La edad de la impunidad

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Durante muchos años y antes de que se modificara el Código de Procedimiento Penal, en todo lo referente a menores, estaba en vigencia la Ley de Contravenciones que permitía a la fuerza policial detener a un menor, llamar a los padres e iniciar un expediente a estos últimos. Esto ha sido derogado y la nueva norma en vigor prohíbe a la fuerza policial esa intervención. Ahora, ante cualquier conflicto o delito que involucre a estos, lo único que puede hacer el policía de calle es dar cuenta el Consejo Provincial del Niño el Adolescente y la Familia (COPNAF), para que se haga cargo, si puede, conforme a su limitada estructura.

El resguardo de los derechos de los menores es una responsabilidad indelegable del Estado, pero en una sociedad cada vez más violenta, la experiencia indica que la policía se ve en dificultades cuando tiene que abordar estos casos, porque se enfrenta a menores que, a sabiendas de su impunidad, de su condición de intocables a los que ni siquiera se los puede reprender, llegan en casos a asumir conductas agresivas y hasta a enfrentar a la fuerza. Esto ocurre mayormente con los que incumplen las normas de tránsito conduciendo motos, o a la salida de boliches bailables especialmente.

A esta altura de un fenómeno sociocultural cada vez más preocupante, la familia debería asumir mayores responsabilidades en cuanto a sus hijos concierne.

El tema es complejo porque en ese punto colisionan los derechos de los menores con la seguridad pública y problemas fácticos para controlar los desbordes. El fenómeno viene generando preocupación, lo cual es bueno, porque la preocupación conduce a la búsqueda de soluciones mientras que la indiferencia concede.

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