El presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Daniel Elías, se reunió con autoridades de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) para analizar el proceso de armonización que reclama el Gobierno nacional.

En el encuentro, Elías explicó la situación de la Caja de Jubilaciones provincial, que tiene un déficit anual de 4 mil millones de pesos; contrastó los beneficios previsionales provinciales con los nacionales; y respondió a inquietudes de jubilados sobre expedientes y el proceso de armonización que reclama el Gobierno nacional.

El sentido del panel fue aclarar de qué se habla cuando se enuncia armonización: hizo un recuento de cuando comenzó en 1999, rememoró que en 2003 Entre Ríos acordó recibir menos dinero de lo que le correspondía por compensación del déficit y se llegó al paquete de Leyes del año pasado, que, entre otras cosas, trajo, de nuevo, las armonizaciones.

Según el funcionario armonización sería la compensación financiera entre nación y provincia, para sanear el déficit de las cajas provinciales y poco tendría que ver con las edades y movilidad, sin embargo llamó a defender esos derechos, que podrían modificarse por Ley provincial, “si Nación toma una postura de estrangulamiento financiero”.

En ese marco, Ávalos afirmó a la agencia AIM que desde el sindicato están “alertas y movilizados, ante cualquier intento de sancionar normas que atenten contra los derechos de los trabajadores en la provincia”.

“Realizamos un fuerte seguimiento de los temas que ingresan el en Parlamento entrerriano, porque no estamos dispuestos a que aprueben un texto ‘entre gallos y media noche’ que vulnerará los derechos adquiridos de los trabajadores”, aseguró la referente.

Solidaridad de trabajadores a nivel nacional

En ese marco, Ávalos adelantó que ATE Entre Ríos participará el 14 de la movilización en La Pampa, para acompañar la lucha en esa provincia ante la situación del Estado provincial que enfrenta una demanda contra el Gobierno Nacional, ya que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) decidió aplicar una “multa” de 332 millones de pesos porque la provincia no bajó los montos de los haberes jubilatorios ni aplicó la “movilidad” que se dispuso a nivel nacional.

“Estas prácticas encienden la alarma en todo el territorio nacional, ya que el apriete es una estrategia de Nación para que se aprueben normas en las provincias contra los intereses de todos los trabajadores”.

 

 

(Fuente: Agencia AIM)

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