La apertura del año judicial en la provincia de Entre Ríos, normalmente a cargo del presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), tuvo dos características inusuales este año. No hubo ceremonia de inicio y se demoró un mes con respecto a marzo, cuando habitualmente se desarrolla el evento.

Por ejemplo. El inicio del Año Judicial 2016 se realizó el 16 de marzo con un acto de apertura en el salón del Consejo General de Educación, con la presencia del vicegobernador Adán Bahl y cuatro vocales del STJ que siguieron el discurso de la titular de alto cuerpo, doctora Claudia Mónica Mizawak. No faltaron en ese momento autoridades civiles, policiales, magistrados y periodistas. Además, hubo una transmisión en vivo por Youtube.

Nada de eso ocurrió este año. Mizawak envió por correo electrónico su informe anual con datos estadísticos habituales sobre el año anterior y especificaciones sobre los proyectos en desarrollo. Del informe surge que el Poder Judicial entrerriano muestra una estructura institucional en crecimiento y con procesos de mejora. El vaso está más que ‘medio lleno’. Pero no todo está bien, y Mizawak tuvo escasas alusiones a algunos de los problemas políticos que afectan al Poder Judicial entrerriano  y a ella como cabeza de nuestra Justicia. Por esos silencios se cuela de a poco, con la persistencia de los tercos, la crisis institucional.

Juicios políticos

¿De qué no habló Mizawak, pero debía decir algo, para fijar una postura institucional, como mínimo? Por empezar, de los juicios políticos que se plantearon contra ella y contra el renunciado vocal Carlos Chiara Díaz, protagonista ineludible de la política judicial entrerriana que debió irse del Poder Judicial por la puerta de servicio. En el caso de la presidenta, hubo denuncias, luego desestimadas por la mayoría legislativa del oficialismo, sobre viajes y abandonos excesivos de la jurisdicción, falta de controles en el otorgamiento de viáticos y licencias, participación en sociedades comerciales con el exgobernador Sergio Urribarri y con su marido, Daniel Arroyo; entre otras cuestiones.

Venta ilegal de armas

Quizás, hubiera sido mejor que fuera más explícita en torno al escándalo que se produjo con el descubrimiento de la venta ilegal de armas secuestradas en una oficina con dependencia directa del STJ. No obstante ofreció información positiva al respecto: “a partir de los hechos que derivaron en la intervención del Área de Efectos Secuestrados, en mayo de 2016, y sin perjuicio del inicio de sumarios administrativos en orden a determinar responsabilidades de los funcionarios a cargo, se designó un nuevo equipo de trabajo que lleva actualmente una importante modernización y mejora en términos de procedimientos, protocolos de actuación, edilicios y tecnológicos”. Agregó que “se fijaron protocolos para la recepción, guarda y entrega de efectos secuestrados, implementándose sistemas de seguridad a partir de empaques plásticos y precintos numerados, para garantizar la inviolabilidad e identificación del efecto a lo largo de la cadena de custodia”.

Caso Micaela

Sobre el femicidio de Micaela García, la presidenta del STJ hizo declaraciones de carácter emocional que contrastan con la atmósfera técnico-institucional que respira el resto del informe. En las palabras finales de las dos últimas páginas, Mizawak señaló que se comunicó con el padre de la joven, Néstor García, “expresándole nuestras condolencias, y también mi pesar desde mi lugar de madre y de mujer. Y acaso este dolor, inmenso dolor –que es, sin duda, un dolor de todos– sirva para fortalecer nuestro trabajo en pos de los cambios por los que la sociedad toda lucha y ella activamente participaba”.

Previamente, al referirse a las denuncias contra el juez de Ejecución de Penas, Carlos Rossi, por haberle concedido la libertad condicional al principal sospechoso del crimen, a pesar de que los informes técnicos lo desaconsejaban, Mizawak sólo atinó a señalar que el Jurado de Enjuiciamiento “es quien deberá imprimir, en virtud de su autonomía, el trámite de ley y decidir su remoción si correspondiere”.

‘Si correspondiere’: el artificio de gambetear el fondo de la cuestión con un argumento normativo. ¿Debió elaborar una definición que haga equilibrio entre lo político, lo jurídico y lo institucional sobre cómo debe actuar un juez de Ejecución de Penas, en el marco que redefinió en la sociedad argentina el caso Micaela? En su condición de presidenta de la Justicia entrerriana es algo que la opinión pública y la opinión publicada esperarían. Está un poquito por encima de los jueces y puede darse el lujo de encaminar con su opinión el trabajo que ahora les cabe a los legisladores.

Datos destacables del informe

Más allá de las consideraciones políticas, que siempre son discutibles, el informe avanza en detallar las mejoras que el Poder Judicial de Entre Ríos viene desarrollando en inversiones, más servicios o nuevas tecnologías, como la realización de 35 videoconferencias durante 2016 a distintos puntos del país (declaraciones de peritos, forenses, testigos, capacitaciones, debates, reuniones de trabajo, etc.). También abordó los concursos realizados y pendientes en el Consejo de la Magistratura para cubrir cargos en Juzgados y Cámaras. Son algunos de los muchos temas que desarrolla en 25 páginas la doctora Mizawak. En particular, se detiene sobre las acciones y cambios en los tres fueros centrales de la Justicia, donde van a dirimirse todos los casos que incumben a los entrerrianos enredados en acciones judiciales.

Fuero Civil, Comercial, de Familia y Laboral

El informe asegura que el fuero asume en los últimos años una “creciente especificidad”, con “avance en el nivel orgánico estructural”. El STJ ha avanzado en dotar de Juzgados de Familia en todas las jurisdicciones.

  • Se designaron ocho jueces titulares en varias localidades y se avanza en el plan de implementar los procesos orales durante 2017;
  • Actualmente el Fuero Civil, Comercial y de Familia tiene 7 Cámaras de Apelaciones, 18 Juzgados de Familia, 24 juzgados en lo Civil y Comercial y 18 en lo Civil, Comercial y Laboral; con 81 jueces en total. Se agregan 52 Juzgados de Paz y otros cinco Juzgados de Paz en proceso de implementación en Ceibas, Ubajay, Oro Verde, Libertador San Martín y Alcaraz.
  • En el Fuero Laboral, se envió a la Legislatura en 2016 un anteproyecto de Código Procesal Laboral para Entre Ríos.

Fuero Penal

Sigue desarrollándose el sistema acusatorio adversarial, que redujo en más de un tercio los tiempos de desarrollo de los juicios.

  • La Cámara de Casación Penal, creada en 2015, tuvo 760 causas desde su puesta en marcha, resolviendo 660 hasta el presente. “Se trabaja para acelerar el tiempo de resolución de las causas” de los actuales 10 meses a 4 meses, indica el informe;
  • En Mediación Penal, el Ministerio Público Fiscal envió 4.388 legajos por delitos de baja gravedad (amenazas, lesiones, hurtos, entre otros), de los cuales el 42% se resolvió por acuerdo entre partes y el 58% siguió bajo investigación penal;
  • En 2016 se otorgaron 1.635 probation y 474 condenas de ejecución condicional;
  • “Es urgente contar con una nueva unidad penal, para lo cual se deberá encarar el proceso respectivo de localización y ejecución de obra”.

Fuero Contencioso Administrativo

Se inició como fuero específico a partir de la reforma constitucional de 2008, recuerda Mizawak. En ese fuero pueden accionar los particulares que se sientan afectados por decisiones de la Administración Pública. Actualmente, los procesos duran “aproximadamente dos años y medio en primera instancia, presentando una baja tasa recursiva”, aunque el informe destaca que el desarrollo del fuero “favoreció claramente la celeridad de los procesos”. Agrega el informe que se esperan cambios importantes en el fuero, “asociados a la reciente incorporación de la competencia para conocer en las apelaciones contra resoluciones dictadas por órganos administrativos en materia contravencional de tránsito”.

A modo de conclusión

Cuando se observan los datos estadísticos, el Poder Judicial de Entre Ríos aparece como un organismo del Estado con buena infraestructura (que siempre se puede mejorar), con institutos que se crean y desarrollan y capacitaciones que se encaran, para afrontar los crecientes desafíos de una sociedad que no cesa de ser día a día más conflictiva. Y con una clara vocación de llegar a tiempo a la sociedad, lo que a menudo se logra.

Pero los juicios políticos, el caso Micaela, la venta ilegal de armas secuestradas y un runrún periodístico y político en torno a las relaciones entre la política y la cabeza de la Justicia entrerriana, son ejemplos de un mar de fondo de esos que pueden socavar los cimientos más sólidos si no se los enfrenta a tiempo.

 

 

Infraestructura judicial

 

Carácter                               Cantidad      Porcentaje

Edificios propios                             17                   17%

Centros cívicos                              15                   15%

Comodatos                                   12                   12%

Edificios alquilados                        59                   57%

Total                                           103

 

Obras nuevas                                                                   Costo total   Inversión actual

Juzgados de Paz Gral. Campos y Oro Verde                          6,8 millones      2 millones

Tercer piso Tribunales de Paraná                                          76,2 millones    30,1 millones

Laboratorio Anatomopatología Oro Verde                               3,7 millones      1,1 millones

Reparaciones y mantenimiento Juzgados de Paz                                             2,4 millones

Obras generales en juzgados                                                                         15,4 millones

Obras de accesibilidad en juzgados                                                                 5,8 millones

Espacios para lactancia                                                                                   s/d

 

Fuente: Documento Institucional Año Judicial 2017

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