Victoria.- Tal como adelantó Paralelo 32 en su edición del 23 de noviembre pasado, la firma Bema Agri B.V. tenía un plazo de diez días para plantear un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia, en relación a la prohibición interpuesta de terraplenar una superficie donde desarrolló a contrapelo de las normas su emprendimiento agrícola de 560 hectáreas en esta zona del humedal, y como esta presentación no se materializó, quedó firme la sentencia que sienta un precedente histórico a favor de la Municipalidad de Victoria para reglamentar el uso del derecho de propiedad sobre la tierra, de modo tal que impide la agricultura en su suelo isleño.

El pasado 9 de diciembre a las 9:00 venció el plazo establecido por la Justicia, y con él toda posibilidad de accionar de parte de la firma holandesa tras dos fallos en su contra. El paso siguiente es aplicar el decreto que ordena la remoción de este endicamiento practicado en la Isla Irupé para manejar los excesos hídricos superficiales y subterráneos.

Para tener una idea de lo que representaba esta elevación del terreno extendida a lo largo de 19 kilómetros, oscilaba los 550 mil metros cúbicos de material, equivalente a 25 mil bateas de camiones. Esto, si se tuviera que hacer en un lugar que no sea la isla —donde es más caro todavía—representaría algo así como 1 dólar por m3, es decir que el piso de costo supera el medio millón de dólares. Y por lo que pudo saber este Paralelo 32, la curva de inversión estaba prevista en 5 millones de la moneda estadounidense.

Fallo histórico

No es un dato menor que al juicio lo comenzó Bema Agri contra la Municipalidad, aduciendo que todas las ordenanzas municipales y provinciales tenían un carácter “inconstitucional”. Desde la provincia se desestimó esta presentación e invocó su propio poder de policía ambiental, que puede ejercer conjuntamente con la Municipalidad de Victoria y con el amparo nacional que se apoya en la Convención sobre humedales, también conocida como Ramsar (tratado intergubernamental que sirve de marco para la acción nacional y la cooperación internacional, en pro de la conservación y el uso racional de los humedales y sus recursos).

El fallo original que data del mes de julio de 2018, sentó las bases de un tratado de Derecho Ambiental provincial y municipal, ya que consolida el poder de policía de Victoria sobre sus islas, e incluso marca parámetros de qué acciones se pueden o no realizar allí.

Las ONG de la región y demás organismos nacionales e internacionales esperaban este fallo con mucho interés, dado que si era necesario, algunos de ellos iban a presentarse ante la Corte Suprema de Justicia bajo la figura de Amicus Curiae, expresión latina que significa Amigo de la corte o amigo del tribunal, utilizada para referirse a presentaciones realizadas por terceros ajenos a un litigio, que ofrecen voluntariamente su opinión frente a algún punto de derecho u otro aspecto relacionado, y así colaborar en la resolución de la materia objeto del proceso; pero no fue necesario.

La municipalidad de Victoria no tiene ni los medios materiales ni los económicos para afrontar esta remoción, de manera que –según respondió una alta fuente a nuestra consulta– apelará a los mecanismos legales vigentes para que la empresa que construyó sin la habilitación y permisos pertinentes en este ecosistema, vuelva a su estado original esta isla.

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