fue la eliminación del impuesto PAIS, que entre 2023 y 2025 dejó de representar 0,79 puntos del PBI. En paralelo, los denominados impuestos de emergencia —como el impuesto al cheque y los derechos de exportación— redujeron su peso en la recaudación total al 12% en 2025, frente al 17% registrado en 2024, alcanzando uno de los niveles más bajos desde 2004.</p><p>Otro elemento clave fue la desaceleración inflacionaria. Según el informe, la inflación medida por el índice de precios implícito del PBI se ubicó en 39,1% en 2025, el valor más bajo desde 2017. Esto redujo el denominado “impuesto inflacionario” a 1,1% del PBI, uno de los registros más bajos en dos décadas.</p><p>“El peso de la inflación como impuesto invisible y regresivo cada vez toma menor relevancia”, destaca el documento.</p><figure class="image"><img src="https://paralelo32cdn.eleco.com.ar/media/2026/04/sistema_tributario_argentino.png" alt="sistema tributario argentino"></figure><h2>Persisten los problemas de fondo</h2><p>A pesar de estos avances, el informe advierte que el sistema tributario argentino continúa mostrando debilidades estructurales. Entre ellas, una carga impositiva elevada en comparación con la región y, especialmente, altos costos de recaudación.</p><p>Mientras América Latina logró reducir estos costos, Argentina los incrementó hasta alcanzar 1,31 unidades monetarias por cada cien unidades recaudadas, reflejando un sistema más complejo y menos eficiente.</p><p>Este escenario impacta directamente en el índice de performance tributaria, que apenas pasó de 4,3 a 4,4, manteniéndose en niveles de cumplimiento parcial en términos de eficiencia y suficiencia.</p><p>“Pese al superávit fiscal, la carga y la complejidad tributaria impiden que mejore la performance del sistema tributario”, sostiene el informe.</p><h2>Reformas pendientes</h2><p>El trabajo también plantea que la situación podría haber sido más favorable si se hubiera avanzado con la reducción de la alícuota del impuesto a las ganancias para sociedades, incluida originalmente en el proyecto de Ley de Modernización Laboral.</p><p>De haberse implementado, el índice de desempeño podría haber alcanzado 4,6, acercándose a los mejores valores históricos. Además, la medida habría beneficiado a unas 56.000 empresas, equivalente al 34,3% de las sociedades alcanzadas por este tributo.</p><h2>Un sistema en transición</h2><p>En síntesis, el sistema tributario argentino muestra una mejora en algunos indicadores clave, impulsada principalmente por decisiones puntuales y por el contexto macroeconómico. Sin embargo, la persistencia de una estructura compleja y costosa continúa limitando su competitividad.</p><p>El informe concluye que el desafío hacia adelante será avanzar en reformas de fondo que permitan consolidar los avances recientes y mejorar la eficiencia del sistema, más allá de los cambios coyunturales.</p>

El sistema tributario argentino muestra alivios recientes, pero mantiene problemas estructurales

<p>En la comparación interanual, el índice alcanzó el 32,6%, levemente por debajo del 33,1% registrado en febrero, lo que refleja una desaceleración marginal en términos anuales pero una dinámica mensual que vuelve a tomar impulso.</p><h2>Educación lidera las subas</h2><p>Entre las divisiones, Educación encabezó los aumentos con un 12,1%, impulsada en parte por factores estacionales vinculados al inicio del ciclo lectivo. Sin embargo, el incremento fue considerablemente superior al promedio general.</p><p>Le siguió Transporte, con una suba del 4,1%, motorizada por incrementos en combustibles, transporte público y pasajes aéreos. En este rubro, el impacto del contexto internacional también se hizo sentir: desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, los combustibles acumulan un alza del 23%.</p><p>En contraste, las menores variaciones se registraron en Bienes y servicios varios (1,7%) y Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,3%).</p><h2>Presión de regulados y alimentos</h2><p>El componente de precios Regulados avanzó un 5,1%, liderando las subas debido a ajustes en tarifas de servicios públicos, transporte y educación. En tanto, el IPC núcleo creció 3,2%, apenas por debajo del nivel general, y los precios Estacionales aumentaron 1%.</p><p>La carne volvió a ser uno de los principales factores de presión inflacionaria. En todas las regiones del país se registraron subas superiores al 5%, destacándose Cuyo (7,9%) y el Noreste (7,6%). Según el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA), los cortes aumentaron en promedio un 10,6% en marzo, con picos en productos como la picada común (20,4%) y la carnaza (17,7%).</p><h2>Inflación en alza y metas en duda</h2><p>Con este resultado, la inflación suma siete meses consecutivos por encima del 2% y se aleja del objetivo de converger a cero hacia agosto, tal como había planteado el Gobierno. Desde mayo del año pasado —cuando marcó su nivel más bajo en cinco años—, la tendencia ha sido ascendente.</p><p>A nivel regional, el Noreste (4,1%), el Noroeste (4%) y el Gran Buenos Aires (3,4%) superaron el promedio nacional, mientras que la región Pampeana (3,3%), Cuyo (3,2%) y la Patagonia (2,5%) quedaron por debajo.</p><h2>Sorpresa en el mercado</h2><p>El dato oficial sorprendió a analistas y consultoras, que proyectaban una inflación más moderada. La mayoría de las estimaciones se ubicaban entre el 3% y el 3,2%, e incluso algunas, como la Fundación Libertad y Progreso, habían calculado un 2,9%.</p><p>“El dato de marzo es contundente: el 3,4% marca una inflación que no baja desde hace ya 10 meses”, señaló el economista Julián Neufeld. En su análisis, destacó la incidencia de factores externos y la dinámica monetaria interna.</p><p>Por su parte, el economista Santiago Casas, de EcoAnalytics, apuntó a la falta de un “ancla nominal” y al impacto de los precios regulados: “El control de agregados monetarios resulta inefectivo con una demanda de dinero inestable y sin una regla clara para la tasa de interés”.</p><h2>La reacción del Gobierno</h2><p>El ministro de Economía, Luis Caputo, atribuyó la aceleración inflacionaria a factores externos, como la guerra en Medio Oriente, y al proceso de corrección de precios relativos. Además, reiteró que la inflación es un fenómeno monetario vinculado a la oferta y demanda de dinero.</p><p>“A medida que el impacto rezagado de la caída en la demanda de dinero vaya perdiendo fuerza, el orden fiscal y monetario permitirá una convergencia hacia niveles internacionales”, sostuvo.</p><p>El presidente Javier Milei también se refirió al dato con tono crítico: “El dato no nos gusta y es malo”, afirmó, aunque se mostró confiado en una futura desaceleración.</p><h2>Un escenario incierto</h2><p>Con un inicio de año más inflacionario de lo esperado y expectativas desalineadas, el desafío para el Gobierno será recomponer credibilidad en su programa económico. Mientras tanto, la evolución de los precios continúa siendo uno de los principales focos de preocupación para hogares y empresas.</p>

La inflación de marzo se aceleró al 3,4% y complica la meta oficial

<p><span lang="ES-AR" dir="ltr">Según publica la periodista Ayelén Berdiñas en la edición de este martes del diario Pagina12, Nazarena Menem, de 26 años, obtuvo en agosto de 2025 un crédito hipotecario por 236,9 millones de pesos, bajo condiciones consideradas preferenciales. El caso se suma al de Sharif Menem, de 24 años, quien accedió a un préstamo de 357 millones. En conjunto, ambos concentraron casi 600 millones de pesos en financiamiento en un lapso de seis meses.</span></p><h2><span lang="ES-AR" dir="ltr"><strong>Cuestionamientos por ingresos y condiciones</strong></span></h2><p><span lang="ES-AR" dir="ltr">Nazarena Menem cuenta con experiencia laboral únicamente en la Auditoría General de la Nación, donde trabaja desde hace menos de cuatro años y posee planta permanente. Según su categoría administrativa, su salario no superaría los 2,5 millones de pesos mensuales.</span></p><p><span lang="ES-AR" dir="ltr">En tanto, Sharif Menem se desempeña en la Cámara de Diputados con un ingreso similar. La magnitud de los créditos otorgados generó cuestionamientos sobre la relación entre ingresos y capacidad de pago, así como sobre las condiciones de acceso.</span></p><h2><span lang="ES-AR" dir="ltr"><strong>La respuesta oficial y las dudas</strong></span></h2><p><span lang="ES-AR" dir="ltr">Ante el escándalo, el presidente del Banco Nación, Darío Wasserman, aseguró que “no hubo irregularidades ni tratos preferenciales” y sostuvo que todos los beneficiarios cumplieron con los criterios habituales de evaluación crediticia.</span></p><p><span lang="ES-AR" dir="ltr">Sin embargo, distintas denuncias judiciales apuntan a determinar si existió una operatoria discrecional o incluso una “ventanilla VIP” para funcionarios. La diputada Mónica Frade amplió una presentación judicial que incluye estos casos y otros vinculados al equipo económico.</span></p><h2><span lang="ES-AR" dir="ltr"><strong>Un patrón bajo la lupa</strong></span></h2><p><span lang="ES-AR" dir="ltr">De acuerdo con datos que circulan en el ámbito legislativo, de unos 27 mil créditos otorgados en los últimos dos años, alrededor de 11.200 habrían sido destinados a funcionarios o personas vinculadas al oficialismo, en su mayoría de La Libertad Avanza.</span></p><p><span lang="ES-AR" dir="ltr">El economista Claudio Lozano, exdirector del Banco Nación, advirtió sobre posibles conflictos de interés. “La Ley de Ética Pública establece límites claros: quienes gobiernan no deberían beneficiarse de créditos otorgados por entidades bajo su órbita”, sostuvo.</span></p><h2><span lang="ES-AR" dir="ltr"><strong>Otros casos bajo investigación</strong></span></h2><p><span lang="ES-AR" dir="ltr">La causa judicial también incluye a funcionarios del área económica, como Federico Furiase, quien habría recibido 367 millones de pesos y es investigado por la posible compra de una tercera propiedad, lo que contradiría los objetivos de la línea hipotecaria.</span></p><p><span lang="ES-AR" dir="ltr">En la lista aparecen además Pedro Inchauspe y Felipe Núñez, con créditos de 510 y 373 millones respectivamente, así como otros funcionarios del Ministerio de Economía que acumulan financiamiento por cientos de millones.</span></p><h2><span lang="ES-AR" dir="ltr"><strong>Pedido de información y avance judicial</strong></span></h2><p><span lang="ES-AR" dir="ltr">El diputado Esteban Paulón solicitó acceso a la información pública al Banco Nación y al Banco Central para conocer en detalle las condiciones de los créditos y evaluar si hubo discrecionalidad en su otorgamiento.</span></p><p><span lang="ES-AR" dir="ltr">Mientras tanto, la causa quedó en manos de la jueza María Eugenia Capuchetti, quien deberá analizar las presentaciones y determinar si existieron irregularidades o conflictos de interés.</span></p><h2><span lang="ES-AR" dir="ltr"><strong>Un escándalo en crecimiento</strong></span></h2><p><span lang="ES-AR" dir="ltr">A medida que se conocen nuevos casos, crece la controversia en torno al uso de líneas de crédito destinadas originalmente a facilitar el acceso a la vivienda. Desde el Gobierno sostienen que no hubo irregularidades y que no tienen “nada que temer” ante la revisión de los expedientes.</span></p><p>Sin embargo, las denuncias y los cuestionamientos políticos mantienen el tema en el centro de la agenda pública, mientras avanza la investigación judicial y se aguardan definiciones sobre uno de los episodios más sensibles en materia de transparencia y gestión de recursos públicos.</p>

Créditos hipotecarios a funcionarios: crecen las denuncias y suman nuevos casos en el entorno del Gobierno

<p>La definición del funcionario se conoció horas antes de la publicación oficial del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que será difundido este martes 14 de abril a las 16 por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Según relevamientos de la Agencia Noticias Argentinas, los registros inflacionarios no solo mostrarían un nivel elevado en marzo, sino que también anticipan presiones para abril, impulsadas principalmente por aumentos en los combustibles.</p><p>Caputo explicó que el comportamiento de los precios estuvo influido por factores puntuales. “Seguramente será arriba del 3% porque hubo un shock que evidentemente tuvo un impacto obvio en todo lo que está relacionado con el petróleo, desde pasajes de avión de cabotaje hasta transporte; hay temas como la educación, que en marzo tiene su estacionalidad”, sostuvo.</p><p>En ese sentido, el ministro remarcó que el encarecimiento de los costos vinculados al petróleo y los ajustes típicos del inicio del ciclo lectivo incidieron de manera significativa en la dinámica inflacionaria del mes.</p><p>A pesar de este escenario, el titular del Palacio de Hacienda se mostró optimista de cara al corto plazo. “A partir de abril se viene un proceso de desinflación y crecimiento”, aseguró, y agregó que “se vienen los mejores meses” en materia económica.</p><p>Las declaraciones fueron realizadas durante la presentación del libro <i>“Cambia la música, ahora hay que cambiar el paso”</i>, del analista Salvador Di Stefano, en la Bolsa de Comercio de Rosario.</p><p>En paralelo, Caputo se prepara para viajar a Washington D.C., donde participará en las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, en un contexto clave para la agenda económica argentina y las negociaciones internacionales en curso.</p>

Caputo anticipa una inflación de marzo por encima del 3% y proyecta una desaceleración en los próximos meses

<p>Un grupo de diputadas nacionales de Unión por la Patria presentó en el Congreso un proyecto de ley destinado a aliviar la situación financiera de millones de familias argentinas. La iniciativa, denominada “Ley de Segunda Oportunidad para Hogares Endeudados”, busca establecer mecanismos de reestructuración de deudas y facilitar la reinserción en el sistema crediticio formal.</p><p>El proyecto fue impulsado por Lucía Cámpora, Julieta Campo y Gabriela Estévez, junto a otros legisladores del bloque, y se suma a una propuesta similar presentada recientemente por el diputado Santiago Roberto bajo el nombre de “Desendeudamiento y Reestructuración de las Familias Argentinas”.</p><h2>Un mecanismo para aliviar deudas</h2><p>La iniciativa propone la creación de un sistema de reestructuración destinado a personas con deudas de consumo que superen el 30% de sus ingresos, o el 20% en casos de vulnerabilidad económica.</p><p>El alcance incluye tanto a entidades financieras tradicionales como bancos, como a plataformas no financieras —entre ellas billeteras virtuales— que, según se advierte, presentan tasas reales superiores al 5% mensual y mayores niveles de morosidad.</p><p>Además, el proyecto contempla la creación de un Programa Nacional de Alivio de Deuda Personal, que obligaría a estas entidades a renegociar las deudas de personas físicas en mora mediante un procedimiento administrativo.</p><h2>Medidas clave para deudores</h2><p>Entre los principales puntos, la propuesta establece:</p><ul><li>Suspensión de embargos y acciones judiciales mientras dure el proceso</li><li>Congelamiento de intereses punitorios y multas</li><li>Prohibición de empeorar la calificación crediticia del deudor</li><li>Instancias obligatorias de negociación entre acreedores y deudores</li></ul><p>En caso de no alcanzarse un acuerdo, se prevé que el Estado intervenga determinando una reestructuración acorde a la capacidad de pago del hogar.</p><p>Asimismo, se propone la creación de un Observatorio de Endeudamiento de los Hogares, con el objetivo de relevar datos sobre niveles de deuda, morosidad y condiciones de financiamiento, y así mejorar el diseño de políticas públicas.</p><h2>Contexto y fundamentos</h2><p>El proyecto se sustenta en datos que reflejan el fuerte endeudamiento de las familias: se estima que el 91% de los hogares argentinos tiene algún tipo de deuda. Según el INDEC, uno de cada cuatro hogares solicitó un préstamo durante el primer semestre de 2025, cifra que asciende a uno de cada tres en sectores de menores ingresos.</p><p>Las autoras advierten que gran parte de estos créditos se destina actualmente a cubrir gastos corrientes y consumo básico, en lugar de inversiones, lo que genera un círculo de refinanciación constante y pérdida de ingresos futuros.</p><p>En los fundamentos, también se señala que este fenómeno se vincula con la caída del poder adquisitivo, el descenso del consumo y el impacto de las políticas económicas implementadas por el gobierno de Javier Milei.</p><h2>Antecedentes y respaldo político</h2><p>La iniciativa retoma experiencias previas como el sistema COPREC, implementado durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, así como programas internacionales de desendeudamiento como el brasileño “Desenrola Brasil” y distintos modelos europeos.</p><p>El proyecto cuenta además con el acompañamiento de legisladores como Paula Penacca, Julia Strada, Carlos Castagneto, Vanesa Siley, Mario Manrique y otros integrantes del bloque oficialista.</p><p>De avanzar en el Congreso, la propuesta buscará dar respuesta a una problemática creciente en la economía doméstica argentina, con el objetivo de aliviar la carga financiera de los hogares y evitar la profundización de situaciones de vulnerabilidad.</p>

Diputadas de Unión por la Patria impulsan una “ley de segunda oportunidad” para hogares endeudados

<p>El Gobierno nacional tomó distancia del conflicto que mantienen transportistas de carga en distintas regiones del país, quienes reclaman una actualización en las tarifas de referencia ante el aumento de costos. Desde la Secretaría de Transporte de la Nación Argentina, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación Argentina, aseguraron que los acuerdos deben establecerse exclusivamente entre productores y prestadores del servicio, sin intervención estatal.</p><p>La postura oficial se fundamenta en la eliminación de la denominada “Mesa de Negociación”, un ámbito que anteriormente reunía a representantes del sector para acordar tarifas. Según explicaron desde el organismo, la decisión respondió a una demanda de los propios actores, que consideraban ese espacio “poco funcional” y una instancia que complejizaba el sistema.</p><p>De acuerdo con el comunicado difundido —al que accedió la Noticias Argentinas—, la disolución de la mesa permitió avanzar hacia un esquema de libre negociación entre transportistas y productores de cereales, oleaginosas y sus derivados. En ese sentido, remarcaron que la medida, vigente desde 2025, apunta a consolidar principios de libertad económica y desburocratización.</p><p>Asimismo, la Secretaría sostuvo que el mecanismo anterior no lograba reflejar las distintas realidades regionales ni responder adecuadamente a las demandas del sector. Como consecuencia, el Estado nacional dejó de intervenir en la fijación de tarifas y se desligó de cualquier responsabilidad en los acuerdos que puedan alcanzarse entre las partes.</p><p>Sin embargo, la decisión se da en un contexto de creciente conflictividad. En las últimas horas, agrupaciones de transportistas intensificaron protestas en rutas de la provincia de Buenos Aires y otros puntos del país, en reclamo de una recomposición tarifaria que oscile entre el 30% y el 35%.</p><p>El principal argumento del sector radica en el incremento de costos, especialmente del combustible, que —según señalaron— aumentó más de un 20% desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, impactando de lleno en la rentabilidad de la actividad.</p><p>Ante este escenario, los transportistas exigieron la conformación de una mesa de diálogo con el Gobierno nacional. Advirtieron que, de no obtener una respuesta en un plazo de 48 horas, podrían avanzar con un paro a nivel nacional, una medida que pondría en riesgo la circulación de granos en las principales zonas productivas de la Argentina.</p>

El Gobierno nacional se desliga del conflicto con transportistas y crece la tensión por posibles medidas de fuerza

<p>Los resultados muestran que apenas el <strong>9,34% de las noticias</strong> abordó temas vinculados a niñas, niños y adolescentes, lo que equivale a <strong>solo una de cada diez</strong> piezas informativas.</p><h2>Una presencia marcada por la violencia</h2><p>Más allá de la baja participación en la agenda mediática, el informe advierte que el principal problema radica en cómo se representa a este grupo etario. Entre las noticias analizadas, predominan los contenidos policiales y de inseguridad (38,77%) y aquellos vinculados a distintas formas de violencia (20,55%).</p><p>Esto implica que, cuando la infancia logra visibilidad en los noticieros, lo hace mayormente asociada a situaciones de conflicto, delito o vulnerabilidad, dejando en un segundo plano aspectos clave como la educación, la cultura, la participación social o el desarrollo comunitario.</p><p>Según el estudio, este enfoque contribuye a construir una imagen parcial y reducida de niñas, niños y adolescentes, en la que predominan los relatos que los posicionan como víctimas o protagonistas de hechos violentos.</p><h2>Una voz casi ausente</h2><p>Otro de los datos relevantes es la escasa participación directa de los propios protagonistas. Solo en el <strong>2,13% de las noticias</strong> relevadas aparecen niñas, niños o adolescentes como fuente de información.</p><p>Esta ausencia refuerza una lógica en la que la infancia es narrada principalmente por adultos —ya sean especialistas, familiares o instituciones— sin incorporar sus propias miradas y experiencias.</p><h2>Fuentes y tratamiento de la información</h2><p>El informe también señala una fuerte dependencia de fuentes como redes sociales, testimonios de familiares o imágenes de cámaras de seguridad, lo que favorece enfoques más inmediatos y emocionales, en detrimento de análisis más profundos y contextualizados.</p><p>Desde una perspectiva de derechos, los especialistas advierten que este tipo de cobertura limita la comprensión integral de las realidades que atraviesan niñas, niños y adolescentes.</p><h2>Un desafío para el periodismo</h2><p>La directora del Observatorio de la TV de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral, Gabriela Fabbro, sostuvo que el principal desafío para periodistas y estudiantes de comunicación es “habilitar la escucha de las experiencias y puntos de vista de niñas, niños y adolescentes, evitando que sean siempre voces adultas las que narren por ellos”.</p><p>El estudio forma parte de una línea de trabajo desarrollada durante 2025 con el objetivo de analizar las narrativas mediáticas sobre infancia y adolescencia en Argentina y aportar evidencia para mejorar la calidad informativa.</p><p>En este sentido, el informe propone ampliar la diversidad temática, evitar enfoques estigmatizantes y promover una comunicación respetuosa de los derechos de la niñez.</p><h2>Repensar la agenda pública</h2><p>En un contexto donde los medios continúan siendo actores centrales en la construcción de la agenda pública, la forma en que se representa a la infancia no solo refleja la realidad, sino que también influye en cómo la sociedad la percibe.</p><p>Incorporar la voz de niñas, niños y adolescentes —respetando su edad, su intimidad y sus derechos— aparece así como un paso clave para construir relatos más inclusivos, diversos y representativos de sus verdaderas experiencias.</p>

Solo una de cada diez noticias incluye a niñas, niños y adolescentes, según un estudio de UNICEF y la Universidad Austral

<p>La histórica marca de zapatillas John Foos atraviesa la etapa final de una profunda reestructuración que marcará un cambio definitivo en su modelo de negocio: el fin de su producción nacional y su transformación en una empresa centrada exclusivamente en la importación.</p><p>La firma decidió cerrar su planta ubicada en Beccar, partido de San Isidro, donde durante décadas produjo calzado urbano que se convirtió en un ícono de la cultura juvenil argentina desde su fundación en la década de 1980.</p><h2>El cierre de la producción local</h2><p>El cese de actividades fabriles será efectivo a fines de abril, según fue comunicado internamente a los trabajadores. Con ello, se pondrá fin a la operatividad de las máquinas en la planta de la calle Neyer al 700, en un proceso que no fue abrupto, sino progresivo.</p><p>En los últimos años, la empresa había comenzado a modificar su esquema productivo mediante la importación de partes desde Asia para su ensamblaje local. Sin embargo, ese modelo evolucionó hacia el actual sistema, en el que los productos llegan completamente terminados desde China.</p><p>Tras el cierre del área industrial, la compañía —que operaría bajo la razón social Flingday S.A.— mantendrá únicamente una estructura reducida orientada a tareas administrativas y comerciales.</p><h2>Fuerte impacto laboral</h2><p>El proceso de reconversión tuvo un fuerte impacto en el empleo. Mientras que en 2023 la empresa contaba con cerca de 400 trabajadores, actualmente sólo permanecen alrededor de 50 empleados.</p><p>La reducción de personal acompañó el desmantelamiento progresivo de la planta, reflejando el cambio de rumbo de la compañía y el abandono definitivo de la producción nacional.</p><h2>Un cambio de paradigma</h2><p>Con esta decisión, John Foos cierra más de 40 años de historia industrial en el conurbano bonaerense. En su momento de mayor expansión, la planta de Beccar llegó a producir miles de pares diarios y abastecer a más de mil puntos de venta en todo el país.</p><p>La marca se suma así a una tendencia creciente en el sector, donde diversas empresas optan por abandonar la fabricación local para reconvertirse en importadoras. Este giro responde a múltiples factores, entre ellos el costo de producción en el país, las condiciones del mercado y el actual contexto económico.</p><p>El fenómeno también se vincula con las políticas de apertura económica impulsadas por el gobierno de Javier Milei, que favorecen el ingreso de productos del exterior y redefinen el escenario para la industria nacional.</p>

John Foos cierra su planta en Argentina tras más de cuatro décadas

<p>La reciente desescalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán trajo un alivio inmediato en los mercados internacionales, reflejado en la caída de indicadores clave como el Brent y el TTF. Sin embargo, detrás de esta aparente calma persiste un escenario complejo: el sistema energético global continúa afectado por disrupciones logísticas y daños estructurales que podrían extenderse durante semanas —e incluso años—.</p><p>Durante el pico del conflicto, el tránsito por el estrecho de Ormuz —una de las principales arterias del comercio energético mundial— se redujo drásticamente. De un promedio cercano a 95 buques diarios, la circulación cayó a apenas cinco, generando un cuello de botella sin precedentes. Como consecuencia, entre 187 y 200 embarcaciones quedaron retenidas en la región, con unos 172 millones de barriles de crudo y productos refinados sin poder ser descargados o redirigidos.</p><p>Según el ingeniero Roberto Carnicer, director del Instituto de Energía de la Universidad Austral, la situación actual refleja un cambio en la naturaleza de la crisis: “La tregua redujo el riesgo inmediato, pero no recompuso el sistema. El mercado pasó de un riesgo de interrupción a un problema de asignación, donde no todos podrán acceder a la energía disponible”.</p><h2>Una logística aún colapsada</h2><p>Aunque la tensión geopolítica disminuyó, la normalización del sistema energético está lejos de concretarse. La reapertura del estrecho no implica una recuperación automática del flujo comercial: factores como los elevados costos de seguros, la disponibilidad de prácticos, los permisos de paso y la congestión portuaria siguen limitando el ritmo de operaciones.</p><p>Se estima que, durante los casi 40 días en que Ormuz operó a apenas el 5% de su capacidad, se dejaron de procesar alrededor de 3.600 tránsitos potenciales. Este déficit logístico, advierten los especialistas, es imposible de compensar en el corto plazo.</p><p>“Aun en un escenario de estabilidad, la red logística global tardará entre seis y ocho semanas en recuperar niveles operativos normales”, explicó Carnicer. A esto se suma una respuesta limitada por el lado de la oferta: el incremento anunciado por OPEC+ —de unos 206.000 barriles diarios— resulta marginal frente a una disrupción que llegó a estimarse entre 12 y 15 millones de barriles diarios en el momento más crítico.</p><h2>El golpe estructural al gas</h2><p>Más allá del petróleo, el impacto más profundo se registra en el mercado del gas natural licuado (LNG). Qatar, uno de los principales exportadores mundiales, sufrió daños en su infraestructura que dejaron fuera de servicio dos de sus catorce líneas de producción, reduciendo su capacidad en aproximadamente 12,8 millones de toneladas anuales.</p><p>El complejo de Ras Laffan también registró afectaciones que podrían retrasar más de un año la expansión del proyecto North Field, clave para el abastecimiento global de gas en los próximos años. Además, una planta de GTL resultó dañada, con plazos de reparación cercanos a un año y efectos colaterales sobre otros productos como condensados, gas licuado de petróleo y helio.</p><p>Este escenario se refleja en los precios internacionales: el índice JKM se mantuvo elevado, evidenciando que la problemática ya no es únicamente financiera, sino también física, vinculada a la disponibilidad real del recurso.</p><h2>Estados Unidos, un alivio parcial</h2><p>En este contexto, Estados Unidos emerge como un proveedor clave para amortiguar el impacto en el corto plazo. En marzo, el país alcanzó exportaciones récord de LNG, con 11,7 millones de toneladas, consolidándose como el principal oferente incremental.</p><p>Proyectos como Golden Pass, con capacidad proyectada superior a 18 millones de toneladas anuales, ya comenzaron a operar y se espera que envíen cargamentos a Europa —especialmente a Italia— en los próximos meses.</p><p>No obstante, esta capacidad de reemplazo es limitada. Gran parte de la nueva oferta estadounidense ya estaba comprometida o prevista para un mercado en expansión, lo que reduce el margen de maniobra ante la actual crisis. Además, sustituir el LNG qatarí implica rediseñar rutas comerciales, competir por buques metaneros y adaptar infraestructuras de regasificación, procesos que demandan tiempo y recursos.</p><h2>De la interrupción a la competencia</h2><p>Para los analistas, la crisis energética global atraviesa una transformación. Ya no se trata únicamente de una interrupción en la oferta, sino de una creciente competencia por el acceso a los recursos disponibles.</p><p>“Pasamos de una ‘availability crisis’ a una ‘allocation crisis’: quién accede a la energía y a qué costo”, sintetizó Carnicer. En este nuevo escenario, las economías con mayor capacidad financiera y flexibilidad logística logran amortiguar mejor el impacto, mientras que los países emergentes quedan más expuestos.</p><p>Aunque el estrecho de Ormuz permanece abierto, Irán conserva capacidad de disrupción operativa, lo que mantiene latente el riesgo geopolítico sobre el comercio energético global.</p><p>Así, la actual tregua aparece más como una pausa operativa que como una solución estructural. La seguridad energética internacional continúa dependiendo de un equilibrio frágil, en un sistema que aún no logra recomponerse completamente.</p>

La tregua entre Estados Unidos e Irán alivia los precios, pero deja un sistema energético global tensionado

<p>La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) dispuso modificaciones en las condiciones contractuales generales, uniformes y obligatorias para los seguros de vehículos automotores y remolcados, en el marco del Reglamento General de la Actividad Aseguradora (RGAA).</p><p>La medida fue oficializada mediante la Resolución 136/2026, que incorpora al contrato de seguro nuevas disposiciones de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA), con el objetivo de agilizar y simplificar los procesos de liquidación de siniestros.</p><p>Uno de los principales cambios radica en la actualización de la documentación que deben presentar los asegurados en casos de destrucción total —ya sea por daño, incendio o robo/hurto—. La normativa contempla ahora la coexistencia de títulos digitales y en formato papel, así como los distintos formularios aplicables según cada situación.</p><h2><strong>Destrucción total por daño o incendio</strong></h2><p>En estos casos, el procedimiento se centra en acreditar la baja registral del vehículo. Para ello, se exige la presentación del formulario correspondiente, junto con el certificado de baja y desarme, que podrá ser presentado tanto en formato físico como digital. Además, se solicita la entrega de las llaves, siempre que el asegurado las conserve.</p><h2><strong>Robo o hurto total</strong></h2><p>Para este tipo de siniestros, la resolución detalla la documentación necesaria para acreditar tanto el hecho como la situación registral del vehículo. Entre los requisitos figuran la denuncia policial, la constancia de inscripción del robo ante el Registro, el estado de dominio y la acreditación de titularidad.</p><p>Asimismo, se mantienen las constancias de libre deuda y la cesión de derechos a favor de la aseguradora. También se requiere la entrega de las llaves en caso de que estén en poder del titular.</p><p>Desde la SSN señalaron que el objetivo de estos cambios es ordenar y clarificar la documentación exigida en cada tipo de siniestro, facilitando los trámites para los asegurados y aportando mayor previsibilidad al sistema.</p>

La Superintendencia de Seguros actualizó los requisitos para seguros automotores

<p><span style="color:#14273C;"><span lang="ES-AR" dir="ltr">La apertura de la segunda jornada de la 190ª Junta de Directores de ADEPA contó con una de las voces más escuchadas del análisis económico argentino: Juan Carlos De Pablo. En una charla moderada por Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Capacitación Multiplataforma de ADEPA, el economista desglosó la realidad del programa económico actual, los desafíos de la microeconomía y las perspectivas para los medios de comunicación en un contexto de restricción financiera.</span></span></p><h2 style="margin-left:0cm;"><span style="color:#14273C;"><span lang="ES-AR" dir="ltr"><strong>El diagnóstico del plan actual: «No hay Plan B»</strong></span></span></h2><p><span style="color:#14273C;"><span lang="ES-AR" dir="ltr">De Pablo comenzó su intervención analizando la naturaleza del gobierno de Javier Milei y su enfoque económico. Según su visión, el compromiso con el equilibrio fiscal es innegociable porque el Gobierno entiende que es su única ancla de credibilidad.</span></span></p><p><span style="color:#14273C;"><span lang="ES-AR" dir="ltr">«Estamos ante un gobierno que no tiene Plan B porque está convencido de que el Plan A es el único posible», sostuvo De Pablo. Explicó que la política de «emisión cero» y el superávit fiscal no son solo metas técnicas, sino herramientas políticas para contener la inflación. Sin embargo, advirtió que este proceso de estabilización genera una fricción inevitable en la actividad económica diaria, lo que obliga a los empresarios a recalibrar sus expectativas de corto plazo.</span></span></p><h2 style="margin-left:0cm;"><span style="color:#14273C;"><span lang="ES-AR" dir="ltr"><strong>La microeconomía y el fin de la especulación financiera</strong></span></span></h2><p><span style="color:#14273C;"><span lang="ES-AR" dir="ltr">Uno de los puntos más agudos de la exposición fue el llamado de atención a los empresarios —incluidos los dueños de medios— sobre el cambio en las reglas de juego. De Pablo afirmó que se terminó la época donde las empresas se salvaban gracias a la «timba financiera» o la especulación con el tipo de cambio.</span></span></p><p style="margin-left:0cm;"><span style="color:#14273C;"><span lang="ES-AR" dir="ltr">«Hoy la rentabilidad no se busca en el Banco Central, se busca en la propia empresa», disparó el economista. En su análisis, el actual escenario de «dólar quieto» y tasas reales obliga a los directivos a mirar hacia adentro de sus organizaciones: «El señor que está esperando que el dólar pegue un salto para pagar los sueldos se va a quedar esperando. Hoy el negocio es la eficiencia operativa, no la especulación cambiaria». Según De Pablo, esto es lo que él denomina la «vuelta a la microeconomía», donde la gestión de costos y la innovación son las únicas vías de supervivencia.</span></span></p><h2 style="margin-left:0cm;"><span style="color:#14273C;"><span lang="ES-AR" dir="ltr">El desafío de los medios y el crédito inaccesible</span></span></h2><p style="margin-left:0cm;"><span style="color:#14273C;"><span lang="ES-AR" dir="ltr">Ante la consulta de Carlos Jornet sobre cómo romper el círculo vicioso de la falta de inversión y el consumo deprimido, De Pablo fue realista y poco afecto a las soluciones mágicas. Descartó de plano la posibilidad de subsidios o planes de estímulo estatales: «No hay ‘Plan Platita’ versión 2026. La villa sigue y hay que aprender a caminarla».</span></span></p><p><span style="color:#14273C;"><span lang="ES-AR" dir="ltr">Sobre la falta de crédito para las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) del sector periodístico, el economista señaló que, aunque las tasas bajen, el crédito no aparecerá de la noche a mañana. «El crédito es confianza y la confianza se construye con tiempo. Mientras tanto, el empresario medio tiene que sobrevivir con recursos propios y mucha creatividad». Destacó que, en economías regionales, ciertos sectores como la minería o la energía pueden actuar como «golpazos» positivos que dinamicen la pauta publicitaria local, pero advirtió que no será un fenómeno generalizado.</span></span></p>

El escenario económico bajo la lupa de Juan Carlos De Pablo: incertidumbre, ajuste y el rol del sector privado

<p>El esquema del Monotributo vigente desde febrero de 2026 continuará sin modificaciones durante abril, según se confirmó oficialmente. De esta manera, más de dos millones de pequeños contribuyentes en todo el país seguirán alcanzados por los mismos topes de facturación y valores de cuotas mensuales.</p><p>El régimen simplificado, clave para trabajadores independientes y pequeños comercios, mantiene así la estructura actual de categorías, sin actualizaciones en los montos pese al contexto inflacionario. La próxima revisión está prevista para mitad de año, cuando se evalúe una posible recategorización.</p><h2><strong>Categorías del Monotributo en abril</strong></h2><p>Las escalas vigentes quedan establecidas de la siguiente manera:</p><ul><li><strong>Categoría A:</strong> hasta $10.277.988,13 | cuota: $42.386,74</li><li><strong>Categoría B:</strong> hasta $15.058.447,71 | cuota: $48.250,78</li><li><strong>Categoría C:</strong> hasta $21.113.696,52 | cuota: $56.501,85 (servicios) / $48.320,22 (bienes)</li><li><strong>Categoría D:</strong> hasta $26.212.853,42 | cuota: $72.414,10 / $61.824,18</li><li><strong>Categoría E:</strong> hasta $30.833.964,37 | cuota: $102.537,97 / $81.070,26</li><li><strong>Categoría F:</strong> hasta $38.642.048,36 | cuota: $129.045,32 / $97.291,54</li><li><strong>Categoría G:</strong> hasta $46.211.109,37 | cuota: $197.108,23 / $118.920,05</li><li><strong>Categoría H:</strong> hasta $70.113.407,33 | cuota: $447.346,93 / $238.038,48</li><li><strong>Categoría I:</strong> hasta $78.479.211,62 | cuota: $824.802,26 / $355.672,64</li><li><strong>Categoría J:</strong> hasta $89.872.640,30 | cuota: $999.007,65 / $434.895,92</li><li><strong>Categoría K:</strong> hasta $108.357.084,05 | cuota: $1.381.687,90 / $525.732,01</li></ul><h2><strong>Expectativa por la próxima actualización</strong></h2><p>La continuidad de estos valores implica que los contribuyentes deberán seguir operando dentro de los mismos parámetros de ingresos y obligaciones mensuales establecidos a comienzos de año.</p><p>En este contexto, crece la expectativa por la próxima actualización del régimen, que suele realizarse de manera semestral y ajustarse en función de la evolución de variables económicas como la inflación.</p>

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