Fiscal Federico Uriburu (Paralelo 32)

Nogoyá.- Luego de un año que tuvo a Nogoyá en el centro de la escena mediática provincial y nacional en reiteradas oportunidades, Paralelo 32 dialogó al fiscal Federico Uriburu quien se refirió a las causas que más repercusión tuvieron en la agenda periodística, aunque apuntó que en conjunto se llevaron adelante alrededor de mil quinientos casos, también de importancia.

“Hemos tenido momentos gratos y otros no tanto, debido a que se nos fue una importante cantidad de personal que se vio reducido por crecimiento en la carrera judicial, y algunos empleados que han emigrado”, comentó en relación a la situación administrativa de la fiscalía local, y agregó: “El año no es solamente lo que se ha visto, estamos tratando de, el año que viene, poder recomponer la estructura de la fiscalía, volver a la cantidad de empleados que teníamos antes”.

Sin lugar a dudas, entre los casos más resonantes, está muy fresco el allanamiento del convento de carmelitas descalzas, por una denuncia de la revista Análisis, donde el periodista Daniel Enz dio cuentas de las torturas a las que eran sometidas un grupo de monjas que residían allí. Además, y en una nueva causa que golpea a la iglesia católica, tomó estado público el caso del párroco Escobar Gaviria, acusado de reiterados abusos a menores.

Finalmente, entre los hechos más destacados del 2016, se encontró una denuncia millonaria por parte de una vecina de la ciudad que involucra a un empresario victoriense por supuesta administración infiel, tema sobre el cual informó con amplitud Paralelo 32 en su edición del sábado 30/12/16 (páginas 4 y 5)

Torturas en el convento

“Fue sorpresivo, porque era algo que el mismo contexto no daba a pensar que el convento iba a ser motivo de una investigación penal, que luego por cuestiones más que nada del trabajo del periodismo, trascendió las fronteras hasta de la nación”, reflexiona hoy el Fiscal de la causa.

“Esa causa, al día de hoy sigue en trámite, está en un proceso de impugnación; se interpuso un recurso de casación contra un resolución de una jueza de Gualeguaychú que dispuso que la justicia provincial no era competente para entender y a su vez, unos días después, el juez federal también se declaró incompetente para entender”, informó  Uriburu, y aclaró que eso es “un conflicto negativo de competencias donde un  tribunal común tendrá que resolver quién continua la investigación”.

Para la fiscalía, dicha situación no impide que puedan seguir juntando elementos que sean de interés para, eventualmente, pedir la elevación de la causa a juicio. “Lo último que se conoció fue una resolución de El Vaticano de apartar a la madre superiora, tarea que llevó adelante monseñor Puiggarí y donde se dispuso el traslado a Roque Sáenz Peña, Chaco, donde hay otro convento de la orden del Carmelo”.

Según lo desprendido del propio caso, la madre superiora ya informó oficialmente de su nuevo domicilio y la fiscalía solicitó una prórroga en la investigación. En este sentido afirmó: “Nosotros a la madre superiora la imputamos en el mes de septiembre y tenemos tres meses para elevar a juicio o ver qué otra disposición adoptamos, y en este caso el Código nos habilita a pedir prórroga; la idea es tratar de cumplir dentro de los tiempos del Código pero en causas complejas siempre se adoptan estas medidas”.

“Uno de los abogados defensores estuvo en tribunales, nos puso en conocimiento de que la madre superiora está en aquel convento y obviamente acá en el Carmelo tendrán que adoptar las medidas y cubrir la falta, pero es algo que no nos incumbe a nosotros y mientras no se entorpezca la investigación pueden seguir la vida normal que se seguía ahí adentro”, sentenció.

Abusos en Lucas González

En referencia a la causa que involucra al cura de Lucas González, Escobar Gaviria, en un gran número de abusos a menores, Uriburu relató que se ha continuado con las medidas de prueba e informó que hace pocos días se realizó una audiencia en Gualeguaychú, donde el defensor había planteado una apelación contra una prohibición del párroco de regresar a Lucas González, pero la resolución del juez de garantías fue confirmada.

Si bien la causa se encontraba lista para ser elevada a juicio esta semana, por cuestiones de la investigación –que Uriburu no quiso revelar. se realizó una pausa en el caso aunque aclaró: “Ya tenemos los elementos para pedir una pena para este hombre”.

Sin remilgos

El martes de la semana pasada en horas de la noche, Monseñor Puiggari visitó en Lucas González, en horas de la noche, a Silvia Muñoz, madre del nene de 11 años que fue abusado por Juan Diego Escobar Gaviria y por el cual tiene una causa iniciada. Según publicó la página El Entre Ríos, Silvia le habría dicho sin remilgos a Mons. Puiggari, cómo era posible que hubiera un abusador adentro de la Iglesia, pero se lo dijo sin escrúpulos con un lenguaje coloquial: “¿usted se da cuenta, monseñor, que este cura con la misma mano que hacía acabar a un nene después daba la hostia en la boca a la gente?”
Entonces, Silvia escuchó de boca de Puiggari esa frase: “Lo que pasa es que Escobar Gaviria es un pedófilo manipulador”. Y completó con esta otra frase: “Es la manzana podrida que hay que apartar”.

La versión textual fue publicada por un medio que tiene más de 130 años en nuestra provincia y documenta muy bien sus publicaciones.

Estafa

Finalmente, un caso que tomó estado público en los últimos días pero que se encuentra en manos de la fiscalía desde marzo, involucra a una vecina de Nogoyá de apellido Primo, que asegura haber sido víctima de una estafa por parte de un empresario victoriense.

Según el relato de la justicia, Primo se considera víctima de un ilícito por el que fue imputado un hombre de apellido Manassero, quien ya brindó declaración. El caso en cuestión se trataría de defraudación especial como lo es la administración infiel.

Así, según el relato de la denunciada, ella había confiado la administración de sus bienes en el año 2003 a Manassero y en el ejercicio de esa administración supuestamente él se habría valido del poder que ella le dio como administrador, para incorporar a su patrimonio inmuebles que eran de su administrada. “En definitiva es lo que estamos investigado, obviamente sujeto a las pruebas que se incorporen en la investigación”, concluyó el Fiscal Uriburu.

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