Impuestos en Entre Ríos: Quién mide qué, con qué métodos e intenciones
Por Hugo Schira (Paralelo 32).- Un informe del Centro Interdisciplinario de Estudios de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER (CIEFCE) determinó que Entre Ríos está entre las seis provincias con menor presión tributaria relativa en el país.
Pero, por otra parte, un estudio del Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER) indicó que la presión tributaria provincial de Entre Ríos aumentó un 75% en la última década al pasar del 4,5% del Producto Bruto Geográfico (PBG) en 2011 hasta el 7,1% en 2020.
Puestos blanco sobre negro, los principales resultados de ambos estudios, nos ubican frente al nudo de las discusiones contradictorias sobre el Estado, los impuestos y la presión tributaria.
Baja presión en Ingresos Brutos
El informe de los profesionales de la UNER analiza la presión tributaria relativa de la Argentina a nivel subnacional, tomando en cuenta el principal tributo de las provincias, Ingresos Brutos.
• Una primera conclusión es la enorme disparidad del peso del impuesto por habitante en Argentina. En las jurisdicciones más ricas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Patagonia, se abona un valor muy superior, mientras que las más pobres, en el norte, se pagan los menores montos. Entre Ríos, en tanto, se encuentra en un nivel intermedio, más bajo que el promedio y entre las seis jurisdicciones con menor presión tributaria;
• El análisis por trabajador privado registrado, indica una situación similar para Entre Ríos, que se mantiene en niveles intermedios, pero cambia significativamente en algunas jurisdicciones como CABA, favorecida por la concentración de actividad económica en su territorio, “lo que le permite disponer de una alta recaudación por habitante, pero una relativamente baja recaudación por trabajador”, detalla el informe;
• Entre Ríos es una de las seis jurisdicciones con menor presión tributaria relativa tienen en promedio por empresa, muy lejos de la presión ejercida por Santa Fe y Córdoba, dentro de la Región Centro, al analizar recaudación de ingresos brutos versus número de empresas registradas.
Conclusión
“Entre Ríos no parece tener un nivel de presión fiscal mayor al resto de las jurisdicciones, sino más bien todo lo contrario. Esta provincia mesopotámica financia sus actividades con una menor incidencia relativa del impuesto a los ingresos brutos respecto del conjunto de las jurisdicciones. En promedio, una persona, un trabajador o una empresa radicada en Entre Ríos paga menos ingresos brutos que la media de un habitante, un trabajador o una empresa del resto de las jurisdicciones”, resume el estudio de CIEFCE.
Más presión en diez años
Por otro lado, el CEER hace otras cuentas y saca sus propias conclusiones. La presión fiscal exclusivamente provincial era del 4,5% del Producto Bruto Geográfico (PBG) en 2011 y ascendió hasta el 7,1% en 2020, marcando 75% más en 10 años.
Además, se destaca que dos de cada tres pesos de recaudación proviene de Ingresos Brutos, al que se considera un tributo “distorsivo” que atenta contra la competitividad
El informe expresa que “el reverso de la presión fiscal es el tamaño del Estado”.
• En los últimos cinco ejercicios el gasto público representó el 39% del PBG, en promedio: un incremento de seis puntos porcentuales con respecto al lustro de 2011-15, cuando el gasto público promedió el 33% del PBG;
• Ingresos Brutos representa el 4,5% del PBG y explica la mayor parte del incremento de la presión fiscal. Hace una década la provincia recaudaba un 2,3% del PBG por Ingresos Brutos;
• A Ingresos Brutos le sigue en importancia el Impuesto Inmobiliario, con 1,1% del PBG; el Impuesto Automotor, con el 0,7%; y el impuesto a los sellos, con el 0,5%. Los impuestos al empleo y al ejercicio de las profesiones liberales representan el 0,3% del PBG.
Apunten sobre Ingresos Brutos
Para el CEER “no es casualidad que el crecimiento de la presión tributaria haya sido motorizado por este impuesto, ya que es el más fácil de incrementar y recaudar”.
Las razones: “En primer lugar, porque lo pagan emprendedores y empresas de la provincia, que son una minoría, a diferencia de otros tributos que recaen sobre un conjunto más amplio de los ciudadanos, como los impuestos inmobiliario y automotor”. Pero se destaca que el efecto final de Ingresos Brutos “afecta a todos los ciudadanos, ya que el incremento se traslada a los precios”.
Es un impuesto distorsivo porque no incorpora la neutralidad fiscal y genera un efecto en cascada. El impuesto se paga en cada eslabón de la cadena de producción y, por lo tanto, su peso aumenta cuanto más larga es la cadena de valor. Esto lleva a los actores económicos a adoptar formas de organización que no son las más eficaces de una economía de mercado, que debería fomentar la especialización y no tanto la integración vertical”, sigue concluyendo el informe.
“El costo económico de Ingresos Brutos es la pérdida de competitividad por el aumento de los costos internos, el desincentivo a la especialización y la acumulación de una presión impositiva que se traslada a los productos y servicios exportables. El costo social es una menor generación de empleos formales, salarios reales más bajos y mayores costos que se traducen en precios más elevados para los consumidores”, señala en otro párrafo.
Luego de analizar otros impuestos, el estudio resume: “La solución de fondo exige una reducción del gasto público en relación con el PBG combinado con un uso más eficiente de los recursos públicos para aumentar la porción que se destina a la inversión”,
IVA, Ingresos Brutos y tasas municipales
El informe de CEER avanza sobre posibles salidas para la presión impositiva sobre las actividades económicas. “Ingresos Brutos y las tasas de industria y comercio que los municipios también hicieron crecer en la última década, se superponen con el IVA, porque consideran la misma base imponible. Una solución posible pasa por una reforma integral a nivel de los Estados nacional, provincial y municipal para subsumir los Ingresos Brutos y las tasas de industria y comercio dentro del IVA, que, por su estructura de ser un impuesto exteriorizable en las cadenas de valor, no incrementa el costo intermedio de los bienes y servicios. De esta forma, habría un solo impuesto a las ventas en todo el país. En un comienzo esto llevaría a una alícuota del IVA cerca del 30%. En cualquier caso, esto no sería un aumento de presión impositiva del IVA sino un sinceramiento de cuál es la verdadera alícuota que hoy impacta sobre las ventas y los consumidores”.