El Gobierno Nacional, mediante el Jefe de Gabinete Manuel Adorni, anunció este viernes que envió al Congreso una reforma sobre la Ley de Sociedades, la cual busca que las empresas tengan menos controles.Esto se suma al conjunto de proyectos que envió el Gobierno al Congreso en los últimos días. Entre ellos figuran el "Súper RIGI", la Ley de lobby, la Ley de Ludopatía y la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal.El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, explicó los puntos centrales de la Ley de Sociedades y el impacto que generará."El proyecto nos mueve de un régimen rígido y anacrónico, construido sobre la desconfianza al sector privado, a un marco moderno basado en la autonomía, la libertad y la desregulación".A través de sus redes, el funcionario indicó que se termina la "tutela del Estado" sobre "cómo los socios organizan sus negocios". En ese sentido, las normas de ley pasan a ser "supletorias", donde el estatuto manda."Las restricciones estatales serán excepcionales y de interpretación restrictiva. Los registros públicos no podrán dictar resoluciones que limiten lo que la ley permite", afirmó Sturzenegger.Otro tramo de la ley elimina las trabas burocráticas de los registros, en donde el objeto social "podrá ser amplio, plural y sin obligación de conexidad entre actividades". "Y si no se consigna objeto en el estatuto, se entiende que la sociedad puede realizar cualquier actividad lícita. Esto es esencial en un mundo tan cambiante como el que vivimos".También le otorga libertad a las empresas para que elijan si desean someter sus conflictos internos al derecho extranjero o mercantil internacional, y también podrán pactar cláusulas arbitrales en el estatuto para resolver controversias sin depender de la lentitud de la justicia."Este tipo de libertad de contrato ha sido el pilar de otros centros mundiales de negocios como Dubai. En Dubai las relaciones societarias se dirimen según la ley societaria que los socios eligen. Lo mismo ocurrirá ahora en Argentina".La digitalización entra como eje central: a partir de su aprobación, permitirá a las sociedades pasar a una "digitalización plena", con domicilio electrónico, libros y registros digitales, asambleas a distancia, constitución de la sociedad por firma digital o electrónica, legajo digital público para cada empresa. Según el ministro, el expediente en papel "queda en la historia".La Inteligencia Artificial (IA) gana terreno y se introduce la "Sociedad Automatizada". La opera mediante algoritmos o IA "sin requerir empleados para su operación ordinaria".A su vez presenta las "DAO", las cuales funcionan de manera total o parcialmente autónomas, con participaciones en tokens y registros en blockchain. "Ambas tienen personalidad jurídica plena y responsabilidad limitada", detalló Sturzenegger.Estos fueron algunos de los puntos más importantes que enumeró el ministro, quien adelantó que la modificación de la ley "tiene un sin número de otras modernizaciones".Finalmente, el ministro desregulador sentenció que la Ley de Sociedades lleva "el ámbito de libertad al derecho societario".__IP__"Menos controles arbitrarios de los burócratas, menos costos de transacción y más libertad para competir en el mundo. Con esta reforma, Argentina adapta su derecho societario a la economía del siglo XXI y le dice al mundo: vengan a invertir acá", concluyó.

El Gobierno envió al Congreso una reforma de la Ley de Sociedades

Según el Índice General de Actividad (IGA), la actividad económica se mantuvo sin variaciones en comparación con abril del año pasado y registró una caída del 0,7% respecto de marzo. Con estos números, el primer cuatrimestre del año acumula una baja del 0,3%.Desde la consultora señalaron que “la actividad sigue mostrando una evolución oscilante”, luego del fuerte crecimiento observado el mes anterior. El comportamiento desigual entre rubros continúa siendo una de las principales características del escenario económico actual.Entre los sectores con mejor desempeño se ubicaron minas y canteras, con un crecimiento interanual del 7,3%, y electricidad, gas y agua, que avanzó un 7,2%.En contrapartida, la industria manufacturera volvió a exhibir números negativos, con una caída del 2%, mientras que el comercio retrocedió 2,4%.El informe remarca que ambos sectores continúan siendo los más afectados por la desaceleración económica. En ese sentido, se destacaron fuertes bajas en algunos indicadores específicos, como la producción automotriz, que cayó 17,5%, y los despachos de cemento, con una retracción del 13,1%.Por otro lado, el sector agropecuario mostró una mejora interanual del 3,6%, aunque con comportamientos diferentes hacia el interior de la actividad. Mientras algunas áreas lograron sostener el crecimiento, la ganadería registró una caída significativa del 11,9%, vinculada principalmente a la retención de hacienda.El estudio también analiza las perspectivas para los próximos meses. Desde la consultora consideran que una eventual desaceleración de la inflación podría generar una recuperación gradual en los ingresos de las familias y mejorar la confianza de los consumidores.Sin embargo, advirtieron que no esperan cambios inmediatos en la actual “dinámica de marcha a dos velocidades”, donde algunos sectores muestran señales de recuperación mientras otros continúan afectados por la caída del consumo y la retracción de la actividad productiva.El Índice General de Actividad que elabora la consultora se construye a partir de 122 series estadísticas y busca anticipar la evolución de la economía nacional con menor demora que otros indicadores oficiales.

La actividad económica volvió a frenarse en abril y persisten las diferencias entre sectores

La medida fue oficializada mediante la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada en el Boletín Oficial, que elimina el esquema mediante el cual el Estado nacional reconocía parcialmente a las empresas el costo de esos boletos establecidos por ley.Hasta ahora, ese sistema alcanzaba a beneficiarios contemplados en distintas normativas nacionales: personas con discapacidad, pacientes trasplantados o en lista de espera del SINTRA y niños bajo tratamiento oncológico.<h2>Un cambio en la relación entre el Estado y las empresas</h2>Desde el Ejecutivo nacional sostienen que el esquema de subsidios había sido creado en un contexto de emergencia y respondía a un modelo de fuerte intervención estatal sobre el sistema de transporte.Con la desregulación del transporte interjurisdiccional impulsada por el Decreto 883/2024, el Gobierno considera que las empresas ahora cuentan con mayor libertad para fijar tarifas, recorridos y horarios, por lo que deberían incorporar ese costo dentro de su estructura operativa.En otras palabras: el Estado deja de compensar económicamente a las empresas, pero mantiene la obligación legal de otorgar esos pasajes gratuitos.<h2>La gratuidad del beneficio sigue vigente</h2>La nueva resolución no elimina el derecho de acceso gratuito al transporte para los sectores protegidos por ley.Las personas con discapacidad, pacientes trasplantados y menores con cáncer seguirán pudiendo solicitar pasajes sin cargo en micros de larga distancia, tal como lo establecen las leyes nacionales vigentes.Desde Nación remarcaron que el cambio impacta exclusivamente en la relación financiera con los operadores privados, no en los derechos de los pasajeros.<h2>Qué puede pasar en Entre Ríos</h2>La decisión genera atención en provincias como Entre Ríos, donde miles de usuarios dependen del transporte terrestre de larga distancia para tratamientos médicos, trámites y derivaciones hacia centros de mayor complejidad.Ciudades como Paraná, Crespo, Nogoyá, Victoria, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Concordia y La Paz mantienen una fuerte conexión terrestre con centros sanitarios de referencia en Buenos Aires, Rosario, Santa Fe y Córdoba, destinos habituales para pacientes oncológicos, trasplantados o personas con discapacidad que requieren atención especializada.En ese contexto, la preocupación podría centrarse en dos puntos:<h3>Posible presión sobre las empresas</h3>Al dejar de percibir la compensación estatal, las compañías podrían absorber internamente ese costo operativo. Aunque la normativa las obliga a seguir otorgando los pasajes, el sector privado podría plantear reclamos o advertir sobre impacto económico, especialmente en corredores de menor rentabilidad.<h3>Mayor control sobre el cumplimiento</h3>En una provincia donde el micro de larga distancia continúa siendo clave para conectar localidades medianas y pequeñas con grandes centros urbanos, el acceso efectivo al beneficio dependerá del control estatal.Por eso, la resolución encomienda a la CNRT mantener las tareas de fiscalización para garantizar que las empresas cumplan con la entrega de boletos gratuitos.<h2>Un tema sensible para familias entrerrianas</h2>En Entre Ríos, muchas familias utilizan este beneficio para viajes frecuentes vinculados a tratamientos médicos complejos, rehabilitación, controles o derivaciones sanitarias fuera de la provincia.Si bien el Gobierno asegura que no se pierde el derecho, el desafío será verificar si el nuevo esquema se traduce en un acceso normal al servicio o si aparecen dificultades operativas, demoras o restricciones informales en la asignación de pasajes.Por ahora, la gratuidad continúa vigente. Pero el impacto real de la medida comenzará a observarse en los próximos meses, especialmente en provincias como Entre Ríos, donde el transporte terrestre sigue siendo una herramienta esencial de conectividad social y sanitaria.

El Gobierno deja de subsidiar pasajes gratuitos en micros de larga distancia: qué cambia y cómo podría impactar en Entre Ríos

La propuesta ingresó este sábado al Senado y lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Salud Mario Lugones. Desde el Ejecutivo sostienen que la normativa vigente, basada en parámetros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), presenta limitaciones técnicas, regulatorias y económicas que justifican su eliminación.De avanzar en el Congreso, la derogación implicaría la eliminación total del sistema actual de rotulado frontal, incluyendo los octógonos negros de advertencia que figuran en los envases de alimentos y bebidas. También quedarían sin efecto las restricciones vinculadas a la publicidad dirigida a niños, el uso de personajes infantiles en los empaques y las regulaciones en entornos escolares.<h2>Cuestionamientos al sistema vigente</h2>Entre los fundamentos del proyecto, el Gobierno plantea que el modelo actual aplica criterios uniformes sobre alimentos de características muy distintas, sin contemplar las porciones reales de consumo ni la densidad nutricional de cada producto.Según argumenta la Casa Rosada, esta metodología puede generar situaciones en las que alimentos tradicionales o considerados saludables reciban advertencias similares a las de productos ultraprocesados, provocando interpretaciones simplificadas o confusión entre los consumidores.Otro de los puntos señalados es la estructura “binaria” del sistema, ya que el etiquetado actual sólo determina si un producto lleva o no advertencias, sin contemplar mejoras parciales o progresivas en la formulación nutricional realizadas por la industria.<h2>Impacto en la producción y el Mercosur</h2>El proyecto también expone diferencias regulatorias dentro del Mercosur. El Ejecutivo advierte que la falta de un criterio armonizado en materia de rotulado frontal obliga a las empresas a fabricar envases diferenciados, generando mayores costos operativos.En ese marco, sostienen que las principales afectadas serían las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), que enfrentan costos de adaptación más elevados en proporción a su escala de producción, situación que —según el mensaje oficial— podría favorecer una mayor concentración del mercado.<h2>Flexibilidad normativa y continuidad de la información nutricional</h2>Otro de los cuestionamientos oficiales apunta a la rigidez de la ley vigente. Desde el Gobierno consideran que varios aspectos técnicos y metodológicos quedaron fijados dentro del propio texto legal, lo que dificulta adaptar el sistema con rapidez a nuevos consensos científicos internacionales o a futuras actualizaciones de las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA).Sin embargo, el Ejecutivo aclaró que la eventual derogación no eliminaría la obligación de brindar información nutricional en los envases. La declaración de valor energético, azúcares, grasas y sodio seguiría vigente a través del Código Alimentario Argentino y del sistema armonizado del Mercosur, además de las normativas vinculadas a defensa del consumidor y lealtad comercial.Con el envío del proyecto, el Gobierno pidió al Congreso el pronto tratamiento y sanción de la iniciativa, con el objetivo de avanzar hacia un esquema que definió como “más consistente, uniforme y adaptable”.

El Gobierno busca derogar la Ley de Etiquetado Frontal y reabre el debate sobre la información alimentaria

A sus 84 años, Julio Bárbaro mantiene una voz activa dentro del debate político argentino. Con una mirada crítica y directa, el histórico referente del justicialismo analizó el escenario nacional, cuestionó el rumbo económico del gobierno de Javier Milei y se refirió al presente y futuro del peronismo.En declaraciones a Debate Abierto Radio, el dirigente sostuvo que el país atraviesa una etapa de fuerte tensión política, deterioro social y pérdida de cohesión institucional.<h2>Críticas a la gestión de Javier Milei</h2>Bárbaro fue particularmente duro al analizar la administración nacional y consideró que el Gobierno comienza a mostrar señales de desgaste y contradicciones internas.Según expresó, la gestión atraviesa un proceso de reconocimiento progresivo de sus propias dificultades, reflejado —a su entender— en tensiones dentro del gabinete nacional.<blockquote>“Se está viendo una fractura interna donde la culpa siempre la tiene el otro”, planteó.</blockquote>El dirigente también cuestionó el impacto social de las políticas económicas impulsadas por la administración libertaria.Sostuvo que el actual rumbo económico profundizó las desigualdades y generó un aumento de la vulnerabilidad social.Entre sus críticas, apuntó especialmente a decisiones vinculadas a la política fiscal y al impacto que, según consideró, tienen sobre distintos sectores de la sociedad.<h2>Cuestionamientos al relato histórico del Presidente</h2>Otro de los puntos abordados por Bárbaro fue el discurso del presidente Javier Milei respecto a la historia económica argentina.El referente peronista rechazó la idea de que el país haya sido una potencia en términos sociales durante etapas pasadas.Si bien reconoció el peso económico que tuvo Argentina como exportador agropecuario, señaló que ese modelo convivía con profundas desigualdades sociales.<blockquote>“La Argentina fue grande cuando los argentinos fuimos integrados en sociedad”, afirmó.</blockquote>Además, recordó etapas del país que, según su visión, estuvieron marcadas por mayor cohesión social y una infraestructura pública que hoy considera en riesgo frente a procesos de privatización o desinversión.<h2>El futuro del peronismo y el debate interno</h2>Bárbaro también analizó la actualidad del Partido Justicialista, donde planteó la necesidad de una renovación política.Sostuvo que el sistema político argentino atraviesa transformaciones profundas y que los partidos tradicionales perdieron parte de su estructura e identidad.En ese contexto, consideró que el peronismo necesita construir una nueva etapa.En relación con liderazgos recientes del espacio, expresó una mirada crítica sobre el desgaste de figuras que marcaron el último ciclo político del PJ.<h2>Axel Kicillof y una nueva etapa</h2>Dentro del escenario opositor, Bárbaro mencionó a Axel Kicillof como una figura con proyección dentro del peronismo.Lo definió como uno de los dirigentes con condiciones para encabezar una renovación política, aunque consideró que cualquier nueva construcción deberá diferenciarse de etapas previas y construir una identidad propia.Su análisis se inscribe dentro del debate abierto que atraviesa el peronismo sobre liderazgo, renovación y reconstrucción electoral.<h2>El rol del Estado</h2>Otro de los ejes centrales de sus declaraciones fue la defensa del rol estatal.Bárbaro remarcó que el Estado debe funcionar como herramienta de protección y organización social.Según expresó, su función principal debería estar vinculada a garantizar derechos y acompañar al ciudadano, especialmente en contextos de crisis.En esa línea, cuestionó con dureza las propuestas de privatización y advirtió sobre el riesgo de trasladar al sector privado áreas construidas históricamente con inversión pública.<h2>Una voz crítica en tiempos de redefiniciones</h2>Las declaraciones de Julio Bárbaro vuelven a reflejar el debate político abierto en torno al rumbo económico del país, el rol del Estado y la reconfiguración de los espacios partidarios tradicionales.Con críticas al gobierno nacional y una mirada sobre la necesidad de renovación dentro del peronismo, el dirigente planteó una discusión que atraviesa buena parte de la agenda política actual.

Julio Bárbaro cuestionó con dureza al gobierno de Milei y pidió una renovación del peronismo

Los reconocimientos fueron obtenidos por dos proyectos independientes del interior del país: Cervecería Okcidenta, de Santa Fe, y Bíchofeo Brewing Co, de Resistencia, Chaco, que lograron hitos inéditos para sus regiones y para la cerveza artesanal argentina dentro del máximo certamen mundial.La edición 2026 de la World Beer Cup se desarrolló en Filadelfia, Estados Unidos, con la participación de 1.644 cervecerías y 255 jueces especializados de 38 países, quienes evaluaron a ciegas las distintas muestras bajo rigurosos criterios de calidad, estilo, técnica y procesos de elaboración.<h2>Santa Fe hizo historia con una medalla de plata</h2>Uno de los grandes logros llegó de la mano de Cervecería Okcidenta, que obtuvo una medalla de plata con su cerveza “Paradoja Nocturna”, una Imperial Stout añejada durante más de cinco años en barricas de Malbec.La distinción fue alcanzada en la exigente categoría Wood- and Barrel-Aged Strong Stout, una de las más competitivas del certamen.Para la firma santafesina, fundada por Marco Málaga y Marcelo Gil, el reconocimiento tuvo un valor histórico: se convirtió en la primera cervecería de la ciudad de Santa Fe en ganar una medalla en los 30 años de historia de la World Beer Cup, además de posicionarse como la séptima cervecería argentina en conseguirlo.La cerveza premiada forma parte del programa de barricas de Okcidenta, considerado uno de los más importantes de Latinoamérica, con más de 80.000 litros en guarda y alrededor de 320 barricas de roble francés previamente utilizadas para vino Malbec.<h2>Chaco logró un hecho inédito para el NEA</h2>Por su parte, Bíchofeo Brewing Co, de Resistencia, Chaco, escribió una página histórica al obtener dos medallas en una misma categoría dentro de la competencia.La cervecería chaqueña consiguió una medalla de plata para “Criolla” y una medalla de bronce para “Torrontés”, ambas en la categoría Belgian-Style Fruit Beer.Las dos cervezas fueron elaboradas con fermentación y maduración en barricas de roble ex vino, utilizando uvas provenientes de una finca orgánica y biodinámica de Cafayate, Salta.Tanto la variedad Criolla como Torrontés tienen una fuerte identidad argentina, ya que derivan de las primeras vides introducidas por los españoles en América.El logro marcó un doble antecedente histórico: fue la primera vez que una cervecería argentina obtuvo dos medallas en una misma categoría dentro de la World Beer Cup, y también la primera ocasión en que una cervecería nacional logró dos premios en una misma edición del certamen.Además, representó un hito para el nordeste argentino, ya que se trata de las primeras medallas internacionales obtenidas por una cervecería artesanal del NEA en la historia de la competencia.<h2>Talento argentino en condiciones desafiantes</h2>Uno de los aspectos que más llamó la atención fue que la categoría en la que compitió Bíchofeo suele estar dominada por productores de regiones de clima frío, con temperaturas promedio que oscilan entre los 15 y 20 grados.En contraste, Resistencia, una de las ciudades más calurosas del país, suele registrar temperaturas superiores a los 40 grados durante gran parte del año, lo que vuelve aún más destacable el nivel técnico alcanzado por la cervecería chaqueña.Las tres medallas obtenidas por estos proyectos independientes del interior argentino ratifican el crecimiento de la cerveza artesanal nacional en el plano internacional. Con innovación, identidad local y excelencia técnica, la producción cervecera argentina continúa consolidándose como una referencia cada vez más valorada fuera del país.

La cerveza artesanal argentina brilló en la World Beer Cup 2026 y volvió a ubicarse entre las mejores del mundo

Cada 18 de mayo, los argentinos celebramos el Día de la Escarapela, uno de los símbolos patrios más representativos de la identidad nacional. La insignia celeste y blanca, que se luce tradicionalmente del lado izquierdo del pecho, acompaña las principales fechas patrias y ocupa un lugar destacado durante la Semana de Mayo.La escarapela fue creada en 1812 a pedido de Manuel Belgrano, quien solicitó al Primer Triunvirato la adopción de un distintivo común para las tropas de las Provincias Unidas del Río de la Plata. El objetivo era unificar los colores del ejército, diferenciarse de los enemigos y fortalecer el sentimiento de unidad nacional en tiempos de lucha por la independencia.El 18 de febrero de 1812, el Triunvirato integrado por Manuel de Sarratea, Juan José Paso y Feliciano Antonio Chiclana aprobó oficialmente el uso de la escarapela nacional con los colores blanco y celeste, tonos asociados a la casa borbónica de Fernando VII, rey de España en aquel período.Sin embargo, existen distintas versiones sobre el origen de sus colores. Una de ellas sostiene que el blanco y celeste ya habían sido utilizados durante las invasiones inglesas de 1806 y 1807 por milicias criollas del Río de la Plata, mientras que otra versión indica que la escarapela fue usada por primera vez por un grupo de damas porteñas durante una visita al entonces coronel Cornelio Saavedra el 19 de mayo de 1810.Más de un siglo después de su creación, en 1935, el Consejo Nacional de Educación instituyó oficialmente el 18 de mayo como Día de la Escarapela, fecha que luego fue incorporada al calendario escolar en 1951.Además de conmemorarse en esta jornada, la escarapela suele utilizarse durante toda la Semana de Mayo, hasta el 25 de mayo, así como también en otras fechas patrias como el Día de la Bandera, el 20 de junio, y el Día de la Independencia, el 9 de julio.La celebración invita a reflexionar sobre los valores que dieron origen a la nación argentina y sobre la vigencia de este emblema patrio que, más de dos siglos después de su creación, continúa representando unión, identidad y orgullo nacional.

Día de la Escarapela: el símbolo patrio que une a los argentinos desde 1812

Desde el Instituto de Energía de la Universidad Austral señalaron que la actual estabilidad responde principalmente a una estrategia temporal de contención y advirtieron que persisten fuertes presiones que podrían derivar en nuevos ajustes en los próximos meses.“El precio de los combustibles hoy no está congelado, sino contenido. Y cuando un precio está contenido, lo que existe es una presión acumulada que en algún momento termina trasladándose, ya sea de manera gradual o más acelerada”, explicó Roberto Carnicer.<h2>Un “buffer” para contener el impacto</h2>Según detalló el especialista, YPF decidió extender por 45 días el esquema de “buffer”, una herramienta que busca amortiguar el impacto inmediato de las subas internacionales del crudo sobre los precios locales.No obstante, el informe elaborado por el Instituto de Energía sostiene que detrás de esa moderación continúan presentes tres factores clave de presión: el valor internacional del barril Brent, la diferencia entre los precios domésticos y la paridad de importación de refinados, y los impuestos diferidos que aún no fueron aplicados en su totalidad.“El buffer cumple una función importante desde el punto de vista macroeconómico porque evita trasladar de golpe aumentos que impactan directamente sobre la inflación, el transporte, la logística y toda la cadena productiva. Pero ese mecanismo no elimina el costo: simplemente lo difiere en el tiempo”, sostuvo Carnicer.<h2>El agro, uno de los sectores más afectados</h2>El análisis remarca además que uno de los sectores más sensibles a esta situación es el agro, debido al uso intensivo de gasoil.De acuerdo al informe, el gasoil premium utilizado por el sector agropecuario presenta actualmente un atraso significativo frente a los valores internacionales, lo que evidencia el desfasaje existente entre los precios locales y las referencias externas.A esto se suma el componente impositivo. El Decreto 302/2026 dispuso una actualización parcial de los impuestos sobre combustibles, aunque dejó pendiente para junio la aplicación completa de los incrementos restantes.“Argentina atraviesa hoy un equilibrio transitorio. Si el petróleo internacional continúa en niveles elevados y finalmente se aplican los ajustes impositivos postergados, es esperable que aparezcan nuevos aumentos en los surtidores”, advirtió el director del Instituto de Energía.<h2>El desafío energético argentino</h2>Carnicer también hizo referencia al escenario estructural que enfrenta el país en materia energética, particularmente por el crecimiento de Vaca Muerta y el desarrollo del shale oil.“Un petróleo más caro favorece a Vaca Muerta, mejora las exportaciones y fortalece las inversiones en shale oil. Pero al mismo tiempo encarece los combustibles internos y genera tensión sobre consumidores, empresas y transporte”, explicó.Finalmente, sostuvo que el principal desafío para la política energética será encontrar un equilibrio entre la competitividad internacional y la previsibilidad de los precios internos.“La Argentina necesita desarrollar su perfil exportador energético sin volver a esquemas de atraso permanente en los precios internos, porque eso termina afectando inversiones, refinación y abastecimiento”, concluyó.

Advierten que la estabilidad en el precio de los combustibles es transitoria y podrían registrarse nuevos aumentos

"La recesión, el ajuste y las altas tasas terminan generando un círculo de exclusión que golpea especialmente a los sectores medios y trabajadores, y no puede abordarse únicamente desde la lógica judicial”, afirmó el ex gobernador Gustavo Bordet al presentar &nbsp;en el Congreso de la Nación un proyecto de ley que declara la emergencia financiera para las familias argentinas.La iniciativa establece la suspensión transitoria de ejecuciones de deudas y medidas cautelares.“Cuando las familias tienen que endeudarse para comprar alimentos, pagar servicios o sostener gastos cotidianos, el problema deja de ser individual y pasa a ser una responsabilidad colectiva que requiere respuestas del Estado”, expresó el diputado nacional entrerriano.“La intención no es desconocer derechos de acreedores, sino establecer un marco temporal de equilibrio y protección social que permita preservar la continuidad económica de las familias y evitar un agravamiento de la situación social”, sostuvo el ex gobernador entrerriano al fundamentar la iniciativa.El proyecto busca brindar alivio frente al creciente endeudamiento de los hogares, en un contexto marcado por la caída del poder adquisitivo, el aumento del costo del crédito y la profundización de la recesión económica.La iniciativa contempla la suspensión por 180 días de ejecuciones judiciales, extrajudiciales, administrativas y fiscales vinculadas a deudas comerciales, bancarias, crediticias, fiscales y tributarias. Además, frena medidas cautelares como embargos, inhibiciones y secuestros de bienes, evitando que miles de familias queden expuestas a una situación de mayor vulnerabilidad económica y social.La propuesta alcanza a personas físicas cuyos ingresos no superen los diez Salarios Mínimos, Vitales y Móviles y también a monotributistas hasta la categoría G. En ese sentido, el ex gobernador remarcó que “la proliferación de ejecuciones y embargos profundiza la crisis económica porque deteriora aún más el consumo y debilita el mercado interno”. Y agregó: “El Estado tiene la responsabilidad de generar herramientas excepcionales para proteger a quienes atraviesan una situación de fragilidad financiera”. El proyecto excluye de la suspensión a las obligaciones alimentarias, créditos laborales, indemnizaciones por daños a la persona y casos de insolvencia fraudulenta, garantizando así la protección de derechos esenciales.Entre sus fundamentos, la iniciativa advierte sobre el crecimiento de la litigiosidad vinculada al cobro de deudas y plantea que la judicialización masiva no constituye una solución eficiente ni equitativa en contextos de crisis económica generalizada.

“El problema deja de ser individual”: Bordet propone una emergencia financiera familiar

Entre las partidas afectadas aparecen numerosas obras viales en rutas nacionales que apenas días antes habían sido presentadas por el propio Gobierno como proyectos “prioritarios” o en plena ejecución durante el informe brindado por Adorni en la Cámara de Diputados.El contraste llamó la atención debido a que muchas de las obras mencionadas el 29 de abril en el Informe 145 de la Jefatura de Gabinete sufrieron fuertes recortes presupuestarios menos de dos semanas después.<h2>Obras anunciadas y luego recortadas</h2>Uno de los casos más notorios corresponde a la Ruta Nacional 38. Allí el Ejecutivo informó que la obra de rehabilitación y mantenimiento de la Malla 441 se encontraba “en ejecución”, con un avance físico del 25,74% y financiamiento previsto hasta marzo de 2028. Sin embargo, posteriormente se le aplicó un recorte de más de $4.257 millones.Situación similar ocurrió con la Ruta Nacional 3, donde la construcción de la autopista entre San Miguel del Monte y Gorchs figuraba entre las “Obras en Ejecución Priorizadas”, con un avance del 40,07%. Aun así, el proyecto sufrió una quita superior a los $6.442 millones.También la Ruta Nacional 5, en el tramo Mercedes – Variante Suipacha, considerada prioritaria y con un avance físico del 30,41%, recibió un recorte de más de $6.748 millones.En el caso de la Ruta Nacional 40, el Gobierno había destacado la continuidad de la Autopista Tramo Sur, financiada parcialmente con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Pese a ello, se dispuso una reducción presupuestaria superior a los $2.025 millones.<h2>El impacto en Entre Ríos</h2>Entre las obras afectadas también aparece la Ruta Nacional 12, uno de los corredores más importantes de la región mesopotámica.Durante su exposición en Diputados, el jefe de Gabinete había resaltado el alto grado de ejecución de las tareas de recuperación y mantenimiento sobre esta ruta, indicando un avance del 92,60% para la Malla 513C en Entre Ríos y del 97,20% para la Malla 535 en Corrientes.No obstante, ambas obras fueron alcanzadas por fuertes recortes: más de $6.265 millones para la Malla 513C y otros $705 millones para la Malla 535.El tramo afectado en Entre Ríos comprende aproximadamente 150 kilómetros entre el acceso a General Galarza y la intersección con la Ruta Nacional 131 y la Ruta Provincial 32, en cercanías de Crespo y Nogoyá, atravesando los departamentos Gualeguay, Tala y Nogoyá.<h2>Otras rutas afectadas</h2>La Ruta Nacional 11 también figura entre las obras alcanzadas por los ajustes. En el informe oficial se detallaban avances en distintos tramos y la continuidad de la autovía en Formosa tras acuerdos firmados en 2025. Sin embargo, posteriormente se reasignaron más de $3.792 millones correspondientes a obras sobre ese corredor.Asimismo, la Ruta Nacional 16, donde se desarrollaban trabajos de repavimentación con un avance del 69,04%, sufrió una transferencia de fondos superior a los $824 millones.<h2>Preocupación por el estado de las rutas</h2>De acuerdo a distintos análisis publicados en medios nacionales, los recortes sobre obras viales superarían los $97.000 millones dentro del Presupuesto 2026.La medida vuelve a poner en debate el impacto de la paralización y reducción de la obra pública nacional, especialmente en materia vial, donde distintos sectores advierten sobre el deterioro progresivo de rutas estratégicas para la producción, el turismo, el transporte y la seguridad vial.Especialistas y referentes del sector sostienen que la falta de mantenimiento y ejecución de obras podría derivar en mayores riesgos de accidentes de tránsito, además de generar dificultades logísticas y económicas para numerosas regiones del país.

El Gobierno nacional anunció obras viales y menos de dos semanas después recortó partidas millonarias

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de abril se ubicó en el 2,6%, mostrando una desaceleración respecto al 3,4% registrado en marzo y cortando una racha de diez meses consecutivos de subas. De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un incremento del 12,3% en lo que va de 2026 y una variación interanual del 32,4% en comparación con abril del año pasado.El dato representa la primera desaceleración mensual desde mayo de 2025, cuando el costo de vida había registrado un aumento del 1,5%. Desde entonces, la inflación mantuvo una tendencia ascendente que llegó a superar el 3% mensual en los últimos meses.Según supo la Noticias Argentinas, la baja de abril estuvo impulsada principalmente por una moderación en la inflación núcleo, es decir, aquella que excluye los precios regulados y los productos estacionales. Este indicador pasó del 3,2% en marzo al 2,3% en abril, convirtiéndose en el nivel más bajo desde octubre del año pasado.Desde la consultora C&amp;T Asesores Económicos señalaron que “la inflación núcleo explicó gran parte de la baja mensual”, destacando especialmente la desaceleración en algunos rubros vinculados al consumo cotidiano.No obstante, algunos sectores continuaron mostrando fuertes incrementos. Entre las categorías analizadas por el INDEC, los precios regulados encabezaron las subas con un aumento del 4,7%, impulsados principalmente por el incremento en tarifas de transporte y electricidad.En ese contexto, la división Transporte fue la que registró la mayor variación mensual, con una suba del 4,4%. El aumento estuvo directamente relacionado con los ajustes en combustibles. Durante abril, YPF aplicó una suba del 1% en los precios de los combustibles y extendió por 45 días adicionales el esquema de congelamiento parcial de precios.El rubro Educación también mostró una variación significativa, alcanzando el 4,2%, en un mes atravesado todavía por ajustes vinculados al inicio del ciclo lectivo y actualización de cuotas en distintos niveles educativos.En contraste, las divisiones que reflejaron menores aumentos fueron Alimentos y bebidas no alcohólicas, con un incremento del 1,5%, y Recreación y cultura, que registró apenas un 1%.En el caso de los alimentos, la desaceleración respondió principalmente a una baja en los precios de frutas y a una moderación general en productos de consumo masivo. También incidió una caída en los valores vinculados al turismo, que compensó parcialmente las subas estacionales en indumentaria por el cambio de temporada.Las consultoras privadas coincidieron en que el dato de abril consolida una tendencia descendente gradual de la inflación, aunque remarcan que todavía persisten desafíos importantes para alcanzar los objetivos planteados por el Gobierno nacional.Uno de los puntos centrales es que el Ejecutivo había proyectado en el Presupuesto nacional una inflación anual del 10,1% para 2026, una meta que actualmente aparece fuera de alcance debido al comportamiento de los precios durante el primer cuatrimestre del año.A pesar de ello, las expectativas para los próximos meses continúan siendo moderadamente optimistas. Distintas consultoras prevén que el IPC se mantendrá cerca del 2% mensual en el corto plazo.La consultora EcoGo estimó para la primera semana de mayo una inflación del 2,2%, en línea con las proyecciones de C&amp;T.Según explicó el economista Camilo Tiscornia, “el fin del pico estacional de educación e indumentaria juega un rol importante”, al igual que la moderación en alimentos y bebidas, el impacto del Hot Sale y los ajustes limitados en combustibles.“Con esta información, la inflación del mes podría ubicarse en torno al 2,2%”, sostuvo el especialista.Por su parte, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) tampoco prevé una caída abrupta de la inflación en los próximos meses. Las proyecciones privadas indican que el costo de vida rondaría el 2,3% en mayo, el 2,1% en junio y el 2% en julio.Estas estimaciones descartan, al menos por ahora, la posibilidad de que la inflación llegue a cero hacia agosto, como había anticipado en distintos momentos el presidente Javier Milei.Desde la sociedad de bolsa PUENTE consideraron que el dato estuvo “en línea con lo esperado por el mercado”, por lo que no anticipan correcciones significativas en las previsiones económicas de corto plazo.Además, remarcaron que, aunque la inflación continuará desacelerándose gradualmente, las tasas reales seguirían siendo negativas durante los próximos meses, un aspecto que todavía genera preocupación entre analistas y ahorristas.Con este nuevo dato, el Gobierno logra mostrar una señal de alivio después de varios meses de aceleración inflacionaria, aunque el escenario económico todavía presenta tensiones y desafíos estructurales. La evolución de los precios en los próximos meses será clave para determinar si la desaceleración observada en abril logra consolidarse o si se trata apenas de una pausa temporal dentro de un proceso inflacionario aún persistente.

La inflación de abril se desaceleró al 2,6% y marcó la primera baja en casi un año

La economía argentina atraviesa una transformación estructural más profunda de lo que reflejan los indicadores tradicionales. Así lo sostiene un estudio elaborado por Ana Inés Navarro y Marina Alvarez, investigadoras del Departamento de Economía de la Universidad Austral, que advierte sobre una creciente fragmentación productiva y regional del país.Según el trabajo, la evolución de la actividad económica ya no puede interpretarse únicamente a partir de estadísticas nacionales agregadas. Detrás de indicadores moderados —e incluso contractivos en algunos períodos— conviven realidades muy distintas entre sectores y regiones. Las autoras describen este fenómeno como la existencia de “tres economías en una”.El informe identifica a las regiones vinculadas a la energía y la minería como los principales motores de expansión. Allí se concentran inversiones de gran escala, con proyectos que van desde los USD 200 millones hasta los USD 7.000 millones. El desarrollo de Vaca Muerta y el avance de la explotación de litio y cobre explican buena parte de este crecimiento sostenido, incluso en un contexto macroeconómico marcado por la volatilidad y las restricciones financieras.En contraste, la región centro —históricamente ligada a la agroindustria— atraviesa una etapa de menor dinamismo. El estudio señala que factores como la incertidumbre climática, la volatilidad de los precios internacionales y la falta de previsibilidad en materia de derechos de exportación afectan la capacidad de crecimiento sostenido del sector agropecuario.Esta situación se traduce en oscilaciones persistentes que dificultan la consolidación del agro como principal impulsor de la actividad económica, rol que históricamente ocupó dentro de la estructura productiva argentina.Las investigadoras sostienen además que ciertos sectores, particularmente la minería, crecen a una velocidad considerablemente superior al promedio nacional. Esto pone en evidencia las limitaciones de indicadores agregados como el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), que no logran captar las diferencias territoriales ni sectoriales que atraviesan actualmente al país.Los datos más recientes muestran con claridad esta divergencia regional. Mientras la región sur —vinculada a los hidrocarburos— exhibe variaciones mensuales positivas sostenidas cercanas al 0,5%, la región andina, asociada a la minería, también mantiene una tendencia de crecimiento, aunque más moderada. Por el contrario, la región centro acumula caídas mensuales consecutivas, aunque con señales de desaceleración en la contracción.A partir de esta evidencia, el estudio construye índices regionales de actividad económica que permiten observar con mayor precisión las diferencias en los ciclos productivos. Los resultados muestran que la energía mantiene una expansión sostenida desde 2021; la minería crece de forma continua desde 2020, aunque con menor impulso reciente; y la agroindustria presenta una trayectoria más débil desde 2023.Para las autoras, esta dinámica refleja una reconfiguración de la matriz productiva argentina. En ese proceso, sectores tradicionales pierden peso relativo frente a nuevas actividades ligadas a los recursos naturales, la minería y la energía.El informe también advierte sobre una limitación estructural que condiciona el análisis económico: la falta de estadísticas regionales actualizadas y comparables. La ausencia de datos consistentes a nivel provincial dificulta el monitoreo preciso de estas transformaciones y limita la capacidad de diseñar políticas públicas basadas en evidencia.En ese marco, las especialistas concluyen que comprender la economía argentina exige mirar más allá de los promedios nacionales y poner el foco en las dinámicas territoriales. Allí —afirman— se define buena parte del presente y del futuro del crecimiento económico del país.

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