Un proyecto de Ley ingresado bajo el Nº 22179 en la Cámara de Diputados de Entre Ríos propone que las justas de Gobierno sean partícipes de la distribución del Fondo Federal Solidario, que actualmente se divide en un 70 por ciento para el Estado provincial y un 30 por ciento para los municipios.

La iniciativa, impulsada por el diputado radical Jorge Monge, propone que el 10 por ciento de los recursos correspondientes a la provincia sea distribuido entre las juntas de Gobierno, sin perjuicio de los fondos que deben coparticiparse a los municipios.

Cabe recordar que, en marzo del año 2009, el Poder Ejecutivo nacional creó un fondo de compensación a las provincias (Fondo Federal Solidario) por el que se distribuye el 30 por ciento de las retenciones a las exportaciones de soja.

Si bien las provincias que adhirieran al decreto debían establecer su propio régimen de distribución de estos fondos a los municipios, el decreto del PEN estableció un mínimo del 30 por ciento. Lo que hizo la Provincia fue ni más ni menos que cumplir con lo mínimo: un 30 por ciento a los municipios y dejar el 70 restante en las arcas provinciales, “no destinándose nada de manera regular a las juntas de Gobierno toda vez que es en la enorme mayoría de ellas donde se siembra la oleaginosa que genera este fondo y a su vez sufren los inconvenientes de esa actividad (fumigación, pérdida de monte nativo, etc.), injusta situación que se potencia al considerarse que hay municipios que no cuentan con estos cultivos en sus ejidos y no obstante reciben cuantiosos fondos”, reclamó Monge.

Por eso, en el articulado se prevé que ese 10 por ciento se distribuirá de acuerdo a los siguientes criterios: el 20 por ciento en partes iguales y el 80 restante según el porcentaje de kilómetros de caminos secundarios y terciarios que exista en la jurisdicción de cada una de ellas.

La provincia deberá transferir esos recursos dentro de los 15 días posteriores al envío de fondos que realice el Estado nacional.

La normativa deja en claro que las juntas de Gobierno “solo podrán destinar los fondos percibidos (…) exclusivamente a la realización de obras de Infraestructuras sanitaria, educativa, de viviendas y vial (…) sin que ninguna circunstancia pueda autorizar su empleo en otros fines.

Además, al cierre de cada ejercicio deberán presentar anual una rendición especial respecto del destino de los recursos provenientes de estos fondos, ya que, en caso de no ser rendidos en forma correcta se suspenderán la entrega de los mismos hasta que se normalice la rendición.

De aprobarse este proyecto, unos 100 millones –según la recaudación de 2016- de pesos deberían distribuirse entre las juntas de Gobierno de la provincia.

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