Con la publicación en el Boletín Oficial, esta semana quedó promulgada la ley 10.603 mediante la cual se crea en órbita del Ministerio de Gobierno un fondo de recompensas destinado a retribuir con dinero a quienes, sin haber intervenido en la comisión de delitos, brinden al Ministerio Público Fiscal datos útiles para obtener la libertad de víctimas de delitos y preservar su integridad física o lograr la aprehensión de quienes hayan cometido determinados delitos.

La ley

La norma fue propuesta por el diputado Sergio Kneeteman (Cambiemos – Gualeguaychú), y tiene como objetivo facilitar la captura de quienes han cometido delitos tales como homicidio, lesiones agravadas por violencia de género, violación seguida de muerte, sustracción y retención de menores y secuestro extorsivo.

“El Poder Ejecutivo deberá́ incluir anualmente las partidas presupuestarias correspondientes para la atención del fondo en la ley de Presupuesto”, determina el texto legal, que señala como autoridad de aplicación al Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Justicia. Ambos organismos serán los responsables de fijar montos y ofrecer las recompensas, para lo cual deberá tenerse en cuenta la complejidad de los hechos y las dificultades que existan para su esclarecimiento.

Acelerar causas

Claudia Cusimano, de la Asociación Vidaer, que promovió la iniciativa, señaló en declaraciones periodísticas que “esto va a servir fundamentalmente para acelerar los tiempos. Dentro de la asociación tenemos una de las causas con un otorgamiento de recompensa, que es la de Roque Grinóvero, que en cualquier momento va a prescribir por el tiempo que lleva, dado que es un homicidio de 2003”.

Kneeteman destacó: “Lo que hace es que la provincia en su presupuesto tenga previsto un fondo para recompensa para quienes aporten datos sobre el paradero de un delincuente, obviamente que no tengan vinculación con el delito, para esclarecer más rápidamente delitos que hayan tenido que ver con la pérdida de vidas. La provincia no contaba con un fondo propio para otorgar recompensas, con lo cual hubo casos en los en que la Secretaría de Justicia tenía que pedir fondos al Estado nacional. Esta ley facilita, va a permitir agilizar la investigación de casos. Es un recurso que va a estar en manos del Ministerio Público Fiscal que va a poder echar mano a un monto de dinero a quienes puedan ayudar”.

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