Sigue haciendo ruido la renuncia del secretario de Gobierno y Servicios Públicos de la Municipalidad de Ramírez

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Ramírez- Semanas atrás el Prof. Darío Chaparro dejó de cumplir funciones como Secretario de Obras y Servicios Públicos del Municipio y Tesorero del Consorcio de Viviendas del Departamento Diamante.

La renuncia del funcionario, según se informó desde el Ejecutivo Municipal, se basó en “diferencias de criterio sobre la metodología de trabajo”, planteando que “Fue aceptada previo consenso del equipo de gobierno”.

Se aclaró además que con el objeto de garantizar la continuidad de las tareas, el Área se encuentra a cargo de la Arq. María Laura Ceballos – quien ya se viene desempeñando en el Municipio – hasta tanto se defina la nueva estructura jerárquica.

“El Presidente Municipal Gustavo Vergara, el Vice Roberto Riffel y todos los integrantes del gobierno municipal agradecen el compromiso con el trabajo, la honestidad y el amor por la ciudad, valores que guiaron su gestión y nos unen como compañeros de equipo”, indicaron desde el Municipio en un comunicado oficial.

Otra campana

Lo cierto es que con el paso de los días, los rumores no tardaron en tomar fuerza, teniendo en cuenta el cargo que Chaparro tenía, siendo funcionario de alto rango y uno de los hombres de confianza del intendente Vergara, al punto que fue el presidente municipal el que lo propuso, en el marco de las negociaciones que se fueron dando entre las fuerzas que integran la Alianza Ramirense al momento de ganar las elecciones.

Pese a los intentos del cronistas de esta redacción, no fue posible establecer contacto con Chaparro. Desde el Frente para la Victoria, las fuentes consultadas por Paralelo 32 prefirieron no aventurar ninguna hipótesis por el momento, aunque reconocieron que los sorprendió la noticia.

Vale recordar que aún existe preocupación por las 71 viviendas sociales destinadas a ciudadanos que no poseen techo propio, que deberían haberse terminado hace ya mucho tiempo, pero que por diversas razones no se culminaron aún.

Se trata de unidades habitacionales que fueron construidas en el marco del Programa Federal de Vivienda y Mejoramiento del Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales, que instrumentó el gobierno en 2014 a través de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación.

Las familias que cumplieron con requisitos para acceder al programa, conformaron un Consorcio a Gestión y a través de las empresas constructoras, acordaron a través de la Unidad Ejecutora de Programas Especiales del Ministerio Provincial de Desarrollo Social la construcción de las casas.

Pero el cambio de gobierno nacional, con la llegada de Cambiemos, generó una revisión total en todo el país, con la decisión de recuperar el manejo de los fondos federales destinados a viviendas en muchas provincias. Los adjudicatarios, entonces, quedaron en el medio, por ejemplo en estos casos. El tiempo fue pasando y la concreción no llegó.

Tras diversas gestiones, les informaron que las viviendas iban a ser entregadas en diciembre de 2016. Pero en junio del año siguiente, les confirmaron que restaban obras complementarias, y que esperaran hasta fines de julio o agosto. Y así pasaron los meses.

En octubre de 2017 recibieron la novedad de que depositarían los últimos fondos junto con la promesa de inauguración para diciembre. Eso, naturalmente, no pasó. Hoy, siguen esperando la terminación.

Ediles del FPV reconocieron que estuvieron recientemente en la UEPE para solicitar información relacionada con este Consorcio que tenía a Chaparro como tesorero y las respuestas fueron satisfactorias, manifestándose desde la Unidad que las rendiciones se vienen haciendo de manera correcta.

Por lo tanto, habrá que esperar. Desde el oficialismo local plantean que todo está en orden y que reina la tranquilidad. En la oposición se permiten dudar de esa afirmación. Lo cierto es que la renuncia de Chaparro, como funcionario y como tesorero del Consorcio, generó un importante revuelo político a un año de las elecciones.

Si fue solo una “diferencia metodológica” o una diferencia más profunda, si existió algún conflicto interno en el gobierno municipal, son cuestiones que con el paso del tiempo se irán conociendo.

Acuerdo en temas dominiales

Por otro lado, se informó esta semana desde el Ejecutivo que, luego de una larga serie de reuniones, lograron la firma de un acuerdo escrito con el empresario Fernando Huck para la resolución de temas dominiales que involucran a las 71 viviendas en ejecución.

El Presidente Municipal Gustavo Vergara envió un proyecto para su tratamiento en la sesión del Concejo Deliberante esperando su aprobación.

Explicaron desde el municipio que, “en el año 2015, el Concejo Deliberante aprobó ordenanzas que cedían a la empresa las reservas fiscales existentes en distintos loteos de nuestra ciudad (“Ex Fuchs”, “Jardín de Ramírez”, “Ramírez Norte II” y “La Pradera II”) con el objeto de obtener a cambio la propiedad de terrenos para la construcción de viviendas.

Sin embargo, nunca se avanzó ese sentido y – basándose en un acuerdo de palabra – el anterior Consorcio inicio la construcción sobre terrenos ajenos, sin el correspondiente título de propiedad ni el consentimiento expreso del propietario.

El nuevo acuerdo – elaborado por el Director de Asuntos Legales del Municipio Pablo de Iriondo – incluye el compromiso escrito y fue rubricado por escribano público para la donación de los terrenos mencionados. A la vez se ratifican los loteos aprobados en su momento, aunque introduciendo algunas variantes:

  • La empresa cede al municipio un nuevo lote, donde se instalara una planta elevadora de líquidos cloacales. Esta obra evita la construcción de 71 pozos negros y permite conectar el servicio al barrio circundante.
  • La empresa colocará dos luminarias completas con tecnología LED por cuadra en los loteos en cuestión, exigencia que no estaba prevista hasta ahora.
  • En los loteos ya aprobados, se habilitan 10 nuevos terrenos para uso residencial, los que anteriormente solo permitían un uso industrial o comercial.

Con esta nueva propuesta de ordenanza se solucionan incongruencias y vacíos legales de las ordenanzas 2138/2010, 2286/2014, 2287/2014, 2289/2014, 2298/2014, 2312/2015 y 2324/2015, además de resolver un importante inconveniente legal.

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