Hace unas semanas, Claudio Izaguirre, titular de la Asociación Antidrogas de la República Argentina (AARA), dio a conocer la alarmante cifra de que hay en el país aproximadamente 2,5 millones de personas adictas a todo tipo de drogas. De esta manera, nos comunicamos telefónicamente con él para conocer su opinión en esta materia.

“Lo alarmante no es la cifra, lo alarmante es lo que pasó antes de la cifra. O sea, son doce años sin campañas preventivas sostenidas en el tiempo en medios nacionales de comunicación. Lo alarmante es la falta de trabajo de prevención de drogas en la escuela”, señaló Izaguirre. A su vez, agregó: “Si los maestros hubieran puesto el mismo énfasis con el que trabajaron el caso de Santiago Maldonado en esto, seguramente la cifra sería mucho menor”.

Seguidamente, el titular de la AARA sostuvo que durante esos doce años que él considera de inacción en materia anti droga, se permitió, además, el ingreso de los grandes carteles al país. “De seis carteles que ingresaron, dos se dedicaron a la producción, dos a la exportación y dos se dedicaron a la comercialización dentro del territorio nacional. Los inconvenientes que tenemos tienen que ver con los permisos que el narcotráfico tuvo para ingresar a la República Argentina”, dijo. “En la provincia de Entre Ríos se utilizaban las rutas fluviales con aviones anfibios para meter la droga en la República”, indicó.

Ley de salud mental

Asimismo, se refirió a la Ley de salud mental y dijo que “hay muchos Pity Álvarez caminando en el país”, ya que ésta impide la internación compulsiva de droga-dependientes porque la considera secuestro. “La Ley considera como secuestrador al médico tratante, por lo tanto, un médico ve a un adicto y sale corriendo”.

Por otro lado, enfatizó: “Un dato interesante es que cuando un psiquiatra aborda a una persona que está en su domicilio con una cuchilla en la mano, le hace dos preguntas; primero, cómo se llama; segundo, qué día es hoy. Si responde esas dos preguntas, esa persona no debe ser internada según la Ley, por lo tanto, lo deja en la casa con un besito en la frente y la cuchilla en la mano”.

Seguidamente, opinó que la Ley de salud mental abandona al adicto y lo convierte en un delincuente. “La Ley de salud mental criminaliza al adicto”, arrojó. “Lo convierte en un delincuente, lo convierte en un homicida o lo convierte en un suicida”, sentenció.

¿Cuáles serían los caminos a seguir ante este tipo de casos y cuáles son las políticas correctas según su visión?

—En principio la derogación del artículo cuatro de la Ley de salud mental o la reglamentación del artículo sería otro camino que puede tomar adelante el ministro de salud, que por ahora tiene algún problema en las manos porque no agarra la lapicera para actuar en consecuencia y en forma inmediata. El artículo cuatro es donde se inicia todo el camino hacia las responsabilidades que el Estado debe tener en cuanto a las personas con problemas de adicción. Anulando el artículo cuatro o reglamentándolo, esta bestialidad de abandonar al adicto dejaría de existir. Antiguamente estaba el artículo 482 del código civil que decía que cuando la persona era peligrosa para sí o para terceros debía ser internada en forma inmediata con el pedido de un familiar”.

En la continuidad del diálogo, Izaguirre remarcó que en el país no se ha invertido en prevención. “(…) de hecho, los espacios de asistencia están en Capital Federal o Gran Buenos Aires y el resto del país está absolutamente despajado de esto”, comentó. Y a este respecto, concluyó: “O sea que ha habido una política de fomentar el consumo de drogas, de abrir espacios de venta de drogas y de no atender al adicto para que sea parte del negocio hasta que finalice su vida”.

Como dato, el titular de la AARA dijo que se invierten en el país cien millones de pesos anuales en este tema, pero que deberían invertirse quinientos millones de pesos anuales para la atención del adicto en crisis. “¿Cuánto vale una vida? El setenta por ciento de las personas que están en la cárcel tienen una adicción, producto de no haber sido atendido en tiempo y forma por una Ley que, lamentablemente, condena al adicto a la criminalización. Si queremos cambiar esto sería bueno que no se manden al congreso nacional proyectos que despenalicen la tenencia, porque esto aumentaría globalmente la cuestión”, finalizó.

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