Paraná (Por Juan Cruz Varela, para Página Judicial).- El ex gobernador Sergio Urribarri volvió a tribunales. No lo hizo en forma presencial, claro, sino por videoconferencia desde su oficina en la Embajada en Israel, para responder a una querella por injurias promovida por el abogado Guillermo Mulet.

La querella se originó tras la denuncia por enriquecimiento ilícito que Mulet y Rubén Pagliotto presentaron contra el ex gobernador. La respuesta llegó a través de un comunicado de prensa en el que Urribarri calificó a ambos como “dos conocidos denunciadores seriales de dudosa probidad”; y respecto de Mulet dijo que registraba “antecedentes penales con imputaciones judiciales por apoderarse de elementos sustraídos en un robo, habiendo sido oportunamente detenido por la Policía de la provincia” y lo acusó de “encubrir a personas que participaron de un grave delito a una importante empresa avícola de Hernandarias”.

En la audiencia, Urribarri dijo desconocer los dichos que se le atribuyen, negó las declaraciones que aparecieron con su nombre en los medios y, por lo tanto, aseguró que no tiene nada de qué retractarse.

“Se ha llegado a esta instancia porque nunca hubo respuesta a los pedidos de retractación ni han contestado a la propuesta para una conciliación; ahora el juego queda en manos del señor Urribarri”, sostuvo Mulet.

Lo cierto es que la manifestación de Urribarri echó por tierra la posibilidad de una conciliación que el propio Mulet había materializado a través de una propuesta que hizo llegar a los abogados Raúl Barrandeguy y Candelario Pérez, defensores del ex mandatario. Mulet pretendía una retractación pública a través de los medios y una indemnización que sería donada a una fundación dedicada a la lucha contra el cáncer infantil.

Pero fue más allá Urribarri, ya que también solicitó que se declare la prescripción de la causa por haber transcurrido más de dos años desde que se promovió la querella y/o que se declare la caducidad de instancia, una figura típica del derecho civil y comercial que implicaría la extinción de la acción debido a la inactividad de los querellantes durante los plazos establecidos por la ley.

Los abogados Iván Vernengo y Damián Petenatti, representantes de Mulet, rechazaron ambos planteos bajo el argumento de que la elongación de la causa en el tiempo se debió a que Urribarri no concurrió a las audiencias de conciliación, luego se amparó en los fueros que tenía como legislador y finalmente la Cámara de Diputados rechazó el desafuero.

El juez Eduardo Ruhl deberá resolver el intríngulis. Lo cierto es que sin acuerdo para arribar a una conciliación, en caso de que el magistrado rechace los planteos de prescripción y caducidad de instancia, la causa podría terminar en un juicio oral y público.

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