El Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay fijó fecha para el juicio por abuso y corrupción de menores contra el cura payador Marcelino Moya: será del 25 al 28 de febrero del próximo año.

Del juicio tomarán parte por el Ministerio Público Fiscal, Nadia Benedetti, de la Unidad Fiscal de Villaguay ; los abogados Florencio Montiel y Juan Cosso, por la querella; y el defensor del sacerdote José Ostolaza.

El proceso penal contra el ex párroco de Villaguay comenzó en junio de 2015, tras las denuncias de dos jóvenes, un estudiante de Derecho, y un médico, Pablo Huck, ambos oriundos de Villaguay, quienes se presentaron en Paraná ante el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull. El caso recaló en los Tribunales de Villaguay. Allí, la fiscal Nadia Benedetti dio por concluida la investigación penal preparatoria en mayo último e hizo el pedido de elevación a juicio, que resolvió el juez de Garantías a finales de junio.

A mediados de octubre la Cámara de Casación Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), había rechazado, por mayoría, un recurso presentado por los defensores del cura por la prescripción de los delitos.

Los hechos denunciados contra el cura Moya se remontan a la década del 90, en la parroquia de Villaguay, donde estuvo destinado. A poco de iniciar el proceso, los defensores del cura estuvieron ocupados en realizar planteos de prescripción de los delitos, como un modo de retrasar la discusión de fondo, tal como ocurrió con el juzgamiento al cura Justo José Ilarraz. Cabe señalar en este sentido que, tanto Ilarraz como Juan Diego Escobar Gaviria -este último no pudo retrasar el proceso porque los abusos denunciados habían sido recientes-, fueron condenados por la Justicia entrerriana a 25 años de prisión.

Moya carga con dos denuncias por abuso en la causa: una por promoción a la corrupción y otra por abuso sexual simple, ambas agravadas por su condición de miembro del clero. Desde finales de junio de 2015, cuando en Tribunales se comenzó a tramitar la causa penal por abusos, la Iglesia Católica lo suspendió a Moya en su función pastoral, y por eso mismo no puede oficiar misas en público. Esa vía, la de la prescripción, ya tuvo sentencias adversas en dos oportunidades en la causa Moya. La última, de un tribunal de alzada en Concepción del Uruguay. Pero a pesar de los antecedentes, los abogados defensores del cura insisten con el mismo criterio: pidieron en la Cámara de Casación Penal la prescripción de los delitos que se le imputan al sacerdote. Ahora habrá que esperar como máximo diez días hábiles, porque ese es el plazo que tienen los abogados del religioso para apelar la sentencia del jueves pasado.

 

(Fuente Análisis)

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