El Defensor del Pueblo de Paraná, Luis Garay, analizó el impacto de la eliminación de descuentos por menor consumo y el recorte de beneficios sociales en la tarifa del gas a partir del 1 de octubre.

“Cuando asume Aranguren se implementó un sistema de tarifa social nacional, al margen de las que aplica cada provincia, con una serie de requisitos para que la gente pudiera ser beneficiada”, recordó Garay.

En este punto detalló que el beneficio constaba en que las personas que consumían menos de determinada cantidad de gas, lo pagaban a valor de boca de pozo. “Pero este sistema duró muy poco y se comenzó a beneficiar sólo a aquellos usuarios que consumieran cada vez menos. Es decir que sólo se le reducía un porcentaje en la tarifa si ahorraba gas”, dijo.

Garay explicó que ambos sistemas fueron muy criticados desde las Defensorías, ya que planteaban exclusiones muy generales y poco claras: “Nosotros planteamos la necesidad de ponerle una cara a esos requisitos y analizar cada caso en particular”, indicó.

Recorte de beneficios

Ahora bien, y según la Resolución 14/2018 firmada por el secretario de Energía Javier Igaucel y publicada en el Boletín Oficial, a partir del mes que viene se eliminarán los descuentos por menor consumo y se recortarán los beneficios sociales. Esto le permitirá al Gobierno nacional reducir hasta $ 2.350 millones de los gastos energéticos previstos para el 2019. La diferencia deberá ser afrontada por los usuarios.

Al respecto, Garay advirtió que “cada vez son menos las personas que reciben algún tipo de ayuda del Estado, y esto tiene que ver con las señales que el Gobierno le quiere dar a los organismos internacionales como el FMI, y que refieren a políticas concretas de ajuste”.

“Estas son cosas que molestan y mucho, porque la verdadera discusión debe darse alrededor del precio del gas, y para que este deje de basarse en el dólar”, remarcó e insistió en que el valor del gas debería fijarse en pesos, ya que “los asalariados no cobran en dólares y nuestra moneda cada vez vale menos, producto de la devaluación”. Garay señaló que desde las Defensorías del Pueblo le pidieron al Gobierno nacional “que dé un giro en lo que respecta la política tarifaria, porque si el dólar no se frena, si se siguen sacando subsidios y si se siguen otorgando aumentos a las distribuidoras y al transporte, los usuarios no van a poder pagar la factura de gas”.

El Defensor del Pueblo insistió en que la mayor preocupación radica en que para septiembre de 2019 las boletas sean inalcanzables, ya que para entonces el Gobierno nacional habrá quitado el 100 por ciento de los subsidios y el usuario verá reflejado en las boletas un mayor consumo por la época invernal.

“No se puede separar la tarifa de gas de la realidad social que estamos atravesando. Es necesario que se den cuenta que el valor de las tarifas se trasladan a los costos, estos a las capacidades de las Pymes de generar trabajo y finalmente generan problemas sociales. No debemos poner números sobre la mesa, sino a las personas y a sus realidades. A la gente no le alcanza el dinero para pagar los servicios”, remató.

(Fuente: APFDigital)

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