Varios debates se deben los legisladores de cara a la sociedad, para mejorar el entramado institucional entrerriano. Ley de Comunas para dar el marco legal de gobierno local a un cuarto de la población; fiscalía anticorrupción para empezar en serio a terminar con los ventajeros dentro y fuera del Estado; nombramiento del Defensor del Pueblo, cargo creado y trabado desde hace siete años por mezquindades políticas, son algunos temas que están aún en veremos. Por otro lado, de la agenda parlamentaria del año pasado quedaron pendientes varias normas para regular actividades económicas y sociales de gran interés para todos los habitantes de esta provincia.

Temas institucionales

Punto por punto, este es el estado actual de algunas leyes y decisiones pendientes:

  • Defensor del Pueblo. Paralizado. Está previsto en el artículo 215 de la Constitución de 2008. Fue reglamentado por Ley Nº 9331 y quedó paralizado por las internas del justicialismo entre 2010 y 2011, con la disputa de hegemonía partidaria entre bustistas y urribarristas. Ganó Urribarri. Pero no tuvo apuro en nombrar al funcionario para este puesto, que sigue vacante y sin funcionar. En abril de 2016, desde el Concejo Deliberante de Colón el bloque de Cambiemos propuso un proyecto de resolución solicitando el cumplimiento de la ley provincial sobre la Defensoría. Nada se avanzó más allá de esta muestra de interés en el tema desde un municipio del interior. Sólo Paraná cuenta con una Defensoría del Pueblo en pleno funcionamiento desde 2003.
  • Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público. Pendiente. Surge del artículo 208 de la Constitución entrerriana. No existe aún. El año pasado, el radical Jorge Monge (Cambiemos–Diamante) presentó con el apoyo de su bloque un proyecto de ley de creación del cargo de Fiscal Autónomo contra Delitos de Corrupción Administrativa, que será designado por el Poder Ejecutivo con Acuerdo del Senado, mediante concurso ante el Consejo de la Magistratura. El proyecto pasó a estudio.
  • Tribunal de Cuentas. En proceso de normalización. Tiene un capítulo aparte en la Constitución provincial. Contra la letra y el espíritu de la norma constitucional, cuando era gobernador, Urribarri nombró a un ministro de su gobierno, Guillermo Smaldone, para auditarle las cuentas. Tampoco se nombraron los representantes de la oposición. El abogado y dirigente radical, Juan Arralde, realizó un planteo que debe resolver el Superior Tribunal de Justicia. Smaldone renunció el año pasado y desde octubre se inició un proceso de llamado a concurso para el Tribunal de Cuentas. La presidencia es ejercida provisoriamente por Federico Tomas, anterior secretario letrado adjunto del organismo. El jurado que examinará a los postulantes estará integrado por profesionales, académicos y asociaciones civiles. El gobernador Gustavo Bordet instruyó al presidente del Consejo de la Magistratura, Martín Uranga, a iniciar el proceso de llamado a concurso para cubrir las vacantes. Es un tema en desarrollo y se espera que el organismo de contralor sea normalizado este año.
  • Ley de Ética Pública. Pendiente. En julio de 2016, Diputados dio media sanción a la ley de ética en la función pública. La norma debe regular las pautas de comportamiento de los funcionarios, las incompatibilidades y lo relativo a las declaraciones juradas. La oposición de Cambiemos en Diputados votó el año pasado en disidencia lo relativo al organismo de aplicación, que será el Organismo de Ética Pública; su titular será un abogado que propondrá el gobernador y necesitará acuerdo del Senado, con un mandato que dura cuatro años y posibilidad de una reelección. Los diputados de Cambiemos no votaron esta parte del proyecto porque pretendían que el titular del organismo fuese designado por la oposición legislativa. El texto pasó al Senado, que tiene un proyecto previo con media sanción desde 2010, que no pudo seguir adelante en la Cámara Baja.
  • Ley de comunas. Pendiente. En abril de 2015, se dio media sanción a una norma en la Cámara alta, que no siguió debatiéndose. El gobierno provincial prepara un proyecto de ley orgánica de comunas que se pueda cumplir sin sofocones financieros para la Provincia, principal razón para la tardanza en resolver el tema. Si se decide crear oficialmente las más de 160 comunas, deberán tener el aporte financiero de la Provincia que hoy tienen por derecho las municipalidades. Otra ventanilla de atención de necesidades para un Estado provincial al que no le sobran los recursos.

Temas sociales y económicos

También las  leyes rigen la vida y la economía de las personas y las instituciones. En estos temas también hay materias pendientes, y en varios casos los intereses contrapuestos van a obligar a los legisladores a tomar partido.

  • Agroquímicos. Pendiente. Sigue la discusión en la Legislatura. Desde las asociaciones ambientales promueven una ley que cuide la salud y el ambiente, con fuertes restricciones y prohibiciones al uso de agroquímicos que hacen inviable la producción en la escala que la conocemos hoy. Sectores vinculados a la producción buscan imponer un “uso regulado” pero no restrictivo en el campo. A fines del año pasado, se realizó una audiencia en el Senado para escuchar a las partes. Por ahora, es difícil lograr un punto de equilibrio.
  • Fracking. Pendiente. A fines del año pasado, el Senado aprobó el texto que prohíbe en la provincia la explotación de hidrocarburos no convencionales, con uso de la técnica de fractura hidráulica que tiene gran oposición de ambientalistas. El texto de la Cámara Alta modificó el que había aprobado Diputados como cámara de origen, donde había una contradicción entre dos artículos, el 1º que prohibía la fractura hidráulica, y el 2º que daba pie para su implementación. La iniciativa volvió a Diputados, que deberá decidir si apoya los cambios o insiste con su proyecto original.
  • Plan Maderero Entrerriano. Pendiente. También aquí hay intereses confrontando. Están quienes promueven la protección del ambiente, y se oponen a la derogación de la ley de la Madera que prohíbe la exportación de rollizos a Uruguay (se impuso en su momento durante el conflicto con la pastera de Fray Bentos).En tanto, el sector forestal con el apoyo del propio gobierno, busca ampliar los beneficios económicos eliminando esa prohibición. Hubo varias reuniones en el Senado el año pasado y el proyecto sigue estudiándose en comisión.

Promesa

El gobernador Gustavo Bordet prometió dar transparencia a su gestión. Esta nota repasó parte de un extenso listado de temas sensibles y estratégicos para la calidad institucional y la calidad de vida de los entrerrianos. Son cuestiones de fondo que pondrán a prueba la promesa del primer mandatario.

Amicus curiae

El año pasado se trató y se aprobó la creación en el ámbito de la Justicia provincial, del instituto del ‘amicus curiae’ (amigo del tribunal). Se trata de que los “amicus curiae” son presentaciones que pueden realizar terceros ajenos a una disputa judicial, pero que tienen un justificado interés en la resolución final del litigio (por ejemplo, expertos en un tema que exponen su punto de vista), para expresar sus opiniones en torno a la materia.

Esta figura no regía en la provincia hasta la fecha, pero se aprobó el 8 de noviembre del año pasado cuando la Cámara Baja sancionó un proyecto de ley presentado en 2012. Bajo el número 10.464, se promulgó y publicó la nueva ley en el Boletín Oficial del 2 de enero de 2017.

La ley establece las condiciones que debe cumplir una presentación y crea el Registro Público de Amigos del Tribunal, que deberá incluir personas humanas o jurídicas con interés en intervenir como Amigos del Tribunal.

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