Paralelo 32

Victoria.-  La presencia de construcciones en terrenos municipales de la costa representa un problema para las autoridades, el Asesor Letrado, Eduardo Ruda explicó que esas viviendas no cuentan con la autorización por parte de la comuna y los habitantes en ese lugar son  considerados intrusos. Aunque no hay datos oficiales, se pueden estimar en unas diez las radicaciones en el lugar. Se trata de un predio costero ubicado en las inmediaciones del Camping Mario Brasesco, se encuentran en zonas inundables por lo cual no están habilitados para la radicación de unidades habitacionales. También el funcionario comentó a nuestro medio que oportunamente hicieron una presentación judicial denunciando esta situación.

Sobre el particular, el Fiscal Dr. Eduardo Guaita, que entiende en esta causa, dijo a Paralelo 32 que han imputado a siete personas (Art. 181 CP), pero explicó que la municipalidad no ha iniciado el proceso de desalojo. Han nombrado abogados y se está fijando fecha para la declaración bajo esa condición. Confirmó además que se trata de personas de bajos recursos y algunos de ellos tenían autorización municipal.

Aspectos jurídicos

Según explicó el doctor Guaita, la labor judicial que lleva a cabo se encuadra dentro de lo que establece el Código Penal en el artículo 181, que contempla investigar el hecho de la usurpación que tiene una pena que va desde los 6 meses a tres años de prisión.

El desalojo se debe tramitar en el marco de lo que establece el artículo 75 del Código de Procedimientos Penal. El mismo expresa que “en las causas por infracción al Artículo 181 del Código Penal, en cualquier estado del proceso y aún sin Auto de Remisión de la Causa a Juicio, el Juez de Garantías a petición del damnificado podrá disponer provisionalmente el inmediato reintegro de la posesión o tenencia del inmueble, cuando el derecho invocado por el damnificado sea verosímil. En este caso es el Estado municipal.

Reflexiones

Partiendo de la base de que se trata de familias de bajos recursos que seguramente no podían acceder a la compra de un terreno, tuvieron la necesidad y vieron la oportunidad de afincarse en estos lugares, con el riesgo de desalojar el inmueble cuando lleguen las crecientes. Es ingrato tener que tomar estas decisiones tanto desde la política como de la justicia. Son muchísimos casos en distintas municipalidades que tienen situaciones similares, según hemos podido saber, pero esa realidad tiene otra cara y es que, intimar a los usurpadores es una forma de deslindar responsabilidades por si acaso alguna vez, por una creciente, hubiera que lamentar la pérdida de alguna vida, por ejemplo.

Por otra parte representan un costo aún mayor porque en épocas de crecientes deben ser asistidos por el municipio, especialmente por parte de Desarrollo Social.

El tema es muy sensible, sin duda alguna, por tratarse de familias humildes en situación desesperante. Hay antecedentes en otras ciudades costeras, donde se instalaron en tierras inundables y se les ofreció una vivienda social para que desalojaran, pero el método creó expectativas y constantemente otros trataban de afincarse allí reclamando las mismas condiciones para retirarse.

Lo ideal sería agotar la vía del diálogo para resolver estas cuestiones, porque resulta muy violento hacerlo por las vías institucionales o judiciales. Además se incluyen dentro de la  fracción de la sociedad de los que menos tienen y llegan a la usurpación por emergencia.

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