La cantidad de mercadería que llegó al país en dos contenedores desde los Estados Unidos como una supuesta donación para la Universidad Adventista del Plata (UAP), en Entre Ríos, le demandó a los controladores aduaneros de Campana 28 días para calcular el valor de la carga: 14.867.633 de pesos. Pero todo era una simulación. Supuestamente se trataba de equipamiento electromecánico hospitalario, pero en realidad era un contrabando de productos de electrónica de alta gama y de una operación de importación, que se encuentra prohibida, de productos farmacéuticos y de la medicina nuevos y usados.

Así lo entendió el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, que en las últimas horas procesó por el delito de contrabando a dirigentes de la Asociación Argentina Adventista del Séptimo Día, y a una despachante de aduana.

Según la resolución judicial, los acusados habrían cometido el delito de contrabando “al dificultar, mediante ardid y engaño, el adecuado ejercicio de las funciones que las leyes acuerdan al servicio aduanero para el control sobre las importaciones, realizando actos con el propósito de someter a la mercadería a un tratamiento aduanero y fiscal distinto al que corresponde a los fines de su importación, y haciendo uso de autorizaciones especiales y certificaciones expedidas contraviniendo las disposiciones legales y específicas que regulan su otorgamiento con el fin de obtener, respecto de la mercadería que se intentó importar, un tratamiento aduanero o fiscal más favorable al que correspondiere y mediante la presentación ante el servicio aduanero de documentos adulterados necesarios para cumplimentar la operación”.

Los procesados, según el expediente judicial, fueron el presidente de la Asociación Argentina Adventista del Séptimo Día (Aaasd), Carlos Gill Krug; el tesorero de la Aaasd, Carlos Giménez Graf; Roberto Giaccarini, que trabaja en la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA) desde 2002; Oscar Ramos, ex-rector de la UAP; Jorge de Sousa Matías, ex-vicerrector de la UPA, y la despachante de aduana Nilda Saira.

A Gill Krug, Giménez Graf, Giaccarini, Ramos y De Sousa Matías se le trabó un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 2.000.000 de pesos. Para Saira el embargo fue hasta cubrir la suma de 600.000 pesos. Todos continúan el proceso en libertad.

El caso se hizo publicó en julio del año pasado, cuando la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Dirección General de Aduanas informaron que “al realizar la verificación se pudo constatar la existencia de mercadería sin declarar que viola el régimen de donación. Surgió además, la existencia, prima facie, de una operación de contrabando documental y físico”.

Según la AFIP y la Dirección General de Aduanas, se descubrieron televisores de pantalla curva de 65 pulgada; otros de 75 pulgadas, de tecnología Android TV; aparatos Samsung Smart TV de 46 pulgadas; computadoras All in One HP Pavillion, PC All in One, iMac de Apple, discos rígidos de 6 Tera byte, memorias expandibles de 1 Terabyte Samsung, placas de video de Intel, dos drones profesionales con filmación, tablets y telefonía celular de alta gama, como ser iPhone 4 y iPhone 6, y iPod. Había, además, una consola de sonido digital y una filmadora de cine.

“El análisis armónico de las probanzas colectadas indicaría también que el cargamento de tanto desecho, elemento inservible, obsoleto y arcaico podría haber sido usado para, entre tanto bártulo, confundir la mirada o virar la atención de los agentes controladores sobre los objetos electrónicos y de la medicina comprados en el exterior que se intentaron hacer pasar como donados”, afirmó el juez federal González Charvay en su resolución.

Según la investigación judicial, parte de la mercadería se compró en el exterior. “Es decir no fue donada explicó el magistrado. La compra de los productos embarcados se realizó, en su mayoría, durante el período comprendido entre noviembre de 2015 y mayo del 2016, en operaciones vía internet a través de diferentes páginas tales como amazon.com, shop anatómica, Paypal, Gaylord, Archival, Best Buy, entre otras, por parte de De Sousa Matías”, explicó el juez.

Para el juez González Charvay, es “muy probable” que hubieran existido otras operaciones de importación previas de “similar matriz”.

“Gill Krug, en principio, habría ilícitamente sacado provecho, o permitido que sus consortes de causa lo hicieran, de los permisos y exenciones conseguidas como entidad religiosa, asociación de asistencia social, caridad, beneficencia, educación e instrucción y sin fines de lucro, en un claro beneficio de su resultado: evadir el pago de los tributos aduaneros e impositivos. El nombrado, en su calidad de presidente, como autoridad máxima de la Aaasd, debió arbitrar los medios necesarios para que se cumpla con el exclusivo propósito que tales autorizaciones tenían a los fines de garantizar un uso legítimo de aquéllas”, afirmó González Charvay en su resolución.

Pero además de los productos electrónicos comprados por Internet y ocultados en la supuesta operación de donación, en un primer cotejó “se advirtió la existencia de insumos hospitalarios con vencimiento operado y/o en mal estado; distintos productos sin sus respectivos envoltorios; desechos clínicos resultantes de la atención médica prestada en hospitales, centros médicos y clínicas para la salud humana y animal; desechos de medicamentos y productos farmacéuticos para la salud humana y/o animal; sustancias infecciosas o desechos que podrían contener microorganismos viables o sus toxinas, agentes conocidos o supuestos de enfermedades en los animales o en el hombre“.

 

Fuente: La Nacion

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