Proponen modificar la Ley de Corredores Inmobiliarios de la provincia

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Ante el déficit habitacional y las desigualdades que se registran en el mercado inmobiliario en detrimento de los inquilinos, el diputado provincial, Juan Manuel Huss (Frente Creer), presentó un proyecto de ley para modificar la actual ley provincial del Colegio de Corredores Públicos e Inmobiliarios de Entre Ríos.

A través de los primeros cinco artículos de la Ley Provincial N° 9.739 – de la existencia del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos, Huss pretende «salvaguardar al inquilino de los abusos a los que se expone» en el mercado inmobiliario y proveer «protección para el locatario que necesita acceder a su vivienda».

Según consta en la iniciativa, por medio de la modificar del Artículo 1° se busca establecer en un 4,15% del valor total del contrato de alquiler los honorarios la comisión a cobrar por la actividad realizada y por las comisiones de su comitente en los casos en los que el locatario sea una persona física.

Asimismo, se incorpora como inciso i al artículo 10 Capítulo VI de la Ley la prohibición «en las locaciones de inmuebles con destino a vivienda en los que el locatario sea una persona física, requerir y/o percibir, mediante cualquier forma de pago, comisiones inmobiliarias y/u honorarios por la intermediación o corretaje a locatarios, sublocatarios y/o continuadores de la locación». Esta prohibición es extensiva a los honorarios por administración de dichas locaciones.

La modificación del Artículo 3° propone que los costos de gestoría de dichos informes no podrán ser requeridos a los locatarios de inmuebles con destino a vivienda que sean personas físicas. Entre los fundamentos del proyecto que cuenta con el acompañamiento de los diputados del Bloque Frente Creer Entre Ríos, se asegura que su objetivo final es «disminuir los elevados costos para las personas físicas que representa la celebración de un contrato de locación habitacional, ya que la práctica inmobiliaria pone en cabeza del futuro inquilino diferentes erogaciones que muchas veces dificultan el acceso a una vivienda digna».

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