Crespo.- El interventor del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOYEM) de Crespo, Juan Feltes, señaló que no hay avances en la situación legal del gremio local, cuya intervención fue dispuesta el año pasado por el Ministerio de Trabajo de la Nación, ante diversas irregularidades en su administración.

Una firma que falta

En diálogo con Paralelo 32, Feltes reconoció que todavía se espera que salga del ministerio la norma que legaliza la intervención. Mientras no se resuelva esa situación permanecerán inmovilizados los fondos que retiene la Municipalidad para encarar el pago a los acreedores; también queda trabado el proceso de renovación de autoridades. “Está trabado todo: el pago a los comercios acreedores, a pesar que la Municipalidad mantiene retenido el dinero en una cuenta especial; la normalización del sindicato y la investigación formal de responsabilidades”, comentó.

Falta la firma del responsable de la Dirección de Asociaciones Sindicales para destrabar el expediente y proceder al inicio formal y legal de la normalización del Sindicato Municipal de Crespo, según el dirigente nombrado por la Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la Argentina (COEMA) a solicitud del Ministerio de Trabajo.

Atraso

Consultado por las causas del atraso en firmar el expediente, Feltes dijo: “No entiendo por qué se trabó, hay casos más complejos que fueron normalizados rápidamente. Es el caso del sindicato municipal de Corrientes, que se resolvió antes aunque el expediente había entrado al ministerio después que Crespo”. El entrevistado descartó algún tipo de ‘interferencias’ ya sea desde el gobierno local, desde la Provincia o del sindicato a nivel nacional. “Hubo situaciones mucho más complejas, con más dinero en juego o más intereses políticos dando vueltas,  pero finalmente se resolvieron”, dijo Feltes, citando el caso de la intervención en el sindicato municipal de Paraná, que hace algunos años había generado graves enfrentamientos políticos y gremiales.

Una vez que tengan el decreto firmado y la normalización en marcha, los interventores oficiales, Feltes y Raúl Rivas, van a poder trabajar en lo que deben resolver: ordenar todas las cuentas y la documentación, acordar con los acreedores y resolver los pagos pendientes por más de un millón de pesos a comerciantes. Después se hará el llamado a asamblea y elecciones para entregar el sindicato a la conducción que surja por voluntad de los afiliados. La entrega debe realizarse con las cuentas saneadas y la situación legal normalizada. Pero mientras no aparezca la firma del funcionario de Trabajo que falta, el proceso sigue trabado.

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