Se incrementaron los delitos menores como robos y hurtos
Entre Ríos (Paralelo 32).- La provincia realizó el pasado 5 de diciembre un conversatorio de reflexión sobre el sistema penal juvenil en la Semana que se conmemora los derechos de esta franja etaria, organizado por el Consejo Provincial del Niño el Adolescente y la Familia (Copnaf). La actividad contó con el apoyo de la Asociación Pensamiento Penal, el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos y el Instituto de Niñez y Adolescencia del Colegio de Abogacía de Entre Ríos (CAER.
Al respecto Milagros Serra Cullen, Subdirectora de Programas y Dispositivos Penales –organizadora el evento– explicó que del encuentro participaron entre otros Mirta López González, jueza Correccional de la CABA, y Paola Firpo, magistrada de Garantías de Paraná, que además forman parte junto a mencionada funcionaria de la Asociación del Pensamiento Penal.
Dentro de los temas centrados en el sistema penal juvenil, las magistradas reflexionaron sobre la forma de abordar este tipo de delitos y procedimientos. En principio consideraron las medidas cautelares relacionadas a la privación de libertad. “Actualmente es el Juez de Garantías de adultos quien toma estas determinaciones con un menor, cuando en realidad tendría que ser un magistrado con los conocimientos necesarios para abordar estos casos en menores”. El objetivo es el de incrementar la cantidad de juzgados penales con especialistas para abordar la problemática delictual juvenil, haciéndose necesaria una especialización en los operadores judiciales, para garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia.
En nuestra provincia solamente se cuenta con un juzgado específico en Paraná, mientras que en el interior de la provincia funcionan los juzgados de Familia y Minoridad, pero cuando se tienen que tomar medidas relacionada a privación de libertad se debe acudir al Juez de Garantía del lugar. Los primeros resuelven sobre cuotas alimentarias y cuestiones de familia, pero no tienen especialidad en temas de sistema penal juvenil, inclusive en los concursos del Consejo de la Magistratura no hay exigencias relacionadas con este tema.
La provincia tiene en vigencia la Ley 10.450 que regula el proceso penal juvenil, pero el tema es complejo porque se tendría que crear nuevos juzgados, lo que implica un mayor presupuesto para nominar jueces orientados a resolver específicamente causas penales de menores
Actualidad
En otro orden –en diálogo con Paralelo 32– Serra Cullen comentó que está llevando a cabo un relevamiento, consultando a todas las comisarías de menores que tienen las distintas departamentales. Las consultas se relacionan con la cantidad de delitos de adolescentes que no han llegado a los 16 años, y aún no ha finalizado. De todas maneras comprobó que hasta el momento –según datos recibidos-, los delitos que involucran a esa franja etaria son menores, como robos y hurtos, mientras que los casos de homicidio son muy aislados.
En general hay pocos adolescentes privados de su libertad en los centros de detención, pero el mes pasado tuvieron 6 en Concordia y 2 en Paraná. “La prisión es la última instancia y excepcional, lo que se busca es transitar un proceso particular hasta que se ingresa a una etapa de “Libertad Asistida”, cuando cumplen 16 años, que funciona en territorio”, señaló.
Además, durante este período se trabaja con Servicios de Protección, que es otra área que también tiene el Copnaf, que trabaja en forma coordinada. Porque no solamente interesa el menor que cometió el delito sino también el ámbito familiar, especialmente si tiene hermanos que no llegaron a la mayoría de edad. Es un equipo que coordina actividades específicas con las delegaciones del Consejo en cada ciudad.
Pandemia
Durante la pandemia se profundizó el abandono escolar, sobre todo en los casos de familias numerosas y especialmente en aquellos hogares que se vieron imposibilitados de acceder a los medios virtuales, por no disponer de computadores o porque los celulares estaban limitados al uso de sus padres, o se trataba de equipos de baja prestación.
“Todo esto impactó mucho, pero lentamente se va corrigiendo”, dijo, y en otro orden explicó que justo en esta época de fin de año se incrementan los delitos penales.
Proyectos
El año que viene se piensa trabajar en lo que denominan “justicia restaurativa”. Consiste en determinar el origen del conflicto, y la persona condenada, que obviamente sería un adolescente, tiene que reparar el daño. “Va desde un pedido de disculpas hasta una reposición material, o tareas de tipo comunitario llevando a cabo acciones de reparación”.
Agregó que no se trata de una probation, porque esta se puede realizar en un ámbito público que no lo vincula a la víctima como propone la justicia restaurativa.
También se pretende trabajar en red con las ONG, especialmente en los barrios, porque durante la pandemia estos organismos dejaron de operar y fue un retroceso en ese sentido. La doctora Serra Cullen agregó que en forma permanente colaboraron en proyectos orientados a políticas de menores. En muchos casos fueron por las limitaciones de los aforos.
Otras reflexiones
También participaron del conversatorio el titular del Colegio de Abogados de Entre Ríos, Alejandro Canavesio, y la Vicepresidente del Copnaf Alejandra Ramirez.
Entre las reflexiones que dejó el encuentro, la Jueza Gonzalez sostuvo que es importante «pensar cómo hacemos para modificar los criterios y bajar los niveles de violencia».
Los adolescentes en el sistema penal juvenil se encuadran en «una franja que está muy relegada, porque el mundo está virando bastante mal y son los que siempre quedan afuera del sistema». Por este motivo considero «necesarias acciones concretas, instalar estos temas en la sociedad y encontrar soluciones judiciales innovadoras que se adapten a la edad de los niños y adolescentes». También la Jueza Firpo señaló que es necesaria una especialización en los operadores judiciales, para garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia y que “no queden en letra muerta las convenciones, pactos y tratados en los cuales la Argentina firmó y asumió esas obligaciones”.