La Cámara de Productores Porcinos de Entre Ríos (Capper) renovó sus autoridades este viernes, en un encuentro celebrado en las instalaciones de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos. Juan Pablo Cerini fue designado presidente, María Pilar Pitón vicepresidente, Sebastián Bouzada secretario y Mario Calafell Tesorero. En ese marco, asumieron el compromiso de liderar una agenda sectorial enfocada en la recuperación productiva, la mejora de la infraestructura y la defensa del estatus sanitario.Luego del acto, en el que también se aprobó la Memoria y Balance 2025, Cerini destacó que el sector porcino se encuentra ante una ventana de oportunidad clave para su desarrollo. Tras enfrentar dos años complejos, los productores ven hoy un estímulo renovado traccionado por la demanda del mercado interno. "Existe un incentivo real generado por la brecha de precios respecto del corte vacuno, lo que promueve una inclusión cada vez mayor de la carne de cerdo en la mesa de los argentinos", señaló.<h2>Desafíos en Entre Ríos: infraestructura</h2>En sintonía con el trabajo realizado, uno de los puntos centrales de la gestión será el reclamo por mejoras en las condiciones de infraestructura para producir. Se advirtió que Entre Ríos atraviesa dificultades en esta materia que quitan competitividad y frenan el potencial de crecimiento de las granjas."La provincia tiene una desinversión importante en caminos y energía eléctrica. Pasan los años, cambian las gestiones y el problema persiste, demorando las inversiones para ampliar o radicar nuevas granjas", advirtió.Por otro lado, se indicó que se continuará trabajando con el Gobierno provincial en la regulación del uso de efluentes como fertilizante o fuente de energía. El objetivo es una reglamentación que genere "seguridad jurídica y sea viable para el productor".<h2>Agenda nacional</h2>En el plano nacional, Cerini subrayó la importancia de potenciar la unidad a través de la Federación Porcina Argentina para mantener la fuerza en los reclamos ante el sector público. Apuntó a la necesidad de ganar mercados de exportación, analizar los volúmenes de importación de Brasil y gestionar el impacto de los saltos técnicos irrecuperables."Es clave trabajar con una visión de largo plazo y una estrategia razonable de desarrollo. Debemos seguir de cerca los volúmenes de importación para competir en igualdad de condiciones con Brasil y resolver el obstáculo que representa el IVA para las inversiones", afirmó.Además, apuntó que otro eje que la agenda nacional debería incorporar es el alcance real del nuevo Régimen de Incentivo a las Medianas Inversiones (RIMI) y la histórica categoría de empresas Pyme que establece la ley, ya que resulta discriminatoria de las empresas dedicadas a la agrobioindustria. "Hoy en día esto cobra relevancia porque pueden dejarlas afuera de los beneficios fiscales de la normativa", planteó.Para completar el esquema de trabajo 2026, el presidente de Capper remarcó la necesidad de gestionar la apertura de líneas de crédito que se ajusten a los ciclos productivos reales, permitiendo la tecnificación necesaria para ganar eficiencia.Al mismo tiempo, señaló que la agenda nacional debe incluir un compromiso férreo con la sanidad animal. "Cuidar el estatus sanitario es cuidar nuestra producción. Es un activo que no podemos poner en riesgo si queremos proyectarnos a mercados externos", concluyó Cerini.<h2>Nuevas autoridades</h2>-Presidente: Juan Pablo Cerini (El Hinojo SA) -Vicepresidente: Ma. Pilar Pitón (Los Tres Palos SA) -Secretario: Sebastián Bouzada (San Fernando SA) -Tesorero: Mario Calafell (Gotterland SA) -Vocal Titular: Tomás Benedetti (Tierra Greda SA) -Vocal Titular: Carlos Trossero (Piemonte SRL) -Vocal Titular: Alejandro Bengolea (Estancias del Litoral Cambá SA) -Vocal Titular: Ian O’dwyer (Los O’dwyer SA) -Vocal Suplente: María Mayr (María Mayr) -Vocal Suplente: Joan Fernández (COOPAR) -Revisor Titular: Mateo Veronesi (Agropecuaria Sur SA) -Revisor Suplente: Magdalena Sardá (Carlos Sardá)

Capper renovó sus autoridades y definió los ejes estratégicos para el sector porcino en 2026

Desde FAUBA, tanto la decana Adriana Rodríguez como el profesor de la Cátedra de Forrajicultura Martín Garbulsky, señalaron que en los últimos meses se evidenciaron algunos problemas de la cadena de la carne y que la situación “redujo la oferta interna y la capacidad exportadora del país”.“Actualmente, el país mantiene un stock relativamente estable de entre 52 y 54 millones de cabezas, con aproximadamente 22 a 24 millones de vacas. Sin embargo, la producción anual ronda los 14 a 15 millones de terneros, lo que implica una tasa de destete promedio de entre 62% y 65%”, explicaron. Para Rodríguez como para Garbulsky los valores se encuentran “por debajo de los registrados en otros países con sistemas ganaderos comparables”.La comparativa fue realizada en contrastación a Uruguay: en el país vecino la tasa de destete se ubica entre el 70% y el 75%. En tanto, en sistemas más intensivos como los de Estados Unidos, el porcentaje supera el 85%.Según estimaron la diferencia tiene consecuencias directas sobre la producción potencial de carne.“Cada 10 puntos porcentuales adicionales de destete, representarían aproximadamente dos millones de terneros más por año en Argentina”, señalaron los especialistas.Incluso señalaron que la tasa de destete “es una variable clave porque determina cuántos animales ingresarán posteriormente a las etapas de recría y terminación”. “Cuando ese indicador es bajo, el flujo de animales destinados a la producción de carne también se reduce, lo que limita la oferta de carne futura”, remarcaron desde FAUBA.Los especialistas explicaron que en los sistemas pastoriles de cría como la producción de terneros, la disponibilidad de forraje define “la condición corporal de las vacas y su capacidad reproductiva”.“Cuando la oferta de pasto es insuficiente en relación con la carga animal, se reducen las tasas de preñez y, en consecuencia, la cantidad de terneros que finalmente llegan al destete. Este indicador podría mejorar con mayor acompañamiento técnico y políticas públicas orientadas al sector”, precisaron.Por otro lado Rodríguez y Garbulsky sostuvieron que “la falta de financiamiento para organismos públicos como el INTA y las universidades limita la capacidad de asesoramiento a los productores”.

La carne vacuna y el debate por los precios: el destete, un indicador clave que sigue sin mejorar

Convocados por la Filial Puiggari del Distrito III de la Federación Agraria Argentina, dirigentes y actores del sector agropecuario del departamento Diamante mantuvieron un encuentro para analizar la situación de productores afectados por amparos judiciales vinculados a las distancias de aplicación de productos fitosanitarios en Colonia Ensayo y Aldea Salto.De la reunión participaron el director de la entidad, Matías Martiarena; el ingeniero agrónomo Alfredo Bel; el presidente de la Filial Puiggari, Carlos Bender; y abogados que asesoran a la organización y siguen de cerca las acciones judiciales en curso.Según se informó, en la zona existen actualmente tres amparos relacionados con esta problemática. En uno de ellos, de carácter colectivo, la Federación Agraria Argentina se presentó como “tercero interesado”, con el objetivo de acompañar a los productores involucrados en el proceso judicial.Durante el encuentro, los asesores legales expusieron el estado de las causas y se generó un intercambio con los productores sobre el desarrollo de los hechos. En ese marco, los participantes coincidieron en que la situación genera preocupación tanto a nivel local como en el conjunto del sector agropecuario.“La Filial Puiggari es la única entidad agropecuaria en el departamento Diamante. Estamos acompañando a los productores y vinimos con un equipo de abogados. La situación es compleja: los productores aseguran que no se hizo nada fuera de regla. Existe una ley provincial que llevó años de trabajo y consenso entre todos los sectores, y que cuenta con respaldo científico. Queremos trabajar con tranquilidad”, expresó Carlos Bender.Por su parte, Martiarena destacó la decisión de la entidad de intervenir como tercero interesado en la causa colectiva y valoró las gestiones que se vienen llevando adelante. Además, subrayó la importancia de retomar el proyecto de ley de ordenamiento territorial y de sostener la Ley Provincial de Fitosanitarios.“Es una norma que demandó mucho esfuerzo y existe una vocación unánime del sector por defenderla”, señaló.Finalmente, los presentes coincidieron en la necesidad de garantizar seguridad jurídica en la provincia como condición fundamental para el desarrollo de la actividad productiva, en un contexto que consideran desafiante para los productores de la región.

Productores y dirigentes rurales analizaron la situación por amparos judiciales en el departamento Diamante

En un contexto en el que la economía argentina necesita consolidar la generación genuina de divisas y sostener un crecimiento económico estable, un nuevo informe académico plantea que el sector agroindustrial podría transformarse en el principal motor del desarrollo del país durante la próxima década.El estudio, elaborado por el Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral y el IAE Business School en conjunto con la Bolsa de Comercio de Rosario, sostiene que el agro podría expandirse un 90% en los próximos diez años si se eliminan los derechos de exportación y se resuelven los principales cuellos de botella estructurales que hoy limitan la inversión y la productividad.La investigación fue realizada bajo el modelo económico Agmemod y proyecta que, bajo un escenario de reformas, la producción agroindustrial argentina podría alcanzar las 251 millones de toneladas en una década, impulsando una expansión significativa del Producto Bruto Interno y de las exportaciones.Actualmente, el complejo agroindustrial representa el 23% del PBI argentino y explica el 60% de las exportaciones totales del país. Dentro de ese universo, los complejos oleaginosos y cerealeros generan por sí solos el 45% de las divisas que ingresan a la economía nacional.“Argentina cuenta con una base productiva agroindustrial extraordinaria, pero su potencial está condicionado por factores macroeconómicos que limitan la inversión y el crecimiento”, afirmó Guillermo D’Andrea, profesor del IAE Business School.<h2>Perspectivas productivas para la próxima campaña</h2>Las proyecciones del informe también analizan la campaña agrícola 2025/26. En ese período se estima una cosecha fina de 27,7 millones de toneladas, con ingresos superiores a 4.500 millones de dólares.A su vez, la cosecha gruesa alcanzaría las 154 millones de toneladas, generando entre 32.000 y 37.000 millones de dólares en ingresos para la economía.El documento destaca que, pese a las dificultades estructurales, el agro argentino ha mostrado una notable capacidad de crecimiento. En las últimas tres décadas, la producción se triplicó mientras que el área sembrada sólo se duplicó, impulsada por la incorporación de biotecnología, agricultura de precisión, digitalización y mejoras logísticas.<h2>El peso de la presión fiscal</h2>Uno de los principales factores que limita el crecimiento del sector es, según el informe, la presión fiscal.El estudio calcula que la carga sobre la renta agrícola alcanza el 55,5%, y llegó al 63,6% en junio de 2025 al considerar cultivos clave como soja, maíz, trigo y girasol.La situación contrasta con la de otros países. Mientras los productores de la Unión Europea reciben apoyos equivalentes al 16%, en China el respaldo alcanza el 13% y en Estados Unidos el 7%. En Brasil, el apoyo promedio al sector equivale aproximadamente al 0,5% del PBI.Entre 1997 y 2023, además, Argentina extrajo del sector agroindustrial recursos equivalentes a -1,6% del PBI anual.“La presión fiscal actual reduce fuertemente los incentivos a invertir y adoptar tecnología en el agro. Corregir ese esquema impositivo es clave para liberar el potencial productivo del sector”, explicó Daniel Mamone, investigador del IAE Business School.<h2>Infraestructura: el otro gran cuello de botella</h2>El informe también identifica importantes déficits en infraestructura logística.Actualmente, el 90% del transporte de granos se realiza por camión, mientras que solo el 10% se mueve por tren, lo que encarece los costos logísticos.La red vial argentina presenta además limitaciones estructurales. De los 640.000 kilómetros de caminos, el 62% corresponde a caminos municipales, en su mayoría sin pavimentar. Apenas el 6% son rutas nacionales y solo 3.200 kilómetros son autopistas o autovías.En 2023, el sector agroindustrial aportó 28.686 millones de dólares en tributos. Según el estudio, mantener en condiciones adecuadas la red vial del país demandaría entre 3.200 y 6.500 millones de dólares anuales, equivalente a apenas el 17% del aporte tributario del propio sector.“Si se corrigen los déficits de infraestructura y se incentiva la inversión tecnológica, el agro puede convertirse en un vector central de crecimiento para toda la economía”, señaló Ernesto Ruete Güemes, investigador del IAE Business School.<h2>Atraso tecnológico y potencial de inversión</h2>El parque de maquinaria agrícola también evidencia señales de atraso. El informe señala que el 73% de los tractores y el 46% de las cosechadoras tienen más de 15 años de antigüedad.En paralelo, la productividad total de factores en Argentina cayó 6% en los últimos 20 años, mientras que en Brasil creció un 45% en el mismo período.Sin embargo, los productores muestran disposición a invertir si cambian las condiciones económicas. Según la última encuesta AgBarometer Austral, el 80% de los productores estaría dispuesto a modernizar su maquinaria si mejoran la rentabilidad y el acceso al financiamiento.El estudio sostiene que la modernización tecnológica no es una consecuencia del crecimiento, sino una condición previa para impulsarlo.<h2>El impacto potencial en la economía</h2>Bajo un escenario que combine eliminación de retenciones, mejoras en infraestructura, adopción tecnológica y expansión de 6,5 millones de hectáreas adicionales, el informe proyecta que el sector agroindustrial podría crecer un 90% en diez años.En ese contexto, la producción alcanzaría 251 millones de toneladas, aumentando su participación en el PBI, acelerando la generación de divisas y permitiendo financiar la reconstrucción integral de la red vial del país en apenas tres años.“La clave no es sólo sectorial sino macroeconómica. Reemplazar la lógica extractiva por una estrategia de inversión y productividad permitiría transformar al agro en el eje estructural del crecimiento argentino”, concluyó Bernardo Piazzardi, investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral.

El agro podría expandirse un 90% en una década si se eliminan retenciones y se corrigen cuellos estructurales

La postura fue definida durante un encuentro realizado el viernes 13 de marzo en la ciudad de Villaguay, donde representantes de la entidad analizaron la situación sanitaria y productiva del sector agropecuario entrerriano.Durante la reunión, los dirigentes señalaron que la ganadería nacional ya atravesó una situación similar en la década del 90, cuando se interrumpió la vacunación contra la fiebre aftosa. Según recordaron, aquella decisión derivó en el regreso de la enfermedad y en el cierre de los mercados internacionales para la carne argentina.En ese marco, los delegados expresaron su preocupación por el impacto que podrían tener los cambios en la política sanitaria. Consideraron que la medida llega en un momento en el que la ganadería comienza a mostrar perspectivas favorables, con valores históricos para el ganado y expectativas positivas para el sector.“Estas medidas parecen responder más a decisiones de un grupo reducido de funcionarios que a un análisis técnico y de riesgo sobre las consecuencias que podría acarrear para la ganadería nacional”, manifestaron desde la entidad durante el encuentro.Además del tema sanitario, los representantes de la Federación Agraria analizaron otras problemáticas que afectan a la producción entrerriana. Entre ellas, el impacto de la influenza aviar en el país y sus consecuencias en la avicultura de la provincia, que enfrenta dificultades derivadas del cierre de mercados y la caída en los valores del huevo y del pollo.Otro de los puntos abordados fue la situación climática en el sur de Entre Ríos. Los delegados señalaron la compleja realidad que atraviesan los productores de departamentos como Gualeguaychú, donde la sequía que se prolonga desde hace semanas ya había motivado un pedido de declaración de emergencia a comienzos de febrero.Durante la jornada también se evaluaron las realidades productivas de distintos sectores, entre ellos los productores forestales del Delta, citricultores, arroceros, tamberos y agricultores, quienes enfrentan diversos desafíos vinculados a la situación climática, sanitaria y económica del país.

Productores entrerrianos rechazan cambios en el sistema de vacunación antiaftosa dispuestos por SENASA

El gobierno de Entre Ríos expresó su satisfacción por la participación de la provincia en Expoagro edición YPF Agro, una de las principales muestras del sector agroindustrial del país, que se desarrolla en el predio ferial y autódromo de San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires. Funcionarios provinciales acompañaron a empresas y productores entrerrianos durante la exposición y destacaron el potencial productivo y tecnológico de la provincia.En ese marco, el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, informó que 30 empresas entrerrianas participaron de la muestra y subrayó el avance tecnológico que se observa en el sector. El funcionario recordó que Entre Ríos fue la primera provincia en regular el uso de drones en la actividad agrícola, y mencionó iniciativas presentadas durante la exposición, como un laboratorio para estudiar la chicharrita del maíz, una plaga que afecta a la producción.Por su parte, el ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas, destacó la relevancia del sector agropecuario para la economía provincial y afirmó que se trata del principal motor productivo de Entre Ríos.“Uno llega acá y se vuelve absolutamente entusiasmado al ver el potencial del sector y la decisión tomada por el gobernador Rogelio Frigerio y por el gobierno provincial desde diciembre de 2023, que es acompañar al sector privado para que crezca”, sostuvo.El funcionario también recordó que ese acompañamiento se viene impulsando a través de políticas de ordenamiento fiscal y responsabilidad en el manejo de las cuentas públicas, entre las que mencionó la disminución de la presión tributaria aplicada por la actual gestión para favorecer el desarrollo de la actividad productiva.Boleas destacó además la importancia de la articulación entre el sector público y el privado como estrategia para fortalecer el crecimiento. En ese sentido, señaló como ejemplo el proyecto MiradorTec, donde ya se han instalado empresas vinculadas a la tecnología aplicada a la producción. “Ese va a seguir siendo nuestro camino”, aseguró.En tanto, el presidente del Ente Región Centro e Integración Regional, Atilio Benedetti, advirtió sobre la posibilidad de que la Unión Europea impulse barreras paraarancelarias que dificulten la exportación de biocombustibles argentinos, lo que podría impactar negativamente en las cadenas productivas de la Región Centro.Frente a este escenario, Benedetti valoró el trabajo conjunto entre representantes políticos, entidades del sector y cámaras empresarias para visibilizar la problemática y defender la competitividad del sector. También destacó el potencial agroindustrial de Entre Ríos y las medidas impulsadas por el gobierno provincial para mejorar la competitividad, entre ellas el ordenamiento de los costos energéticos y herramientas de incentivo a la inversión.Por último, la directora de Comercio, Minería y Desarrollo Emprendedor, Noelia Zapata, remarcó que el gobierno provincial trabaja para acompañar a las pymes mediante capacitaciones y herramientas de financiamiento.En ese marco, valoró la firma de un acuerdo mediante el cual la provincia bonificará tres puntos de tasa para créditos otorgados por el Banco Nación a productores entrerrianos, con el objetivo de fortalecer la inversión y el desarrollo productivo en el sector agroindustrial.

Entre Ríos destacó su participación en Expoagro y el potencial del sector agroindustrial

En los últimos días se confirmaron cuatro casos positivos en Argentina. El más reciente se detectó en la ciudad de San Carlos de Bolívar, mientras que anteriormente se habían registrado focos en establecimientos de Lobos y Ranchos, además de una granja productora de huevos en Alejo Ledesma.Desde el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) aclararon que la presencia del virus no afecta la producción destinada al mercado interno ni el consumo de productos avícolas. En ese sentido, explicaron que la influenza aviar no se transmite a las personas a través del consumo de carne de pollo ni de huevos.<h2>Impacto en las exportaciones</h2>La detección del virus sí genera complicaciones para el sector exportador, ya que se extienden los plazos para que Argentina recupere su estatus sanitario como país libre de influenza aviar.Tras el primer caso detectado en Ranchos, el país perdió temporalmente esa condición, lo que obligó a suspender exportaciones hacia varios destinos internacionales que basan sus acuerdos comerciales en ese estatus sanitario. Entre los productos más afectados se encuentra la carne aviar fresca, cuya comercialización quedó restringida en alrededor de 40 mercados, entre ellos China, principal comprador del pollo argentino.A pesar de este escenario, el sector logró sostener envíos hacia más de 35 países y bloques comerciales que reconocen los criterios de regionalización sanitaria. De esta manera, cerca del 47% de los destinos internacionales continúan abiertos para los productos aviares argentinos, incluyendo carne, huevos y derivados.Según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación Argentina, durante 2025 las exportaciones de carne aviar alcanzaron las 169 mil toneladas, con un valor total de 218 millones de dólares.<h2>Medidas de contención</h2>Ante la aparición de los focos, las autoridades sanitarias implementaron diferentes acciones para contener la propagación del virus. Entre ellas se destacan:<ul><li>Interdicción del establecimiento afectado.</li><li>Delimitación de una zona de perifoco de 3 kilómetros con restricciones de movimiento y refuerzo de las medidas de bioseguridad.</li><li>Establecimiento de un área de vigilancia de 7 kilómetros, donde se realizan controles epidemiológicos y monitoreo de aves.</li><li>Despoblamiento del plantel afectado, seguido de limpieza y desinfección integral de las instalaciones.</li><li>Notificación oficial a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), en cumplimiento de los protocolos sanitarios internacionales.</li></ul>En este contexto, Gallinger destacó la importancia de la prevención y del trabajo conjunto entre organismos sanitarios, productores y autoridades provinciales para proteger la actividad avícola, uno de los sectores productivos más relevantes de Entre Ríos.

Influenza aviar: Entre Ríos refuerza controles para evitar el ingreso del virus

El encuentro fue encabezado por el presidente de la entidad, Sergio Dalcol, junto a integrantes del consejo directivo y representantes de diversas sociedades rurales entrerrianas. También participó el vicepresidente primero de Confederaciones Rurales Argentinas, José Colombatto.En esta oportunidad, la reunión contó además con la presencia de los diputados provinciales Gabriela Lena, Bruno Sarubi, Marcelo López y Susana Pérez, integrantes del bloque oficialista Juntos por Entre Ríos. Durante el encuentro se abordaron diversas iniciativas legislativas y problemáticas que impactan en el sector agropecuario.<h2>Debate sobre normativa y producción</h2>Entre los temas planteados, desde FARER destacaron la necesidad de avanzar en una actualización de la Ley de Montes Nativos. Según indicaron, la normativa vigente requiere modificaciones que permitan flexibilizar algunas restricciones, particularmente en zonas del norte entrerriano, donde sostienen que la regulación actual genera dificultades para el desarrollo de la actividad productiva.Durante el intercambio también se expresó preocupación por los intentos de avanzar con un nuevo Código Rural. Desde la federación señalaron que el proceso de elaboración no incluye, hasta el momento, la participación de entidades agropecuarias, organismos técnicos ni colegios profesionales vinculados al sector.Otro de los puntos planteados fue el pedido a los legisladores para acompañar y defender la Ley Provincial de Fitosanitarios, a la que calificaron como una normativa elaborada con respaldo técnico y científico. En ese marco, cuestionaron los amparos judiciales presentados en Colonia Ensayo, en el departamento Diamante, que —según indicaron— ponen en discusión el alcance de la legislación vigente.Desde FARER valoraron el espacio de diálogo con los legisladores y señalaron que el encuentro permitió exponer distintas miradas sobre la situación actual del sector agropecuario en la provincia.<h2>Otros temas de agenda</h2>Tras la reunión con los diputados, el consejo directivo de FARER continuó con el tratamiento del orden del día. Durante esa instancia se abordaron aspectos sanitarios vinculados a la campaña de vacunación contra la fiebre aftosa y la brucelosis.Asimismo, se resolvió otorgar becas a jóvenes integrantes de ateneos rurales para cursar la Diplomatura en Políticas Públicas Agropecuarias, una iniciativa impulsada por CRA, la Fundación CRA y la Universidad Católica Argentina.Finalmente, se informó que este lunes presidentes de distintas rurales entrerrianas tenían previsto mantener un encuentro con el titular de la Dirección Provincial de Vialidad de Entre Ríos, Exequiel Donda, con el objetivo de plantear reclamos vinculados al estado de los caminos rurales en distintos departamentos de la provincia, aunque hasta el cierre de esta edición no se habían conocido novedades sobre los resultados de esa reunión.

Dirigentes rurales y legisladores analizaron la agenda del sector en una reunión de FARER en Villaguay

La provincia de Entre Ríos accederá a financiamiento internacional destinado a mejorar la infraestructura vinculada a la producción de miel. Se trata de un fondo de 15 millones de dólares para las provincias productoras apícolas, aprobado por el Gobierno nacional y oficializado a través del Decreto 132/2026 publicado en el Boletín Oficial.El anuncio fue destacado por el ministro de Desarrollo Económico provincial, Guillermo Bernaudo, quien calificó la medida como “una excelente noticia para los productores”. La iniciativa será presentada oficialmente durante la edición 2026 de la Fiesta Nacional de la Apicultura, que se desarrollará del 20 al 22 de marzo en la ciudad de Maciá.El funcionario explicó que la gestión del financiamiento responde a un planteo del sector apícola provincial. “A partir de una demanda concreta del sector, el gobernador Rogelio Frigerio nos puso a trabajar en la generación de herramientas que aporten al desarrollo de la actividad y logramos un buen entendimiento con las autoridades nacionales, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y el Programa de Inclusión Socioeconómica en Áreas Rurales”, señaló.Los recursos estarán orientados principalmente a obras logísticas vinculadas a la producción y comercialización apícola. Entre las iniciativas previstas se destacan mejoras en caminos rurales y en la infraestructura necesaria para optimizar el traslado de la miel hacia los mercados, especialmente el internacional.El objetivo es fortalecer la competitividad del sector, mejorar las condiciones de trabajo de los productores y facilitar la salida de la producción hacia los distintos canales de comercialización.La apicultura constituye una actividad estratégica para Entre Ríos. Actualmente, la provincia cuenta con más de 700.000 colmenas, alrededor de 2.300 apicultores y cerca de 10.000 apiarios distribuidos en los 17 departamentos del territorio entrerriano. En conjunto, se estima que la producción anual supera las 22.000 toneladas de miel.Con este financiamiento, el gobierno provincial busca impulsar el crecimiento del sector, mejorar la infraestructura productiva y consolidar el posicionamiento de Entre Ríos como una de las principales provincias apícolas del país.

Entre Ríos accedió a financiamiento internacional para fortalecer la cadena apícola

Victoria.- La apicultura es una de las economías regionales que ocupó un espacio importante en nuestra zona e históricamente la Abadía del Niño Dios fue una de las instituciones que marcó un hito en la actividad, que continúa hasta nuestros díasPara ampliar la información, consultamos &nbsp;a Luis Duarte, productor y exportador con explotaciones en La Pampa, Entre Ríos y especialmente en la zona de islas, quien afirmó que este año la campaña presenta perspectivas muy favorables, tanto para la apicultura en islas como en tierra firme.En las últimas semanas hubo una sequía que afectó más a las colmenas en campos, pero la floración que aporta muchas plantas melíferas, permitió recuperar el ritmo. En un año promedio, cada colmena produce entre 50 y 60 kilos en islas y entre 40 y 50 en tierra y en la presente cosecha se podría superar ese rendimiento en un 20 o 30%.“En esta zona es muy abundante la chilca, una floración importante que hasta que llegan &nbsp;las primeras heladas, sigue produciendo” señaló. &nbsp;Según Duarte, Victoria mantiene un dato clave que lo diferencia de otras zonas, hay muchos apicultores jóvenes, algo que no ocurre en todo el país, donde el recambio generacional es bajo. La actividad permite arrancar con gran inversión (100 colmenas o más) o comenzar de forma gradual con 3, 4 o 10 cajones, apoyándose en productores con experiencia. Además, hay capacitaciones accesibles, incluso a través del INTA. Como buen apasionado de la apicultura siempre dice “Si te picó la abeja, no la dejas nunca”Entrevistado por Paralelo32 explicó que en el mercado internacional, la miel se comercializa según el color. Las mieles claras cotizan mejor que las oscuras. Japón demanda miel muy clara; Inglaterra y República Checa compran más oscura; Estados Unidos, por su tamaño, absorbe todos los tipos.Argentina no es el mayor productor mundial, pero sí uno de los principales exportadores.Agregó “el mercado mundial de la miel básicamente se basa en colores, el público está acostumbrado, va a la góndola y compra una determinada miel, que es distinta a la que consume otro país. .Producimos alrededor de 74.000 toneladas anuales, muy por encima de Brasil (12.000), Uruguay (8.000) o Paraguay (4.000). Como el hemisferio norte consume casi todo lo que produce, cuando necesita importar, el precio se termina definiendo en Argentina . Además, el país tiene un sistema de trazabilidad destacado, un frasco vendido en Europa puede rastrearse hasta el productor.“Las grandes, grandes cosechas se dan en el hemisferio norte, prácticamente producen el 70% de la miel del mundo. En el sur apenas logramos el 30-35% de la miel que se produce en el global.&nbsp; Lo que ocurre es que en el norte se consumen todo lo que producen y no les alcanza” señalóEn cuanto a lo sanitario, Argentina está bien posicionada. Hubo un foco de loque americana en el sur, pero fue controlado. La abeja africanizada, que generó preocupación años atrás, hoy no representa un problema en la zona.La apicultura es una actividad de costos anuales, si la cosecha falla, el impacto se arrastra al año siguiente. Tras varias temporadas difíciles por sequía, este 2025/26 aparece como una oportunidad clave para recuperar al sector.Una economía regional histórica que sigue dando pelea y posicionando – en parte - a la miel de nuestra región en el mundo.

Se recupera la producción de miel

La integración entre agricultura y apicultura empieza a mostrar resultados concretos en el campo, en este caso con una combinación “bio”: biodiversidad y cultivos destinados a biocombustibles.Un ensayo realizado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en Rafaela, Santa Fe, confirmó que la incorporación planificada de abejas en lotes de Brassica carinata permite incrementar de manera significativa el rendimiento del cultivo.El trabajo demostró que la presencia de insectos polinizadores, a partir del manejo de colmenas de Apis mellifera durante la floración, puede aportar casi 900 kilos adicionales por hectárea respecto de situaciones donde las flores no reciben visitas.&nbsp;“La presencia de polinizadores aumentó un 37 % el rendimiento de semillas por unidad de superficie, sin afectar el contenido de grasas y proteínas”, detalló Emanuel Orellano, investigador del INTA y uno de los responsables del estudio. Los resultados no solo refuerzan el valor agronómico de la polinización, sino que la posicionan como un componente central en la planificación productiva, con impacto directo en la rentabilidad del lote.Cuando las plantas estuvieron expuestas a polinización biótica, el rinde alcanzó los 2.427,9 kilos por hectárea. En cambio, bajo condiciones de autopolinización, el promedio se ubicó en 1.538,8 kilos. La diferencia refleja el peso que tiene la interacción cultivo-colmena en la expresión del potencial reproductivo de la carinata.“La polinización biótica incrementó significativamente todas las variables de rendimiento evaluadas en comparación con la autopolinización: más frutos formados, más semillas por fruto y mayor peso total de semillas por unidad de superficie”, precisó Orellano.El estudio también cuantificó que la polinización biótica representa entre el 37% y el 40% del ingreso potencial del lote, un dato que pone en números concretos el aporte económico del servicio ecosistémico que brindan las abejas.Un aspecto relevante del ensayo es que no se registraron diferencias en el número de plantas por metro cuadrado ni en la materia seca total entre los tratamientos evaluados. Tampoco hubo variaciones significativas en el contenido de proteína bruta ni en el extracto etéreo de las semillas.En otras palabras, la incorporación de colmenas impactó directamente en la cantidad producida, sin modificar la calidad del grano. Esto refuerza la viabilidad de la práctica desde el punto de vista industrial y comercial.

Abejas y carinata: Una alianza “bio” que dispara hasta 37% los rindes y abre una nueva integración

Durante el encuentro se aprobó el presupuesto operativo para los próximos 12 meses y se definieron los valores de las campañas sanitarias que se desarrollarán en la provincia.El presidente de la entidad, Matías Martiarena, explicó que por primera vez se resolvió un único presupuesto anual que contempla tanto las campañas de vacunación como el plan sanitario contra la garrapata.“Era muy importante definir en febrero qué va a pasar hasta marzo de 2027”, sostuvo el dirigente, quien también integra la Federación Agraria Argentina.La planificación incluye dos campañas de vacunación: la primera que comenzará el 2 de marzo, y la segunda, destinada a menores, prevista para junio, además del programa de control de garrapata durante todo el año.<h2>Valores aprobados para las campañas</h2>En la asamblea se establecieron los valores que deberán afrontar los productores para las dosis sanitarias.El costo de la vacuna contra la fiebre aftosa fue fijado en 3.100 pesos por dosis, monto que incluye el financiamiento del plan de control de garrapata, que representa aproximadamente el 17% del valor total.En tanto, la vacuna contra la brucelosis quedó establecida en 1.300 pesos por dosis.Según explicaron desde la entidad, los valores aprobados permitirán sostener el sistema sanitario provincial, que involucra tareas de vacunación, controles en establecimientos y seguimiento epidemiológico.<h2>Debate por cambios en el esquema de vacunación</h2>Uno de los temas centrales del encuentro fue el análisis de las modificaciones en el esquema sanitario dispuestas por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).Martiarena expresó preocupación por el nuevo modelo, que contempla vacunar únicamente terneros en junio, dejando sin inmunidad a una parte importante de los nacimientos hasta el año siguiente.Según explicó, esta situación podría incrementar el riesgo sanitario.“Vacunar solo terneros en junio y dejar sin inmunidad a más del 70% de los nacimientos hasta marzo del año siguiente eleva el riesgo inmunológico”, señaló.El dirigente agregó que este esquema también incrementa los costos operativos, especialmente en lo relacionado con los movimientos de hacienda.“La realidad productiva de Entre Ríos no siempre es igual a la de Buenos Aires, donde fue pensado este esquema”, sostuvo, aunque aclaró que las resoluciones oficiales deben cumplirse, al tiempo que se plantean las objeciones técnicas correspondientes.<h2>Avances en el control de garrapata</h2>En relación con el combate contra la garrapata bovina, Martiarena destacó el trabajo conjunto entre técnicos y productores.Actualmente existen 1.200 campos interdictos, aunque más de 420 establecimientos pasarán a etapa de control, lo que implica dejar de aplicar tratamientos sistemáticos.Además, los controles de destino permitieron evitar más de 130 nuevos focos, una tarea considerada clave para preservar el estatus sanitario provincial y mantener abiertos los mercados ganaderos.<h2>“No es un impuesto, es un servicio”</h2>El titular de Fucofa remarcó que el sistema sanitario provincial no es una imposición estatal, sino una estructura administrada por los propios productores.Según explicó, la organización rinde cuentas sobre el uso de los fondos y trabaja para garantizar la certificación sanitaria de la producción ganadera entrerriana.“La discusión pasó más por lo sanitario que por lo económico. La corresponsabilidad y la participación de los productores es fundamental”, concluyó Martiarena.

Campo