Victoria.- La implementación en la provincia de la Ley de Narcomenudeo tiene en principio  dos aspectos básicos, por un lado toda la tarea que llevarán a cabo las fuerzas policiales, que nuestro Semanario publicó en la edición anterior, y por otro la labor de la justicia.

Los fiscales Eduardo Guaita y Gamal Taleb han sido designados por autoridades judiciales como los responsables para atender todas las acciones encuadradas en la mencionada legislación.

El primero de los mencionados explicó que están en la etapa preparatoria porque este tema era potestad de la Justicia Federal, ahora se encargan los juzgados provinciales. En principio destacó la buena formación del personal policial y consideró que a medida que se vaya avanzando se van a ver resultados positivos. “En ciudades chicas como la nuestra, la policía tiene información sobre lugares donde se vendía estupefacientes y no se podía actuar en forma urgente porque se derivaban las actuaciones a la Justicia Federal”. Agregó que esta es más lenta, con menos presencia en el interior, además son muy exigentes con relación a las  evidencias para llevar a cabo la medida principal de este delito, que es el allanamiento de la morada, en busca de drogas. Esto se denomina comúnmente “estado de sospecha”. Además la justicia Federal apunta a la comercialización a gran escala. Actualmente la ley de narcomenudeo se orienta a combatir al minorista, tiene elementos prácticos, y con menos exigencias se pueden llevar a cabo los allanamientos.

Para Taleb no hay puntos en la legislación que presenten dificultades para interpretar, porque está perfectamente tipificado que abordarán los casos de los distribuidores menores que fraccionan para vender. Los casos donde se encuentre vendedores en escalas mayores son abordados por los juzgados federales.

Cuando se producen casos concretos la policía realiza varias tareas de averiguación, observación y recurren a  medios tecnológicos. Posteriormente, cuando se tienen los resultados de estos procedimientos y se llega a la conclusión de que se está vendiendo droga, la justicia autoriza él o los allanamientos y las requisas personales. A partir de ese momento se siguen una serie de instancias procesales que contempla la legislación. En principio se debe comprobar que la sustancia incautada es estupefaciente y se procede a la destrucción inmediata, resguardando algunas muestras para futuras pericias en caso que sea necesario. Se recurre a las prisiones preventivas en caso que corresponda, en función de la continuidad de la investigación.

La idea es remitir en forma urgente esa causa a juicio. Por su parte Guaita explicó que el procedimiento no se diferencia de los corrientes; cuando se colectan las pruebas se derivan  al Juez de Garantías, quien es el que evalúa las mismas y determina si eleva o no la causa a juicio. Además es el único que puede dictar la orden de allanamiento, al igual que las prisiones preventivas. Los casos que van a juicio –en jurisdicción Victoria- se tramitan en la Cámara del Crimen de Gualeguay.

Estructuras

La ley inicial tenía un artículo que contemplaba la  creación de fiscalías especializadas con personal a cargo con un determinado presupuesto, pero esto fue eliminado del texto de la norma, aunque se incorporó un mayor presupuesto a la policía que se afectara al área Toxicología.

Por otra parte, a diferencia de la Justicia Federal (hay solo 2 juzgados en E Ríos, uno en Paraná y otro en C. del Uruguay), hay una presencia de la justicia entrerriana en todo el territorio provincial y en pleno funcionamiento.

Agregar casos de narcomenudeo ¿puede saturar las fiscalías?. Al respecto, tanto Taleb como Guaita sostuvieron que el trabajo se incrementará con la vigencia de la nueva legislación y puede llegar a saturar, sobre todo en los primeros 6 meses. Esperan que se puedan cumplir con todas las causas como hasta ahora.

Efectos 

Para Taleb la puesta en vigor de esta norma va a mejorar o morigerar la actividad de venta de drogas pero no se puede asegurar que esto resolverá el problema del consumo de estupefacientes o que baje el nivel de adictos. En nuestra ciudad y en el mundo, el consumo de estos productos sigue creciendo y se relaciona a problemas sociales, culturales, de educación, que tienen que ser abordados con las políticas de Estado. “El derecho penal tiene poco para decir en estos casos. Tiene como destinatarios a personas que lucran en una comunidad con la venta de drogas, a partir de ahora tienen otra nueva  barrera que impone la ley y pueden ser pasibles de una condena penal, y esto es importante”.

Para Guaita, queda  un sector que lo hace en forma mayorista donde los juzgados provinciales no tienen competencia. En relación a estos temas, desde la fiscalía elevarán la información sobre estos distribuidores  con todos los datos necesarios  a la justicia federal, para que ésta actúe, aunque sostuvo que sería importante que lo hagan siempre con la mayor celeridad.

Riesgos

También Paralelo 32 consultó a los fiscales con respecto a las declaraciones del diputado provincial de Santa Fe y periodista Carlos Del Frade (*) –que tuvo mucha repercusión – quien sostuvo que la ley de narcomenudeo favorece el narcotráfico y representara una de las “cajas” de recaudación de las policías provinciales. Al respecto Guaita sostuvo que por lo que se conoce y especialmente por  los niveles de actuación, la policía de la provincia tiene que ser una de las más sanas del país, igualmente que en Victoria. “Esperemos que esto no ocurra, además en nuestra ciudad hay conocimiento con respecto a los domicilios donde se comercializan estupefacientes a los que muchas veces no llegaba la justicia federal”.

También Taleb agregó que lo que se intenta es evitar que se instalen los clásicos “carteles” que son comunes en Paraná, Rosario o Santa Fe, donde las bandas compiten por espacios para la venta de drogas que se refleja en fenómenos de violencia y adquisición de armas. Agregó que tampoco se puede  desconocer la capacidad económica de narcotráfico para corromper distintos estamentos de la sociedad.

Aclararon además que la tenencia para consumo personal no está contemplada en la ley, inclusive hay fallos de la Corte Suprema de Justicia que sostienen  que es una cuestión que forma parte de la intimidad de las personas.

 

 

(*) Carlos Del Frade es periodista, escritor, político, de origen rosarino, investigador del narcotráfico, autor de libros como ‘La ciudad blanca’, ‘Crónica negra’, ‘Historia política del narcotráfico en el gran Rosario’.

Dejar respuesta