Se ratificó la responsabilidad en los hechos de las personas que ya están detenidas y se implicó, entre otros, a los senadores nacionales justicialistas Pedro Guastavino y Sigrid Kunath

Entre Ríos.- El Ministerio Público Fiscal emitió una resolución en la cual describió cómo funcionó, desde 2008 hasta septiembre de este año, el mecanismo de desvío de fondos de ambas cámaras legislativas, a través de “contratos truchos”.

Se ratificó la responsabilidad en los hechos de las personas que ya están detenidas y se implicó, entre otros, a los senadores nacionales justicialistas Pedro Guastavino y Sigrid Kunath y a autoridades de las cámaras durante los distintos períodos, entre ellos a Juan Pablo Aguilera, Juan Domingo Orabona, Gustavo Pérez y Sergio Cardoso.

Todos deberán presentarse y designar abogados defensores. Los fiscales calculan que, durante los 10 años en los que se desplegaron las maniobras, con este mecanismo se sustrajeron al menos 1.235 millones de pesos.

En una resolución emitida el miércoles de esta semana, el Ministerio Público Fiscal reformuló los hechos investigados a raíz de las irregularidades detectadas en contratos de obra suscriptos en ambas cámaras legislativas en los últimos 10 años y describió el mecanismo instrumentado para la defraudación.

La justicia incluyó en su informe un listado de nombres de personas que participaron de la organización que saqueó durante años al Estado, desde las cámaras de diputados y senadores, a través de los contratos que se les otorga para contrataciones.

El mecanismo descripto incluye “la realización de contrataciones de obra en nombre de ambas cámaras, con personas que no realizaban ninguna prestación a favor del Estado, y percibían una ínfima parte de los honorarios pactados, quedando el resto de ellos en poder de la organización”.

Según los fiscales, la actividad comenzó en el ámbito del Senado en enero de 2008 con unos 100 contratos aproximadamente, por un promedio de 4.500 pesos cada uno. El esquema continuó hasta la fecha en que los hechos salieron a la luz, el 20 de septiembre pasado, “con un constante ascenso del número y monto de las contrataciones, hasta alcanzar la suma de 50.000 pesos” por contrato.

En la Cámara de Diputados, en tanto, “la sustracción se habría iniciado luego del 11 de diciembre de 2011”, con contratos de 5.000 pesos cuyos montos se fueron incrementado también hasta 50.000 pesos. El titular o destinatario de esos contratos es alguien a quien se le paga el monotributo y alguna pequeña suma adicional.

“Entre ambas cámaras se llegaron a suscribir contratos de obra con, al menos, 350 personas. Los contratos eran firmados, en general, sin que los contratistas conocieran al funcionario legislativo que lo suscribiría en nombre del Estado y en el domicilio particular o comercial de Flavia Beckman y Hugo Mena”, se precisó desde el MPF.

Para los fiscales, “esta sustracción contó con el aporte de autoridades, aún no identificadas, de las Cámaras de Diputados y Senadores de la provincia, quienes suscribieron los respectivos vínculos contractuales sin conocer a los contratistas, sin asignarles función alguna, y a sabiendas de que el monto de la contratación era sustraído del patrimonio del Estado”.

Esta detracción de fondos públicos fue ejecutada a través de los responsables de los Servicios Administrativos Contables de ambas cámaras, señalaron los fiscales.

En un extenso informe, el Ministerio Fiscal explicó los mecanismos y también nombró a los principales responsables de distintas tareas, sin incluir todavía a diputados y senadores, y los presidentes de cámaras, cuya responsabilidad todavía debe ser probada.

Cita lugares desde donde se operaba y señala que en esos sitios, los sindicados repartían los valores para su cobro, el que se efectivizaba en distintas sucursales del Nuevo Banco de Entre Ríos. “Luego de percibidas las respectivas (los monotributistas) sumas de dinero en el banco, éstas eran entregadas” a las personas sindicadas (los recaudadores), quienes “aguardaban en los referidos puntos de entrega y les pagaban a los cobradores alrededor de 200 pesos a cambio de la percepción de cada cheque”.

En la resolución se mencionó que en 2017 se bancarizaron algunos de los contratos referidos, especialmente los del Senado, a través de la apertura de cuentas sueldo a los contratados, quienes recibieron las correspondientes tarjetas de débito.

Los plásticos, “pese a ser un instrumento personal, eran retenidos por Beckman, Mena y otras personas de la asociación, previa entrega por parte de sus titulares, para efectuar directamente el cobro de los honorarios en sucursales de diversos puntos del país”.

Posteriormente, el dinero resultante era entregado a Pérez, Cardoso, Bilbao y Alejandro Almada, cuñado de Juan Pablo Aguilera, quien a su vez es cuñado de Sergio Urribarri. “Bilbao era quien recibía las rendiciones de cuenta de la recaudación que realizaba todo el grupo, previa deducción de gastos de pagos de impuestos de los contratados y de comisiones. Finalmente, Bilbao se encargaba de entregar el neto del producido, o un porcentaje de éste, hasta diciembre de 2011, a Juan Domingo Orabona, y con posterioridad a Juan Pablo Aguilera”, que era quien repartía hacia arriba, marcaron los fiscales.
Un estudio contable (Opromolla, Falco, Krapp y Faure) se ocupaba de gestionar la situación impositiva de los contratos.

Los fiscales pudieron determinar que los pagos se efectuaban a través de la terminal Nº 3.472, correspondiente a la sucursal Nº 3.469 de Entre Ríos Servicios, emplazada en el propio Estudio Integral Asesoría de los tres primeros contadores mencionados. Quienes se ocupaban de retirar el dinero de los bancos tenían como premio que se les pagaba el Monotributo, de lo que se ocupaba el estudio, más algunos pesos adicionales.

Por último, los fiscales indicaron que Flavia Marcela Beckman, María Victoria Álvarez, Alfredo Bilbao, Roberto Ariel Faure, María Jazmín Mena Gioveni, Viviana Giselle Mena Gioveni, Jorge Pablo Balladares, María Macarena Álvarez, Fernando Gastón Sarnaglia, Esteban Ángel Alberto Scialocomo, Alejandro Rubén Ferreyra, Renato Jesús Mansilla y Hugo Rubén Mena “eran remunerados también a través de contratos transitorios con el Senado de la Nación, en concreto, mediante contratos dados por los senadores Pedro Guastavino y Sigrid Kunath”.

“Se ha estimado de manera provisoria que el monto sustraído al patrimonio estatal superaría, a valores actualizados, los 1.235 millones de pesos”, concluyeron los fiscales, al tiempo que convocaron a “designar abogado defensor a quienes aún no han comparecido a tales efectos”.

 

(Fuentes varias)

5 Comentarios

  1. Muy interesante todo, felicito a la justicia pero me pregunto, ¿esa misma justicia, cuantos años tardara en llegar al fondo del asunto, a las pricipales cabezas. 10/15 años como Menem o mas. Lamenrablemente ya no son creibles los sres y sras llamados Justicia

  2. Esperemos que los funcionarios que hoy están llevando adelante está investigación no sean de la misma calaña a la que hace referencia Jorge Daniel y lleven en un tiempo prudencial a los principales responsables ante la justicia y sean condenados

  3. Estimado LUIS JACOBI, en los años que lo conozco ,tal vez 30 siempre se ha destacado, me ha deleitado leer sus notas por su imparcialidad y saber escribir las verdades sin sensacionalismo alguno como hizo en la presente.Otros medios digitales lo han subido con la idea de hacer ruido minimizando semejante acto de barbarie y corrupción como UD lo destaca muy claramente.Lo he replicado en mi Faceboock pues la gente debe saber a quién votar en las próximas elecciones evitando señalar como candidato a cualquiera que se encuentre dentro de quienes han usado a gente humilde o desesperada por trabajo para simple y llanamente robar.Espero que su nota sea subida como se merece en todos los medios del País alentando a el cambio que queremos para una Argentina mejor y una Entre Ríos pujante.Quien utiliza su nota para minimizar ridiculizando una verdad no solo es un CHANCHO SINO UN BURRO.Gracias Luis y a seguir con esa calidad periodística que siempre lo distinguió.

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